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Boletín de prensa. La presentación con vida de los detenidos desaparecidos es una necesidad imprescindible que no puede esperar a que pase la contingencia

Sábado 30 de mayo de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 30 de mayo de 2020

A la opinión pública
A los medios de comunicación

La exigencia de justicia por cada crimen cometido contra el pueblo no puede esperar a que pase la contingencia, es una necesidad imperiosa que debe figurar en orden prioritario de las autoridades gubernamentales, para ellos es más redituable continuar con la impunidad en aras de mantener en curso la ejecución del plan de desarrollo económico.

Es irónico que las víctimas de diversos flagelos sean tratados con la misma indolencia que distinguió a los gobiernos represivos del pasado, sobre todo de un gobierno que insiste en diferenciarse de lo que otras administraciones federales cometieron.

Un crimen de lesa humanidad es imprescriptible, por ello, se comete cada día que pasa sin dar a conocer el paradero de la víctima. El tiempo que tarde esta administración sin hacer lo necesario para la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, es el mismo que adquiere corresponsabilidad en su cometido y pasará a la historia como otro gobierno que extendió la impunidad.

Es el tiempo que tarda en extender la impunidad a los perpetradores, a aquellos elementos policíacos y militares responsables de objetivar desapariciones forzadas contra el pueblo organizado y no organizado. Grave violación a los derechos humanos que lesiona a la humanidad en su conjunto.

Hay una marcada distinción en el trato que reciben las víctimas de desaparición forzada, aquellos casos donde está probada la responsabilidad gubernamental son condenados al anonimato, son tratados con indolencia y omisión porque en ellos está consagrado el hilo conductor que une el cometido de un crimen tan atroz y las corporaciones policíaco militares y los gobiernos en turno.

Ello demuestra que cuando se comprueba jurídicamente la responsabilidad de los agentes de Estado, éste elude su responsabilidad y escamotea la justicia para que los familiares no accedan a ella, mucho menos conozcan la verdad de los hechos; hacerlo implicaría conocer las motivaciones políticas, los planes gubernamentales que aplican contra el pueblo, principalmente el organizado, en toda la geografía mexicana.

No es posible establecer una diferenciación en un crimen de lesa humanidad, pero existen algunos casos que son emblemáticos dada la trascendencia política de las víctimas y el objetivo que persigue la autoridad en su cometido. En el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, es claro que la motivación de éste tiene ligazón con su militancia política y sus convicciones ideológicas.

Personalidades de alta calidad moral y organismos defensores de los derechos humanos han señalado que este caso es paradigmático por tratarse de dos revolucionarios quienes fueron detenidos desaparecidos por su ideología y forma de lucha; se comete en un período donde se argumentaba que ya no se realizaban estas prácticas por tratarse de crímenes del pasado. Aspectos que evidencian el carácter transexenal del cometido de estos crímenes de lesa humanidad.

Existe testimonio suficiente que es recabado en estos 13 años de injusticia e impunidad donde se testifica la responsabilidad de agentes del Estado en el cometido del crimen. Es del conocimiento público que la desaparición forzada de los luchadores sociales fue cometida en medio de un operativo policíaco militar, esto se desprende de las conclusiones de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), la recomendación 7/2009 que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el informe que presenta la Comisión de Mediación (COMED), y en las argumentaciones jurídicas del Poder Judicial de la Federación.

En todas existe un común denominador, se trata de una grave violación a los derechos humanos, cometida por agentes del Estado contra Gabriel y Edmundo, quienes fueron negados por las autoridades a sus familiares. No hay duda de quién perpetró el delito, todas las investigaciones conducen al mismo responsable, el cual, debe ser castigado y enjuiciado por desaparición forzada.

¿Por qué desestima toda esta información concluyente la autoridad gubernamental? ¿a qué se debe la actitud de retomar otros casos y omitir aquellos donde existe abundante prueba testimonial? La única respuesta certera es la intención de extender la impunidad, encubrir la cadena de mando que objetivó cientos de crímenes en administraciones pasadas y que permanecen en funciones en la actual.

La lucha jurídica en los estrechos marcos del derecho mexicano ha conquistado ligeros triunfos, esto se traduce en la resolución judicial en respuesta al juicio de amparo interpuesto por la defensa. En esta sentencia judicial se ordena la apertura de cuarteles militares y el citar a comparecer a sus altos mandos, sin embargo, estas conclusiones fueron impugnadas por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La impugnación de la FGR y la SEDENA es un indicativo de que no se tocan las fuerzas armadas ni con el pétalo de una resolución, es la voz para extender el manto de la impunidad las fuerzas militares; no obstante, las indagatorias y extensos documentos conducen a la responsabilidad de ellos, por más que quieran negarlo son más evidenciados.

Hoy está en manos del máximo tribunal en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia en la que se tiene que emitir veredicto de todo lo que han hecho los familiares, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos, personalidades de alta calidad moral y asesores jurídicos para señalar la responsabilidad del Estado en su cometido, independientemente de la sentencia que determinen, un aspecto está comprobado: en México se cometen desapariciones forzadas contra revolucionarios, luchadores sociales que luchan por mejores condiciones de vida.

Reconocer el crimen obligaría al estado mexicano a aceptar que, sí cometen desapariciones forzadas, que en las propias estructuras policíacas y militares están los elementos encargados de objetivarlos, quienes aún permanecen en las mismas estructuras activos, como si nada hubieran hecho.

No reconocer el crimen de lesa humanidad lo evidencia como un gobierno que extiende la impunidad a los perpetradores, como una administración que no le interesa en lo mínimo hacer JUSTICIA a todas las víctimas de la desaparición forzada y que su gobierno transcurrirá como uno más que perpetúa el dolor a los familiares y los revictimiza al no dar una respuesta que dé con el paradero de sus seres queridos.

La lucha por la memoria, verdad y justicia continúa, mientras no se dé con el paradero de las víctimas, miles de razones existirán para la denuncia; mientras graves violaciones a los derechos humanos persistan, las acciones políticas de masas tendrán razón de ser como una forma de resonar la voz combativa que clama JUSTICIA. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Atentamente
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida del compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Libertad incondicional a Javier, Armando, Asunción y Venturino!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad”
Frente Nacional de Lucha por el socialismo
FNLS

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