El Estado y la violencia contra el pueblo

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México a 06 de octubre de 2019

A la opinión pública

El odio de los hombres del régimen hacia el pueblo organizado es real, ya que el Estado tiene el control de la violencia, recurre a ésta de múltiples formas ante el descontento, lucha y resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad. Un botón de muestra de su objetivación ocurre cuando un hermano de clase es víctima de una detención ilegal, injusta, producto de la cerrazón e indolencia de los gobiernos autoritarios.

Un ejemplo de lo anterior es lo que hace el gobierno chiapaneco y el gobierno federal al intentar condicionar y doblegar el derecho humano a la protesta, bajo esa premisa es justifica las violaciones a los derechos humanos como la detención arbitraria de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez. En su obcecada actitud por corresponder a las exigencias empresariales hoy tiene en sus manos al segundo preso político de la “Cuarta Transformación” en Chiapas.

La perversidad del gobierno chiapaneco estriba en su desbocada manera de recurrir una y otra vez en exponer su “firme interés” por mantener la paz y la tranquilidad en Chiapas, empero, observamos la violencia institucional se extiende a raudales en la entidad, una evidencia de los alcances políticos medidos por el rasero de la represión para evitar la simpatía del pueblo y éste reconozca la necesidad de organizarse de manera independiente y combativa.

La violencia institucional en el estado de Chiapas se materializa en el estrepitoso aumento de crímenes de lesa humanidad, en los hechos represivos cada vez más letales contra el descontento popular. El Ejecutivo estatal y su caterva de políticos de oficio lejos de optar por una salida dialoga a las exigencias del pueblo responden con recrudecimiento de la militarización, como ocurre con la presencia de la Guardia Nacional en la entidad.

El gobierno estatal, el secretario de gobierno y el Fiscal general del estado saben de lo variopinto de las demandas más sentidas del pueblo, sin embargo, las exigencias de los empresarios extranjeros son tales que la prioridad es imponerlas por encima de las necesidades de las masas trabajadoras, con esto, gobernar para los pobres es el placebo para las masas y ganar su simpatía, pero la realidad misma se encarga de desenmascarar el carácter demagógico de las “autoridades estatales”.

La reciente detención arbitraria de nuestro compañero ilustra la materialización del estado de derecho burgués dirigido por los políticos de oficio amparados en las siglas del MORENA, de la “4T”; como se observa, es un acto violento planeado desde los escritorios gubernamentales, así se objetiva la ignominiosa práctica de los lineamientos contrainsurgentes que implica el seguimiento policíaco-militar de quienes integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

El monopolio de la violencia ejecutada a través de las fuerzas policíaco-militares tiene el objetivo inherente de defender los intereses del capital, esta premisa no hay modo de ocultarla, los diversos escenarios represivos lo demuestran, no es fortuito que en la entidad ahora se registre un aumento estrepitoso de víctimas, por tanto, no hay duda alguna en afirmar que el gobierno actual le da continuidad al terrorismo de Estado como política de gobierno.

La violencia institucional que ejecuta en la entidad el gobierno el Rutilio Escandón Cadenas tiene su origen en las estructuras gubernamentales. Desde esas instancias mantiene a hombres especializados para reprimir, para proteger la propiedad privada, resguardar la circulación de mercancías en calles y carreteras de la entidad, para intimidar y detener el desarrollo de la organización del pueblo.

Las fuerzas represivas no actúan por sí solas, ni de manera espontánea o por ser sujetos corruptos, son parte de todo el andamiaje represivo que, por cada crimen que cometen, la responsabilidad en cadena de mando nos conduce a sus superiores, los cuales, son los que planean y diseñan sus lineamientos represivos contra el conjunto del movimiento popular, es ahí donde definen a quién detener, torturar o cometer graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la víctima.

La detención de nuestro compañero Armando prueba la perversidad del seguimiento policíaco-militar contra el FNLS, el autoritarismo del gobierno chiapaneco, su actitud reaccionaria e indolente a reconocer el origen de su ofensiva represiva contra nuestro proyecto político, se empecina en evadir que fueron ellos quienes iniciaron la andanada violenta contra nuestro derecho a la protesta al desaparecer de manera forzada a nuestro compañero Javier González Díaz.

El desbordamiento de la violencia institucional contra el conjunto del movimiento popular y en particular hacia el FNLS reside en este fenómeno, el inocultable interés del gobierno chiapaneco por detener el descontento popular, evitar que las masas trabajadoras arriben a la ingente necesidad de adquirir conciencia de clase proletaria, procura crear una imagen humana del gobierno, sin embargo, de ello resulta una actitud falaz, la mentira es un rasgo de las autoridades estatales, como lo fueron los sexenios del PRI, PRD y PVEM.

Infundir terror en el pueblo chiapaneco es una política perversa del Estado para facilitar la ejecución de los planes oligarcas en el sureste. Las pruebas las podemos constatar en las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, graves violaciones a los derechos humanos.

Fenómenos por los cuales guardan silencio el Ejecutivo estatal, el secretario de gobierno y el Fiscal general del estado, pero, cuando se trata de criminalizar a los sectores populares organizados la violencia en sus diferentes modalidades se ejecuta sin importarles su derechos y libertades políticas, incluso Llaven Abarca goza de impunidad al asumirse como funcionario público cuando éste pesa en su historial criminal como ejecutor de la tortura.

La organización independiente es objeto de la violencia de Estado, éste es el instrumento de dominación de una clase sobre otra, a través de la represión, el cometido de graves violaciones a los derechos humanos o la legalidad para justificar su pérfido actuar y mantenerse como fiel sirviente a los intereses empresariales.

Por enésima ocasión reafirmamos, la violencia emana del Estado, es éste quien tiene el monopolio, en cambio, el pueblo organizado de manera independiente ejerce su derecho a la protesta, a emitir su descontento por la vía de los hechos a manifestar sus exigencias, es el gobierno mismo el responsable de provocar el descontento popular por su actitud servil a los planes empresariales y no a los del pueblo.

El pueblo tiene el derecho a organizarse y a protestar mediante acciones políticas de masas, es la creatividad del pueblo la que emerge ante un gobierno represor, autoritario, indolente y proempresarial, la realidad de pobreza, miseria y atropellos contra las masas proletarias constituyen razones para mantener en alto las banderas de la lucha independiente y combativa.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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