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10 de mayo: Día de la madre proletaria que exige justicia por los crímenes de Estado y lesa humanidad

Sábado 9 de mayo de 2020, por Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 09 de mayo de 2020

A la madre proletaria

A las madres víctimas de los crímenes de Estado y lesa humanidad

Al conjunto del movimiento popular

A los medios de comunicación

Al pueblo en general

10 de mayo: Día de la madre proletaria que exige justicia por los crímenes de Estado y lesa humanidad

El 10 de mayo se conmemora el día de la madre proletaria, fecha que las víctimas de graves violaciones a los derechos reivindican para exigir justicia y no un día de consumo. Las madres que deciden que este día es de lucha y protesta se debe a la magnitud de la impunidad que prevalece, porque sus familiares son víctimas de crímenes de Estado y de lesa humanidad y de la violencia institucional en general contra aquellas que exigen sus derechos o ejercen crítica política al actual régimen.

La clase burguesa y los gobiernos en turno privan a las madres del sentido humano que este día debe tener, los empresarios traducen esta fecha para el consumo y el festejo hipócrita y se vuelcan a convencer que a ellas deben ser tratadas como ningún otro día, sin embargo, omiten decir que toda mujer es objeto de la explotación y opresión capitalista, que ellas son víctimas de la violencia institucional, que existen madres que claman justicia porque son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En Chiapas existen víctimas de la violencia institucional a pasar del cambio y diferencia que arguye el actual gobierno respecto a los gobiernos anteriores, algunas en condición de presas políticas quienes son condenadas y privadas de su libertad a pesar de su inocencia, otras exigen la presentación con vida de algún ser querido, esposo, hijo, amigo, compañero de lucha… que ante la impunidad imperante en el país demandan justicia, castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado o lesa humanidad.

Indistintamente, la responsabilidad recae en el Estado, por tanto, en el gobierno actual. No es convincente cuando el gobierno de Rutilio Escandón dice respetar los derechos humanos al mantener de rehenes políticos a madres en las cárceles de Chiapas, ejemplo de ello, es el caso de nuestra compañero Asunción Gómez Sánchez detenida de forma arbitraria desde hace más de 7 meses en el CERSS 14, municipio de Cintalapa.

Nuestra compañera Asunción se encuentra presa por el hecho de pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, esa es la única razón que orilla al gobierno de Chiapas a privarla de su libertad. Como presa política no existe margen legal que le de la libertad incondicional e inmediata si el gobierno pretende perpetuar el castigo, porque la razón es política, no existe delito a perseguir. Toda conclusión de un especialista en la materia del derecho dirá que ella debe estar en libertad inmediata igual que su compañero y esposo Venturino Torres Escobar.

María Esperanza González Hernández es también víctima de la violencia institucional quien exige la libertad de su esposo Armando Hernández Sánchez, preso desde septiembre del año pasado en el CERSS 14, detenido, torturado y extorsionado al interior de este penal. Castigar a hombres y mujeres en las cárceles por el hecho de organizarse y movilizarse por justicia no es propio de un gobierno del pueblo, se asemeja más a un gobierno autoritario que se impone con represión sin resolver las exigencias populares.

Que tiene que festejar la esposa de nuestro compañero Javier González Díaz, preso en el CERSS 05 desde hace más de 9 meses, el Estado no tienen ninguna prueba que justifique la detención ¡agraviados inexistentes! ¡Expedientes con inconsistencias! Además, la tortura no es un crimen que se castigue en este gobierno, porque de lo contrario ya habrían castigado al autor material e intelectual que perpetró la tortura contra Javier. Para este caso, se suprime todo acto de justicia y se mantiene la impunidad.

María Sántiz López madre de Humberto Morales, ejecutado extrajudicialmente por paramilitares, exige justicia; Rosa Hernández López, esposa de Héctor Sántiz López asesinado por paramilitares, exige justicia; Claudia Guadalupe González Pérez esposa de Víctor Alfonso Pérez López asesinado en Carranza en el 2017, exige justicia; y, Sebastiana Pérez Hernández exige la presentación con vida de su esposo Fidencio Gómez Sántiz detenido desaparecido el 05 de marzo de 2016 en la cabecera municipal de Ocosingo. Como muchas otras madres, la actitud frente a los responsables debe ser la incansable exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

En este contexto no olvidamos a todas las madres que se mantienen en pie de lucha en la exigencia de verdad y justicia por los crímenes de Estado y lesa humanidad perpetrados a lo largo y ancho del país, en la actual administración se hace imprescindible que los familiares, amigos y compañeros de lucha permanezcamos firmes para que la impunidad no se perpetúe.

Si la represión y la cárcel es la respuesta a las exigencias populares, el 10 de mayo debe ser de lucha y protesta, porque solo con la organización de las familias trabajadoras del campo y la ciudad podremos hacer frente a una política de hambre que se nos impone sigilosamente. La violencia institucional se perpetuara si las víctimas no caminamos en unidad contra nuestro enemigo de clase.

Combativamente
¡Libertad a nuestra compañera Asunción Gómez!
¡Libertad a Rosa del Carmen Hernández López Integrante del FDROC!
¡Libertad a nuestros compañeros Javier, Armando y Venturino!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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