Más mentiras y persistencia de la violencia de clase en Chiapas

Ciudad de México a 5 de marzo de 2020

A la opinión pública

La mentira es un rasgo de la doble moral burguesa, de la ideología dominante. Es una característica que por añadidura distinguirá a los políticos de oficio que presiden la política interna en Chiapas, sujetos que son parte de la estructura de la clase que detenta el poder, a través de éstos se objetivan los discursos oficiales y los planes político económicos que la oligarquía tiene para la entidad.

Para materializar los planes de las grandes firmas capitalistas, la burguesía tiene al Estado como instrumento de dominación de una clase sobre otra, a través de éste encausan las decisiones para mantener la dictadura del capital, garantizar la protección de la propiedad privada y al mismo tiempo mantener o aumentar sus ganancias.

Es una tarea imprescindible que los políticos de oficio deben cumplir para satisfacer las exigencias del capital, sobre todo, por la cruda vivacidad con la cual transcurre el curso de las relaciones sociales capitalistas en el mundo, cuando está se caracteriza por la volatilidad del capital financiero, el comercial y el mercado de divisas; este fenómeno político económico explica la actitud funesta del Gobierno chiapaneco, el Secretario General del Estado y el Fiscal General de la misma entidad federativa.

“(…) El Gobierno de Chiapas siempre hace uso del diálogo para encontrar acuerdos.” En esta afirmación se revela una falacia, dado que el diálogo es simulado, en la mayoría de los casos ocurre producto de la denuncia del pueblo, éste viene después de que los sectores populares son víctimas de represión, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, incluso, después del derramamiento de sangre.

En nuestra Carta Magna se estipula el derecho de petición del pueblo, mediante este recurso constitucional los trabajadores apelan la “obligación del Estado hacia sus gobernados” para atender sus demandas, pero en los hechos, es letra muerta, por ello resulta un insulto a la inteligencia de los desposeídos cuando el gobierno dice recurrir al diálogo para establecer acuerdos.

“(…) me comprometo a trabajar por un gobierno que corte de raíz la corrupción y busque la prosperidad de los pueblos.” Falsear la realidad a través del discurso es una tarea sencilla para los hombres del régimen, verbigracia con la expresión “cortar de raíz la corrupción” no sólo habla de un ente político sino de un hombre que ignora las leyes que rigen la sociedad capitalista, asimismo también de personalidades congraciadas con las órdenes de quienes detentan el poder económico y político.

En la sociedad capitalista la “prosperidad” es privativa de los dueños del capital, México es capitalista, por lo tanto, el bienestar no es para las masas explotadas y oprimidas, por esa razón, el gobernador y su gabinete insisten en su discurso de favorecer al pueblo, la prosperidad será una realidad cuando las ganancias sean reflejadas en la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, que es lo mismo, confiar en el pueblo más no en la voluntad de los grandes empresarios.

(…) Tenemos un gobernador que prioriza la seguridad y está impulsando políticas públicas para que nuestros niños, niñas y jóvenes de Chiapas gocen de escenarios de tranquilidad y de progreso. El pueblo consciente y por sentido común, es conocedor de sus propias condiciones materiales de vida, pero esa declaración no corresponde con la realidad de pobreza en la que vive el 71 por ciento de la población chiapaneca.

Las 6 mil 525 familias víctimas de desalojo forzoso y desplazamiento forzoso interno documentados por el Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH) seguramente la población infantil y juvenil no gozan de tranquilidad, es más, no hay progreso, lo que viven es un fenómeno regresivo, porque sus condiciones materiales de vida fueron afectadas sobremanera.

Ese universo de familias arroja que fue objeto de uno de los siete desalojos al mes mandatados por Rutilio Escandón, Ismael Brito y Llaven Abarca, por tanto, los pobres del campo y la ciudad por la violencia institucional experimentan incertidumbre, zozobra, desesperación o la resignación producto del autoritarismo del gobierno chiapaneco.

Los hijos de nuestros compañeros Javier, Armando, Asunción y Venturino les fue alterada abruptamente su cotidianidad, son responsables de desintegrar familias, son los promotores de la tortura y tratos crueles, inhumanos que cuyos efectos son alcanzados por sus seres queridos.

Es insultante que el gobierno hable de progreso cuando en las cárceles mantiene a hombres y mujeres de manera injusta e ilegal, no se puede hablar de beneficios cuando hay presos por motivos políticos, o por detener de manera arbitraria a trabajadores por ganarse el pan de cada día.

“Chiapas está en paz: Ismael Brito”. Esta es otra mentira, como todo político de oficio parido por el régimen, no descansan en la búsqueda de ganar la aceptación del pueblo, mientras bajo la corriente de las aguas negras del régimen se cometen graves violaciones a los derechos humanos que cobran la vida de los trabajadores.

Prueba de ello es el descaro de Llaven abarca al afirmar que en lo que va del año ocurrió el asesinato de cuatro mujeres, que en el 2019 registraron 20 asesinatos, sin embargo, en contraste con las cifras de otras organizaciones no gubernamentales expusieron el dato de 199 decesos, con este conteo de víctimas no es posible vivir en paz, máxime cuando la violencia institucional escala cada vez más en intensidad.

Ismael Brito “(…) señaló que en Chiapas todas las manifestaciones están permitidas, porque en este gobierno se respeta la libertad de expresión.” Los hechos lo desmienten, basta mencionar la brutalidad con la que fueron tratados el 16 de febrero los estudiantes de la normal rural Mactumactza y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, estos hechos pretendieron tergiversarlos con argumentos leguleyos que no sólo criminalizan a los normalistas sino al conjunto del movimiento popular.

Los argumentos del Fiscal son risibles, el esfuerzo por victimizar a la policía, argumentar que impedían el libre tránsito o que afectaban la economía, únicamente redundan en falacias, porque en esencia ese es el trato que brindan a los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Reprimen, son omisos, indolentes y dialogan una vez que corre sangre y se pone en riesgo la vida de quienes ejercen su derecho a disentir y exigir justicia.

Confiar en los políticos de oficio sería un craso error, porque son educados con los cánones de la moral burguesa, mentir es parte de su oficio, tergiversar la realidad una práctica común para justificar su actuar criminal, falsear los hechos para reproducir la violencia de clase, lo que al pueblo toca es organizarnos adecuadamente sin perder de vista los principios de independencia política y la combatividad.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS