“Cero impunidad” para arremeter contra el pueblo pero no para castigar a criminales de Estado

Chiapas a 04 de mayo de 2020
Al pueblo en general

“Cero impunidad” para arremeter contra el pueblo pero no para castigar a criminales de Estado

La constante denuncia del pueblo organizado por la magnitud de la impunidad que prevalece en el país toma forma en la protesta y movilización que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad realizamos, sin embargo, el Estado y el gobierno en turno de manera oportunista hablan del “Cero impunidad” como si éstos aplicaran la justicia que el pueblo exige para los criminales de Estado. Éste sirve al gobierno de Chiapas para arremeter contra el pueblo en general y el organizado en particular.

No es reciente la exigencia del pueblo organizado de justicia por diversos actos represivos, crímenes de Estado y de lesa humanidad que se ejecuta sexenio tras sexenio sin que a la fecha encuentre eco y se garantice el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos contra los trabajadores del campo y la ciudad perpetrados por agentes del Estado, por ende, los autores intelectuales, responsables se encuentran en las estructuras del Estado.

El Estado mexicano y los políticos de oficio hacen el teje y maneje de sus instituciones y la manipulación de leyes para enterrar y silenciar todo crimen que manche su nombre e instituciones, le es considerablemente fácil “limpiar” su imagen y en su hipocresía presentarse como puros a pesar de ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Ellos mantienen el monopolio de la violencia y la administran a su conveniencia para efecto de reprimir y justificar un crimen al pueblo que se organiza.

Existen casos incuestionables de hechos criminales que dejan al Estado al descubierto en tanto responsables materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos, al tratarse de un crimen de Estado, los casos permanecen en la impunidad total a pesar de que discursivamente reiteran ser diferentes con un slogan de una política de “Cero impunidad”. Ninguna aseveración es tan perversa como la del gobierno chiapaneco al frente de Rutilio Escandón y su fiscal Llaven Abarca encargado de impartir “justicia”.

La impunidad que prevalece en Chiapas es el ejemplo de la gravedad del tema a nivel nacional, ningún político de oficio o mando policíaco militar se le quiere condenar por los crímenes como la desaparición forzada, por tanto, “Cero impunidad” no es propiamente una política para hacer justicia y romper con ese largo manto de impunidad que existe sobre mandos policíaco militares o políticos de oficio.

En Chiapas existe la represión, casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que en la actualidad suman el número de víctimas de este gobierno, pero no existe ningún indicio que indique castigo a los responsables inmediatos. Cuando un elemento policíaco o militar perpetra un crimen, el castigo no escala a sus mandos, se presume siempre como un hecho aislado producto de una indisciplina o problemas síquicos del agente, pero su sistematicidad y generalización convierte a éste en política de Estado y no un hecho aislado.

Para crímenes de Estado no existe justicia, en estos casos se corona el “Cero impunidad”. Veamos, la represión hacia normalistas de la Normal Rural de Mactumactzá y padres de los 43 normalistas desaparecidos fueron reprimidos el 16 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, el gobierno de Chiapas trato de justificar y deslindarse de la responsabilidad al “castigar” a los autores materiales, sin embargo, los actos represivos forman parte de la directriz política para aplicar el estado de derecho, por ende, existen autores intelectuales que en este caso es la triada de políticos de nombre Jorge Luis Llaven Abarca, Ismael Brito Mazariegos y Rutilio Escandón Cadenas.

Citamos otro caso, la agresión policíaca militar contra habitantes de la comunidad de Santa Cruz Nilhó, municipio de Bochil, dejo un muerto y nueve heridos de bala ejecutada por la policía y la Guardia Nacional junto a paramilitares bajo el mando del presidente municipal Gildardo Zenteno Moreno. El diálogo no priva como método, sino el uso indiscutible de la fuerza para evitar la protesta y la movilización popular ante diversas exigencias.

Los casos en el estado son vastos, el más reciente sucedió entre los límites del municipio de Yajalón y Tumbalá, policías dispararon en contra de campesinos que se manifestaban en el contexto de la contingencia sanitaria y las dificultades que representa el confinamiento para un trabajador del campo o la ciudad. No resulta verosímil que los actos represivos que resultan en violaciones a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado sea difícil encontrar responsable, el hecho en sí nos indica quienes son los autores materiales e intelectuales.

Es un acto demagógico la política del “cero impunidad” del gobierno de Rutilio Escandón, la represión y los crímenes de lesa humanidad como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada contra activistas o el descontento popular en general no son castigados. Ejemplo, el fiscal Llaven Abarca como autor material e intelectual en casos de tortura particularmente, no aplica el “cero impunidad, aún peor, permanece en el poder y no es que no exista culpabilidad, sino porque para ellos existe inmunidad e impunidad y no aplica la justicia aclamada por el pueblo.

Los actos represivos en la entidad durante la contingencia tampoco son casuales, llevan consigo el instinto criminal y política autoritaria del gobierno, la represión contra los padres de los normalistas desaparecidos y normalistas de Mactumactzá, deben ser castigados no solo los autores materiales, sino los autores intelectuales que escalan hasta Llaven Abarca, Ismael Brito y Rutilio Escandón Cadenas. La ejecución extrajudicial en Bochil contra el campesino José Armando Hernández, es responsable también el comandante de la Guardia Nacional y el presidente municipal. ¿Por qué estos crímenes pasan desapercibidos y en su totalidad en la impunidad?

Sobre los trabajadores que oponen resistencia al confinamiento ante la falta de garantías a su sobrevivencia diaria se aplica la represión, ¿Quién es responsable de esos actos en contra de los trabajadores que violentan sus derechos humanos? ¿Por qué los casos de tortura y desaparición forzada que involucra al gobierno chiapaneco como responsable se mantienen en la impunidad? ¿Sobre ellos no se aplica el “peso de la ley”?

Se aplica el “cero impunidad” pero no para castigar a criminales de Estado, solamente es para someter al descontento popular, para violentar los derechos humanos de los trabajadores estén o no organizado como en innumerables casos durante la contingencia sanitaria. En Tuxtla Gutiérrez desalojan a vendedores ambulantes, ¿Eso no es impunidad? ¿Eso no es injusticia? Porqué entonces se fustiga al pueblo organizado y contra él va la injusticia, las violaciones a los derechos humanos y de esos actos ningún funcionario e institución es responsable y castigado.

El pueblo no debe permitirse la confusión entre la “justicia” que aplica el gobierno de Chiapas a la justicia que las víctimas de crímenes de lesa humanidad exigimos contra los criminales de Estado. El “cero impunidad” es solo un distractor mediático con el que desvían la atención contra los verdaderos criminales de cuello blanco, contra altos mandos castrenses y policíacos, contra funcionarios tanto en Chiapas como en el país que limpian su imagen para presentarse como puros.

El pueblo tienen el legítimo derecho de mantenerse en la senda de la organización popular y exigir vía movilización la justicia anhelada para el trabajador explotado y oprimido. La justicia jamás llega de gobierno antipopulares, de ellos, solo represión y graves violaciones a los derechos humanos.

Combativamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo