Humberto Morales Sántiz a tres años de su ejecución extrajudicial exigimos ¡Justicia!

Chiapas, México. 28 de febrero de 2020

A los medios de comunicación

A los organismos defensores de los derechos humanos

A las organizaciones populares e independientes

Al pueblo en general

Humberto Morales Sántiz a tres años de su ejecución extrajudicial exigimos ¡Justicia!

Este 28 de febrero se cumple tres años de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, crimen de Estado perpetrado con el objetivo de detener la lucha por la defensa de los derechos del pueblo entre ellos el derecho a la tierra y la justicia. Tres años en donde la impunidad es el sinónimo de las instituciones encargadas de “impartir justicia”, los perpetradores de este crimen son protegidos y alentados a cometer nuevos crímenes en contra de nuestra organización.

Las motivaciones políticas de la ejecución extrajudicial de Humberto son claras, era el intento del Estado por detener la organización independiente y callar las voces que exigen presentación con vida de los detenidos desaparecidos y justicia para las víctimas de la violencia institucional, precisamente a Humberto lo ejecutan días previos al inicio de una jornada lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, entre ellos Fidencio Gómez Sántiz y los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La política represiva y la impunidad caracterizaron al sexenio de Manuel Velazco Coello y Enrique Peña Nieto a nivel estatal y federal respectivamente, en la actual administración las cosas no cambian, la impunidad persiste así como la represión hacia el conjunto del movimiento popular, la justicia es escamoteada por el gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, aunado a ello, persisten los crímenes de Estado, en su mandato una decena de activistas, ambientalistas y defensores de los derechos humanos han sido ejecutados extrajudicialmente.

La “justicia” en esta administración es utilizada vulgarmente por políticos de oficio en cada discurso, con hipocresía expresan ejercer “una justicia más humana”, no existe tal cosa en el acontecer chiapaneco, desde las instituciones de gobierno se despliega la violencia de clase que se traduce en graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado, además, los responsables de éstos se encuentran incólumes en las estructuras del Estado. No es nada humano la tortura propiciada a luchadores sociales.

La represión y la impunidad se develan como política transexenal, particularmente, en Chiapas es evidente la planeación de esta política en contra del pueblo organizado, su objetivo es silenciar la crítica política hacia el actual régimen de explotación y opresión, para ello utilizan todos los métodos represivos y de contrainsurgencia como la tortura, detenciones arbitrarias, hostigamiento policiaco militar, desalojos forzosos, despojos de tierras, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales. Así como también el manejo de las leyes para imponer las injusticias y la impunidad.

Los responsables de los actos represivos en Chiapas no son en particular la policía como autores materiales, detrás de éstos se encuentran los autores intelectuales, entre ellos, Jorge Luis Llaven Abarca, Ismael Brito Mazariegos y Rutilio Escandón Cadenas, ningún operativo policiaco militar se realiza sin su consentimiento, en consecuencia ellos deben ser juzgados y castigados por hechos represivos, desalojos forzosos, desplazamiento forzado interno, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

Para asestar golpes a las organizaciones populares existe coordinación de los tres niveles de gobierno, estos preparan campañas de criminalización y estigmatización para justificar las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, para castigar y desarticular a grupos paramilitares y castigar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado cometidos contra el pueblo, no mueve ni un dedo.

En nuestro caso, la Fiscalía General del Estado se encarga de encarcelar injustamente a compañeros, de torturarlos, despojarnos de nuestras tierras, ejercer constante hostigamiento policiaco militar, en tanto, la carpeta de investigación no 0037-059-1003-2017 (por la ejecución extrajudicial de Humberto), al tratarse de un crimen de Estado se encuentra con nulos avances, es más, no existe muestras de que se investigue el caso.

El ejido El Carrizal en el municipio de Ocosingo, Chiapas, de donde era originario Humberto no deja de ser asechado por grupos paramilitares y sobrevuelos de helicópteros, todo indica que estas acciones mandatadas por el gobierno chiapaneco tienen el objetivo de generar las condiciones para dar otro golpe contra la comunidad que les permita por fin silenciarlos y desarticular la organización independiente.

Desde el 28 de febrero de 2017 a la fecha, ni gobierno estatal y federal dan muestras de voluntad política para enjuiciar y castigar a los responsables de este crimen, la respuesta se mantiene en dilación y demagogia de todas las instituciones gubernamentales.

Los familiares de las víctimas de crímenes de Estado y de lesa humanidad esperan del gobierno federal una mayor firmeza para enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales. La Fiscalía General de la Republica, Secretaria de Gobierno y Ejecutivo Federal son responsables de dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos y de resarcir los daños causados por la violencia institucional.

De las demandas sentidas en el tema de justicia y verdad, no existe muestra de voluntad genuina de parte del gobierno federal, por el contrario, es visible una política que busca imponer y perpetuar la impunidad sobre quienes recae la responsabilidad material e intelectual de los crímenes de Estado, aún más grave, dirige sus esfuerzos por justificar la represión hacia quienes abanderamos la lucha por justicia y presentación con vida.

Este panorama político requiere y demanda de los familiares de víctimas, organizaciones populares a persistir en la lucha por justicia, a no callar sino todo lo contrario a sumar esfuerzo entorno a la unidad del pueblo para enfrentar la represión y lograr que a nuestros hermanos, familiares, amigos, compañeros de lucha víctimas de la violencia de Estado obtengan justicia.

Nuestro compañero Humberto estaría cumpliendo 16 años de edad, sin embargo, con la política represiva de los gobiernos en turno le arrebatan la vida, le cortan de tajo sus aspiraciones, expresión de la saña y el odio que tiene el Estado burgués contra el pueblo organizado. La indignación que causa este crimen es transformado en lucha y combatividad para impulsar nuevas jornadas de lucha por el castigo a los perpetradores.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo