La permanencia de la prisión por motivos políticos es el signo distintivo de existencia de la violencia institucional en Chiapas

Ciudad de México a 5 de marzo de 2020

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares
A la opinión pública

El encarcelamiento y crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores de los derechos humanos es una muestra irrefutable de que la violencia institucional no es erradicada por decreto, sin importar la sigla partidista o las múltiples promesas de campaña, cada gobierno va a procurar la ambición y voracidad de un puñado de empresarios.

Chiapas destaca en la generalidad en tanto que es identificado por el mismo partido electoral del titular del ejecutivo federal y se conduce por parámetros totalmente opuestos a los ofrecidos en el discurso oficial, verbigracia continúa la impunidad en el caso de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz que hoy se cumplen cuatro años de su detención desaparición forzada.

Nuestros familiares, Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez se les mantiene en injusta reclusión por el gobierno chiapaneco en franca cruzada represiva contra toda expresión de descontento en la entidad y por solidarizarse con los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Ellos se suman a la amplia lista de víctimas de diversos crímenes en lo que va de la administración de Rutilio Escandón Cadenas.

El proceder represivo del titular del ejecutivo estatal en contubernio con el representante de la Secretaría de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos y el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca es el indicativo de que el ropaje que los envuelve puede ser distinto, sin embargo, la esencia criminal queda intacta.

El derecho mexicano fue convertido en el flagelo con el cual castigan la decisión del pueblo de luchar fuera de los marcos corporativos del Estado, porque sólo aquel que busca la independencia política es el criminalizado, sobre aquellas organizaciones populares que tienen vida orgánica y principios propios son quienes padecen el azote de la represión y violencia institucional.

¿Dónde quedan las promesas de eliminar la represión? ¿En qué se traduce la política de combatir la corrupción? Todo queda en palabras que no logran ser sustentadas en la realidad, porque en Chiapas reprimen a las organizaciones populares, las instituciones que deben procurar justicia están corrompidas hasta la médula que no les importa construir culpables con distintos artificios leguleyos.

Javier fue detenido por sujetos vestidos de civil quienes lo trasladaron a un lugar que no es el indicado dentro de los protocolos jurídicos procesales, en este lugar fue sometido a una brutal tortura física y psicológica. La carpeta de investigación que lo mantiene preso adolece del rigor jurídico, por lo que existen un sinfín de irregularidades que ponen en entre dicho el supuesto estado de derecho.

El testimonio de nuestro compañero ilustra el hecho irrefutable de que la tortura fue incorporado de forma perversa a los mecanismos de procuración de justicia, situación que no causa sorpresa en muchos dado que quien encabeza la FGE es señalado como verdugo de por lo menos dos personas en la entidad.

¿De qué manera es que llegan políticos de oficio con este historial criminal a instituciones gubernamentales? La única forma es mediante una serie de corruptelas, de actitudes ruines producto de acuerdos con empresarios locales que no les importa la vida o la libertad de cientos de familias más que su ambición de hacer crecer sus negocios.

Armando es detenido en Chiapa de Corzo cuando regresaba de su jornada laboral en el oficio de albañil. Hombres que no se identificaron lo golpearon en la nuca y cubrieron su rostro con una playera. En el trayecto de ese lugar a otro fue sometido con golpes y después con métodos más sutiles de tortura. A él le pedían que identificara a personas a través de fotografías en un teléfono celular.

Su detención está sustentada en el supuesto testimonio de un chofer que escuchó su nombre y cargo en la comunidad, así como la de nueve compañeros más que están como señalados. Este trabajador coaccionado por el hambre o con la amenaza de perder su trabajo, se presta a la labor sucia de crear expedientes incriminatorios, porque a él le consta que el nombre de nuestro compañero le fue proporcionado por la Fiscalía para incriminarlo.

Venturino y Asunción es un matrimonio que se dedicaba a ganarse la vida en la industria de la construcción, su detención fue orquestada mediante un artilugio legaloide que los señala como despojadores de un predio en la comunidad de Nucatilli. El denunciante es padre de Venturino, quien no le importó conducir su ambición de tierra y llevó a la cárcel a su nuera, lo que dejó a tres de sus hijos menores en la total indefensión, ahora bajo la tutela de la organización.

El gobierno chiapaneco utiliza toda serie de artilugios para mantener a nuestros compañeros presos, no le importa violentar su propio marco jurídico con tal de complacer a la cúpula empresarial. El saldo de más de un año de gobierno morenista en la entidad es de 6 mil 525 familias desplazadas, más de un centenar de presos políticos de diversas organizaciones populares y más de una decena de ejecutados extrajudicialmente.

Las hijas e hijos de los presos políticos decidimos conformar el Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad” para mantener la denuncia de la existencia de métodos violentos en la entidad chiapaneca y la permanencia de la violencia institucional contra el pueblo organizado. Nuestra voz se suma a la de cientos que existen en la geografía nacional producto de la permanencia de la estructura represiva del Estado mexicano.

Nuestros familiares no son delincuentes como lo anuncia el gobierno chiapaneco, son hombres y mujeres que libremente decidieron luchar por un pedazo de tierra, patrimonio para los hijos, que hoy es negado por el gobierno chiapaneco, que en estos momentos es más peligroso defender los derechos y libertades políticas que cometer actos de corrupción.

Defenderemos la inocencia de nuestros familiares y compañeros, asimismo emitiremos nuestra crítica ante todo lo que violente los derechos humanos y la integridad colectiva de las organizaciones populares. Somos familiares de víctimas y nuestro testimonio es inobjetable. Convocamos a todas las víctimas directas e indirectas a establecer los mecanismos de coordinación que fructifiquen en la unidad de víctimas de la violencia de clase.

Haremos un recorrido en los CERSS donde están recluidos nuestros familiares para documentar las condiciones en las que se encuentran, hacemos una invitación a los medios a que estén atentos de las actividades políticas que realizaremos.

Atentamente

¡Libertad a todos los presos políticos del país!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!

Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de libertad”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS