Los presos políticos son producto de la iniquidad y violencia del régimen

Ciudad de México a 5 de junio de 2020

A la opinión pública
A los medios de comunicación

Las medidas legales implementadas por el gobierno federal son discriminatorias, ya que ignora rotundamente la existencia de presos políticos, intenta obviar que éstos son producto de la iniquidad y la violencia del régimen contra el pueblo, su expresión inhumana se manifiesta en la pobreza, la miseria y la represión, razones que empujan a los sectores populares a manifestarse.

Considerar al sector indígena como uno de los sujetos beneficiarios de la Ley de Amnistía implica usar con dolo su aspecto antropológico culturalista, porque desde las voces del régimen se idealiza al indígena para obviar su compleja situación socioeconómica e histórica con fines políticos, por su condición obvian las relaciones sociales de opresión y explotación que vive el pueblo.

Esa visión limitada y tergiversada del indígena, coloca una barrera antropológica y política con el resto de sectores populares, en especial contra quienes son presos por motivos políticos, porque a éstos en la retórica y en la práctica son anulados. Es necesario tener en cuenta, la violencia institucional objetivada mediante el uso de la fuerza policíaco militar por las decenas de testimonios de víctimas, no distingue grupo étnico, raza, credo, sexo, pero sí clases social.

A través de la legalidad se pretende medrar políticamente con la figura del indígena, pero en los hechos son víctimas de la violencia gubernamental. Basta escudriñar las exigencias de presos políticos en Chiapas de tseltales y tsotsiles que exigen su libertad, o bien, de otras agrupaciones étnicas que desfilan en las instancias oficiales pero que no son atendidas sus demandas, pero cuando éstas tocan los intereses empresariales es el propio estado de derecho el que irónicamente mandata su reclusión.

Hay razón cuando con descaro afirman algunos funcionarios que son los pobres, los jodidos quienes están en las cárceles, pero es un aserto hipócrita, porque no explica, mucho menos denuncia la esencia del fenómeno, la cual está en la violencia de clase que engendra el régimen neoliberal.

El campesino hablante o no de un idioma nativo al tomar la decisión de luchar por defender su derecho a la tierra y solidarizarse con las demandas políticas, se convierte en sujeto crítico dispuesto a defender sus derechos y libertades políticas, en esa circunstancia, no hay espacio para idealizar al indígena porque se considera uno más de la clase explotada y oprimida al cual hay que emanciparse.

La represión tiene doble racero, no diferencia de uno o de otro estamento social si la consigna es velar por los intereses del capital. La existencia de presos políticos no es resultado del influyentismo y la corrupción sino de una sociedad donde la legalidad está diseñada para favorecer el orden de cosas burgués.

Basta observar los acontecimientos originados por los habitantes de algunas comunidades donde se construirá el Tren Maya o en la tierra propiedad del oligarca Alfonso Romo; la legalidad otorga paliativos a los pueblos cuando es benéfico para ésta, empero, es opresiva si transgrede en su lógica, los planes empresariales.

El “influyentismo” y la corrupción son fenómenos políticos y sociales necesarios en toda sociedad capitalista, porque en ambos implica corromper moral y económicamente las relaciones sociológicas, lo que da paso a relaciones humanas trastocadas por el utilitarismo, el individualismo exacerbado, la indolencia para unos o para otros, esto explica por qué la “justicia burguesa” otorga el perdón a políticos de oficio con historial negro de corruptelas más no así, la libertad incondicional de los presos políticos o pobres del campo y la ciudad.

El ejemplo de las redes de corruptelas que reveló la administración actual prueba sobremanera que esa relación social es privativa en un régimen sustentado en los intereses privados, pero con esto no terminó la corrupción, dado que en los hechos se permite verbigracia a Manuel Velasco Coello ocupar un escaño en el Senado de la República o qué razones orilló al gobierno federal a guardar silencio por la violaciones a los derechos humanos cometido por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas contra nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz al ser objeto de desaparición forzada, tortura y reclusión ilegal.

Otro caso, es la represión contra los familiares de los normalistas de Ayotzinapa en Tuxtla Gutiérrez, la ejecución de un manifestante por la Guardia Nacional en el municipio de Bochil, cada suceso fue amparado con la legalidad, mediante la impunidad se protegió a los perpetradores, o el silencio del Ejecutivo Federal respecto a la resistencia del oligarca Ricardo Salinas Pliego y otros, rendir cuentas con el Fisco, eso es corrupción e influyentismo, pero la justicia para los presos políticos y los desaparecidos no hay indicios de tocar a la puerta de los hogares de sus familiares.

Colocar a la corrupción como el problema real al que se enfrentan los presos “pobres, los fregados” es una argumento metafísico y vacuo, es simular que se fortalece la impartición de justicia como expuso la representante de la Secretaria de Gobernación, porque el problema real es que en México se rige por la legalidad burguesa, ésta de origen es opresora y beneficia a ciertos sectores populares cuando para el régimen es redituable para sus fines corporativizantes.

La Ley de Amnistía Federal es otra medida que pretende ganar simpatía en las masas, pero no toca de fondo la problemática que alberga en los diversos casos de presos políticos, para la maraña legaloide tiene vertientes en los que emergen un dique tras otro que impiden lograr su libertad en apego al marco jurídico, este fenómeno es ilustrativo con el caso de nuestros compañeros recluidos en los CERRS 5 y 14 en Chiapas.

Si la intención es que salgan de prisión los inocentes, ¿Qué espera la titular de la Secretaria de Gobernación para mandatar a sus subalternos y ejerzan los medios legales y constitucionales para que otorguen la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros?

La nueva administración tiene ante sí la oportunidad de reivindicar sus decisiones en materia de justicia, porque en múltiples ocasiones sostiene que ésta es diferente a las anteriores, aunque, pareciera que la impunidad, la dilación o la consigna de mediatizar el descontento popular son política de gobierno que impiden resolver por la vía del diálogo las demandas del pueblo.

Los presos políticos son resultado de la criminalización contra el descontento popular, ya que, si se violan derechos humanos y se escamotea la justicia, así como el derecho a la verdad, al pueblo le asiste la razón para exigir mejores condiciones de vida. Si la represión persiste, la indignación y el repudio deben estar presentes con denuncias y acciones políticas de masas.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS