Nuestra jornada de lucha tiene sustento en la necedad gubernamental de mantener en el anonimato a cientos de víctimas de tan atroces flagelos

Ciudad de México a 27 de mayo de 2020

A la opinión pública

La exigencia de justicia no puede ser escamoteada con el pretexto de la pandemia

La pandemia es la cortina de humo que encubre la ausencia de justicia en miles de crímenes de lesa humanidad. La dilación, el burocratismo y la indolencia son rasgos distintivos de administraciones cuyo proceder es extender la impunidad a los responsables de tan abominables crímenes.

Nuestra jornada de lucha tiene sustento en la necedad gubernamental de mantener en el anonimato a cientos de víctimas de tan atroces flagelos. Fueron diversas las puertas que se tuvieron que tocar sin que hasta el momento haya una respuesta que sea favorable hacia nuestras peticiones.

Exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos es una responsabilidad política, a ninguna víctima se le puede abandonar a su suerte, por muy adversas que sean las condiciones. Hoy con la administración que auguraba un trato distinto para con las víctimas, es cuando más existe la burla, la omisión y la revictimización.

Existen posibilidades reales para mostrar sinceras intenciones en avanzar en la justicia, no hay nada que escape a las atribuciones institucionales de lo que exigen los familiares de víctimas directas, sin embargo, la apuesta gubernamental es conducir a las familias a un terreno tortuoso que significa otorgar el indulto a los criminales de Estado.

Son 13 años los que han pasado desde que se cometió la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desde entonces son tres administraciones las que tuvieron conocimiento, sin que hasta el momento exista un indicio de querer resolver el problema.

El gobierno de Felipe Caderón Hinojosa fue quien objetivó el crimen, durante su administración fue constante el hostigamiento, amenazas y represión para intentar hacer desistir a los familiares de la exigencia de presentación con vida. Fue hasta que la solidaridad popular abrazó esta demanda que se logra escalar en la denuncia para evidenciar la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Enrique Peña Nieto extendió la impunidad hacia los perpetradores, al inicio de su sexenio hubo un ligero indicio jurídico en la exigencia de justicia. Un Tribunal Colegiado otorgaba a los familiares un ligero dejo esperanzador emitir una resolución judicial que ordenaba la apertura de cuarteles militares y citar a comparecer a altos mandos de la estructura castrense, sin embargo, todo quedó en trámites burocráticos cuyos efectos fueron nulificados por toda la serie de artimañas jurídicas de las que se vale el Estado mexicano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibe la estafeta de sus antecesores con una amplia deuda para con las familias y las víctimas de atroces crímenes. Los compromisos asumidos van más allá de las promesas realizadas al calor de la arenga, es preciso que la justicia deje de ser una demanda pendiente, a la cual, es posible acceder si desde la autoridad gubernamental existe voluntad política.

La actual administración ya conoce nuestras demandas, desde que la autoridad chiapaneca se empecinó en cometer violaciones a los derechos humanos contra nuestra organización nos vimos en la necesidad de desarrollar acciones políticas con el objetivo de abrir la pauta para un solución dialogada y consensada, empero, no fue posible dada la incapacidad de algunos funcionarios para atender con seriedad nuestras demandas.

No es la necedad de las masas organizadas, es la omisión gubernamental la que condujo a un punto en que la movilización popular es la única manera que la voz del pueblo sea escuchada. El ejemplo está en las recientes jornadas de lucha, más de un mes instalados en un plantón en la Ciudad de México, poco más de seis reuniones con funcionarios de gobierno federal y el resultado fue más presos, más represión y cero justicias.

Hoy estamos de nuevo en las calles para proponer un diálogo de respeto, el mismo que se construye a partir de propuestas concretas para dar solución a demandas tan sentidas como la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. No queremos el trato que pretenda conducirnos a la ruta de desgaste, porque esa fue la actitud de funcionarios menores en quienes depositaron la responsabilidad de interlocución entre el gobierno federal y el FNLS.

Resolver la demanda de presentación con vida de los detenidos desaparecidos no es un tema de salud, es ante todo un asunto político que pasa ineluctablemente por la voluntad de resarcir medianamente el daño. La reclusión de nuestros compañeros es una total injusticia que hoy cosecha días de injusto encierro producto de la pandemia, por ello, la exigencia se mantiene firme, presentación con vida y libertad incondicional.

Imposible mantener la pasividad cuando es la autoridad gubernamental la que no detiene su maquinaria represiva, cuando a diario se incrementa la lista de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Si la cuarentena está rota desde que la violencia institucional sigue presente, las masas trabajadoras debemos responder con la movilización y protesta.

Ningún sentimiento mesiánico embarga nuestro actuar, es la conciencia de clase la que llama a no abandonar a ningún hermano de clase, por muy adversas que sean las circunstancias. El riesgo a perecer lo corren a diario las masas trabajadoras, sea por la violencia que emana de la descomposición del régimen o por el hambre, por tanto, la necesidad de movilización se convierte en un acto consciente de supervivencia.

Exhortamos al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo donde se pueda dar atención a nuestras demandas. Si el respeto al derecho a la protesta es una máxima de este gobierno, también debe ser dar solución a aquello que conduce a las masas a la movilización.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS