El primer informe de gobierno chiapaneco destacó su carácter demagógico

Ciudad de México a 11 de diciembre de 2019

A la opinión pública

El primer informe del gobierno chiapaneco destaca por su carácter demagógico, porque los argumentos expuestos por este no corresponden con la realidad, sus dichos no se reflejan en la condiciones socioeconómicas y políticas del pueblo, de ese modo, intenta ocultar los actos represivos y las graves violaciones a los derechos y libertades políticas contra los sectores populares.

Ante los medios de comunicación el representante del Ejecutivo estatal anunció un conjunto de “avances” en lo que va de su administración, con cada declaración expuso su “verdad”, empero el desarrollo de los acontecimientos en los últimos 12 meses revela que sus expresiones, son opuestos a los intereses de las masas trabajadoras.

Desde los preceptos de la economía burguesa y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arguyen que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chiapas cayó 2.4 por ciento, tan sólo en esta cifra devela que la condición económica de la entidad no es favorable para los sectores populares, pero sí para la oligarquía nacional y extranjera.

Las bases económicas en la entidad a juzgar por esa merma en el PIB, es un indicativo de cómo las contradicciones entre capital y trabajo fisuran abruptamente las condiciones económicas en la entidad, lo cual explica que el 70 % de pobres en la entidad, serán objeto de más paliativos y de programas asistencialistas, empero, ese fenómeno desde luego, no figuró en el primer informe.

En la presentación de los “resultados” de su administración, como hombre del régimen, no explica al pueblo que el desarrollo de la política económica en la entidad se mantiene bajo la ruta neoliberal, causal que permite comprender cómo en aparente calma se ejecutan los designios burgueses, mientras las cámaras empresariales exigen al Ejecutivo estatal se garantice la circulación y la realización de mercancías.

Las diversas manifestaciones de descontento popular en lo que va del mandato del gobierno chiapaneco están ligados estrechamente con la situación económica, derivado de este fenómeno se desprenden otros que toman cuerpo en los escenarios represivos, ejecuciones extrajudiciales contra activistas políticos y despojo violento de tierras, empero, estos hechos se omitieron en la arenga de Rutilio Escandón Cadenas.

El cinismo del Ejecutivo estatal, como cualquier político de oficio parido por el régimen, no escatima palabras para engañar o satisfacer los oídos ingenuos de algunos, por ejemplo, en algunos medios de comunicación describen, “(…) Destacó cinco ejes de su administración, gobernabilidad, estado de derecho, diálogo, justicia para todos, respetuosos de los derechos fundamentales con una plataforma aliada de la cuarta transformación, (…) y se privilegia el respeto a los derechos humanos para alcanzar el desarrollo en un entorno de paz”. Como se observa, con esas frases intenta ganarse la simpatía del pueblo.

No hay duda que por gobernabilidad comprenden dirigir una política de carácter proempresarial, una retórica con aparente benevolencia para decir que su mandato arribará a buen puerto, empero, el comportamiento político de los funcionarios estatales indica su apego fiel a un Estado como instrumento de opresión, más no como un ente que vele por los intereses de los pobres del campo y la ciudad.

En este año de gobierno, fue notable cómo desde las instituciones gubernamentales se practica la legalidad burguesa para dar lugar a la represión, a violentar severamente los derechos humanos de los oprimidos, para criminalizar la protesta de tal manera que se justifique la creación de carpetas de investigación con insostenibles datos de prueba. El estado de derecho significa represión, pero para el demagogo es un “avance”.

El Ejecutivo estatal argumenta que el diálogo es superioridad como parte de su quehacer político, sin embargo, en los hechos comprobamos lo contrario, es el hostigamiento, el uso de la violencia institucional la antesala para “dialogar”.

Quienes hacemos válido el derecho de manifestación o de organización no se respetan, algunas pruebas son la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los dos integrantes del MOCRI-CNPA-MN, el activista político Sinar Corzo, los integrantes del MOCRI-EZ recluidos arbitrariamente y las familias desalojadas, despojadas de su tierra y vivienda; los casos de represión contra los estudiantes normalistas, la reclusión injusta e ilegal de nuestros compañeros Javier, Armado, Venturino y Asunción.

Entre el dicho y el hecho en materia de derechos humanos es vasto, en este aspecto de la política en Chiapas es pernicioso, inhumano y criminal el proceder del gobierno estatal. Una mentira tras otra coloca a este político de oficio cómo demagogo y represor por los diversos casos de violación a los derechos humanos. Es el peón del ajedrez de la clase dominante.

Otra mentira es que “(…) en seguridad Chiapas bajó la incidencia de delitos, se acabó la impunidad, en ello, mi reconocimiento a los integrantes de la Mesa de Seguridad”. Los asesinatos dolosos no se detienen ente otros atropellos contra las masas trabajadoras, sin embargo, las “mesas de seguridad” son los artífices de implementar los lineamientos contrainsurgentes en la entidad para garantizar la realización de los planes oligarcas, con ello silenciar el descontento popular.

Mientras el pueblo carece de atención médica y vivienda digna, persisten empleos con salarios miserables, el alza de los artículos de primera necesidad, diversos sectores populares exigen el cumplimiento de sus demandas más sentidas, pero del gobierno obtienen represión, cárcel, tortura, amenazas, pero no escatima en invertir en la práctica de la violencia gubernamental, hecho omitido en su informe.

Por ejemplo “Destacó la recuperación de 32 mil hectáreas invadidas durante muchos años”, eso es represión y despojo violento de tierras no actos de justicia, no son tierras invadidas, sino un pueblo que exige tierra para edificar una vivienda cuando el Estado mismo niega ambos derechos humanos, pero el régimen protege a los empresarios más no al pueblo.

Lejos de suprimir la represión como política de gobierno, fortalece las fuerzas represivas, no obstante, encubre ese fenómeno como avances en materia de “seguridad” “(…) logros que ha sido posible por inversión de 44 millones de pesos en patrullas, moto patrullas, 22 mil 269 esposas y 4 mil 963 uniformes”. Cuando es la policía participe de violaciones graves a los derechos humanos.

Le demagogia es un hecho real, el gobernador chiapaneco como fiel a los designios de los grandes empresarios no le importa mentir, presentar ante la opinión pública un rostro humano severamente desfigurado por los diversos casos que atentan contra los derechos y libertades políticas del conjunto del movimiento popular.

Quienes vivimos en carne propia las consecuencias de la violencia institucional no podemos confiar en las palabras de un político de oficio, de un servidor del capital, por el contrario, debemos dirigir nuestros esfuerzos para forjar la organización independiente y combativa, porque vivimos una situación adversa marcada por un régimen criminal, demagogo y protector de los intereses empresariales.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS