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Legalidad burguesa más violencia institucional igual a autoritarismo

Domingo 7 de junio de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 6 de junio de 2020

A la opinión pública
A los medios de comunicación

Los recientes hechos de violencia perpetrados por la policía contra la población en diferentes entidades del país so pretexto de evitar contagios por la pandemia, están amparados en la lógica del estado de derecho, sin embargo, éste fenómeno deriva en una serie de graves violaciones a los derechos humanos, signos puntuales de la paulatina implementación de medidas autoritarias contra el pueblo.

El discurso de no represión, respeto a los derechos humanos y gobernar para los pobres dista de corresponder con la realidad, dado que al observar las decisiones del Ejecutivo Federal y la Secretaria de Gobernación podemos constatar sus contradicciones, empero, son precisos en apegarse a su premisa nada al margen de la ley.

No hay duda que la ejecución extrajudicial de Giovani en el estado de Jalisco, la de un individuo en condición de calle en Tijuana Baja California, los desalojos violentos contra vendedores ambulantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los excesos de la policía contra una anciana en Querétaro, por mencionar algunos, son ejemplos de la actuación represiva de elementos policíacos contra el pueblo, con el pretexto de evitar contagios en las masas trabajadoras que alberga la tesis de mantener el estado derecho.

Esa brutalidad policíaca contra los sectores populares describe un fenómeno que lentamente disipa toda duda de la razón de su realización, el arribo gradual de un gobierno autoritario que a lo lejos se presenta como “amigo” del pueblo, pero de cerca indica la perpetuidad de algunas prácticas de regímenes pasados, como el del PRI y el PAN.

El rompecabezas de violencia institucional disperso en el país, indica que, tras el comportamiento policíaco contra las masas, esconde la venía que otorga el estado de derecho para violentar los derechos y libertades políticas del pueblo con el sofisma de proteger a la “ciudadanía”, la perversidad del fenómeno refleja el “esfuerzo” de las instancias oficiales por negar el carácter autoritario de sus medidas.

La crítica política de las masas movilizadas constituye la antítesis del discurso de políticos de oficio como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al aseverar que el papel de las policías es brindar paz y seguridad a la ciudadanía. En esa perspectiva es la norma ideal, pero los hechos revelan la materialización de la política represiva.

La militarización en la metrópoli fue notable en los nosocomios, la presencia de la Guardia Nacional y la policía para quitar y exhortar a comerciantes con el argumento de no romper con las normas de sanidad, ese proceder no le resta el carácter coercitivo, por ende, autoritario, para imponer con el pretexto de las medidas sanitarias.

El acto descarnado e inhumano que coloca ante la mirada de la opinión pública como del conjunto del movimiento popular la continuidad de la política represiva, fue el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en solidaridad a la exigencia de justicia de Giovani. Éste destrona rotundamente el discurso oficial, el hecho no fue el desacato de los policías, como consideró la Jefa de Gobierno, es la manifestación del papel de los hombres armados en un régimen que favorece la propiedad privada y el establecimiento al costo que sea, de la imposición del estado de derecho.

Es la materialización de la función del Estado burgués, mediante sus hombres armados y con la justificación de la legalidad son garantes de mantener el orden de cosas predispuesto por el capital. No hay disculpa o golpe de pecho válidos por los saldos arrojados de la manifestación ante la embajada norteamericana, cuando el pueblo atestigua que la Federación no garantiza los derechos humanos, mucho menos, de la capacidad para atender la exigencia de justicia de las víctimas.

Las imágenes de lo atroz de la bota policíaca sobre la humanidad de la joven supera por mucho el discurso de que la policía no está para reprimir al pueblo, las buenas intenciones no bastan cuando se transgreden con violencia el derecho a la vida de quienes ejercen su derecho a protestar.

El actuar de la policía no es fortuita, en cadena de mando pasa de los altos mandos hasta la jefatura de gobierno. La policía no desobedeció una orden, es su naturaleza someter el descontento popular, que los políticos de oficio intenten retractarse, buscan aminorar los costos políticos, ganarse simpatía de los sectores populares, pero no hay muestra de voluntad política para atender las exigencias de los sectores movilizados.

Si los políticos de oficio medianamente reconocen la letalidad de las fuerzas represoras es un acto hipócrita. El gobierno del estado de Jalisco y la titular de la jefatura de la Ciudad de México tienen en común la implementación de medidas autoritarias, causales de la violencia institucional y las graves violaciones a los derechos humanos.

En este contexto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró “(…) constitucional de agravante para quien prive de la vida o lesione a los cuerpos de seguridad ciudadana”, con el argumento falaz de que “(…) están en especial riesgo por las funciones que se les encargan a estas instituciones”. Esta determinación judicial es acorde con lo expresado la semana pasada por la secretaria de Gobernación, fortalecer el “(…) sistema de justicia”, en otros términos, significa el fortalecimiento del estado policíaco-militar y el estado de derecho burgués.

Esa medida constitucional es la respuesta a la acción de constitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero se aprueba ante el panorama en que la pandemia constituye en la justificación para la implementación de medidas coercitivas en diferentes entidades de la República.

Desde el punto de vista de la legalidad burguesa fortalecer la justicia es proporcionar mayor espacio al autoritarismo. Con la venia legaloide las policías están facultadas para defender los intereses imperialistas, por ello no fue casual su actitud ignominiosa ante la embajada norteamericana, que le costó la integridad física y psicológica de algunos manifestantes.

Nada escapa de la aprobación del estado de derecho burgués, cada acto policíaco tiene la venía de la legalidad, por tanto, todo hecho represivo está implicada la cadena de mando policíaca, porque no hay decisión que escape de ésta, en definitiva, la responsabilidad es de quienes presiden las instituciones gubernamentales y los responsables materiales.

Los pobres del campo y la ciudad tenemos ante nosotros diversos botones de muestra que prueban como el discurso oficial se aleja de la realidad, el respeto a los derechos humanos no es congruente, el dicho nada al margen de la ley, en los hechos se traduce en represión, de modo que al pueblo le asiste la razón para denunciar cada injusticia, exigir y luchar por nuestros derechos y libertades políticas.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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