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Tinta Socialista No 98. La continuidad de la represión no es un sofisma, es una realidad que se comprueba diariamente en todo el territorio nacional

Lunes 7 de octubre de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 6 de octubre de 2019

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La represión como política de gobierno se mantiene presente en la coyuntura actual denominada la “cuarta transformación”; sus efectos son más visibles en aquellas entidades las cuales están gobernadas por el mismo partido político encumbrado en la titularidad del Ejecutivo federal. Chiapas es el caso particular que se coloca como botón de muestra de un fenómeno que ya es generalizado en la actualidad.

La existencia de presos políticos es una realidad que no puede ser negada, a pesar de la promesa de que no habría más represión y no se utilizarían las medidas coercitivas para “castigar” la protesta popular, nuestros compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez son el fiel testimonio de la continuidad de esta política criminal.

Las “pruebas” que utiliza la Fiscalía General del Estado (FGE) para incriminar a nuestros compañeros son obtenidas de fuentes dudosas, son “testimonios” de elementos policíacos municipales y estatales quienes fungen desde siempre como punta de lanza de la represión y de la política de espionaje al interior de las comunidades que se organizan y luchan por el respeto del derecho a la posesión colectiva de la tierra.

No hay duda de que estamos ante una ofensiva represiva por parte de las autoridades gubernamentales, no sólo contra el FNLS sino contra todo el conjunto del movimiento popular. Son múltiples las víctimas, el fiel testimonio de esta realidad lacerante, más de un centenar de presos políticos, más de una decena de ejecutados extrajudicialmente y más de cinco millares de desplazados de manera forzada.

La “mesa de seguridad” conformada por autoridades federales y estatales, tanto civiles como militares, es el mecanismo por el cual se planifica y ejecuta la represión, es el escritorio por donde pasa la orden de cometer múltiples violaciones a los derechos humanos. Es ahí donde se define la reactivación de grupos paramilitares para tratar de mantener impunes las insignias de las corporaciones policíacas sobre las cuales pesan incontables denuncias de ser quienes objetivan el terrorismo de Estado.

Resulta un eufemismo sostener que en el país fue erradicada la práctica fascista de la tortura, en tal supuesto las denuncias que existen al respecto serían un invento de las organizaciones populares, las víctimas que sobrevivieron a este atroz tormento son unos charlatanes.

No sorprende que esas declaraciones fueran ampliamente difundidas en algunos medios de comunicación, donde se colocó en tela de juicio la denuncia de organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones populares y familiares sobre el hostigamiento a comunidades organizadas fuera de los marcos corporativizantes del Estado mexicano, declaraciones donde sin el menor pudor se les tildó de “mentirosos”.

La confianza depositada, donde el gobierno federal pide al pueblo que la extienda hacia las fuerzas armadas es un absurdo, tal maquinación simplemente es inadmisible dado que son estos mismos quienes objetivan la represión, fueron remozadas con nuevas insignias, otros aditamentos, pero conservan la esencia criminal que las distinguió en administraciones anteriores, el sello profascista que identifica a los cuerpos represivos en un régimen basado en la explotación.

Chiapas es el botón de muestra de lo que acontece en todo el territorio nacional, en esta región del país se encuentra el centro de la estrategia del desarrollo económico que plantea el gobierno federal, por ello no es inusual que sea aquí un punto donde ahora se centra la expresión más nítida de la política de represión con el cometido de múltiples crímenes de Estado.

No es que las organizaciones supongan que existe un escenario de represión que no corresponde con la realidad o que sea un acto de intransigencia con el único propósito de “provocar” al gobierno federal. La realidad es que la represión se encuentra como un mal enquistado en las entrañas de las instituciones que no es posible erradicarlas con sentencias moralinas y judeocristianas.

Sugerir que la protesta y movilización popular corresponde a lo “bien o mal” portados de las organizaciones de las masas trabajadoras es pretender eliminar el carácter político de las acciones políticas de masas, corresponde a una visión maniquea de que únicamente hay dos opciones, quienes se portan bien y quienes se portan mal, en tal condición, aquellos que aceptan pasivamente la represión y voltean la mejilla para recibir una y otra vez el flagelo de los embates del Estado son las “organizaciones bien”.

Por qué no invertir la fórmula, por qué obcecarse en mantener que el origen de la violencia es el pueblo que lucha por ponerse a salvo de un gobierno que tiene la patente de ejercer la violencia, por qué la terquedad en insistir en que el origen de la pobreza en México es de orden moral y no económico.

La pobreza y miseria en Chiapas no fue provocado por funcionarios que hicieron de la corrupción una forma de gobierno, el origen es que desde los diferentes gobiernos que estuvieron al frente del ejecutivo estatal favorecieron a una minoría rapaz producto de las leyes socioeconómicas de desarrollo capitalista dentro de una fase de acumulación y centralización de capital.

En su momento fueron caciques y ganaderos los congraciados por la política de gobierno, hoy son empresarios del ramo agroindustrial, extractivo, entre otros, quienes fincan la motriz de sus negocios sobre la sangre del pueblo trabajador. Son demasiadas coincidencias para suponer que la violencia es un fenómeno casual en los espacios donde el capital finca su desarrollo.

Nadie quiere dudar de manera mecánica de los dichos de la voz oficial, pero para que estos criterios sean certeros deben tener correspondencia con la realidad, y si ésta es de la continuidad de crímenes y de represión, de qué manera pedir al pueblo que mantenga el sentimiento esperanzador de que “algún día se verá el cambio”.

Los actos pomposos de combate a la corrupción no dejan de ser eventos con cierto dejo de show mediático, porque mientras existe la simulación del castigo a los desfalcos al erario, quién va a castigar a quienes causaron graves daños al pueblo trabajador, quién asumirá la responsabilidad del cometido de múltiples crímenes de Estado que enlutó a miles de hogares y enlutó a millones de familias.

¿De qué lado está el conservadurismo? En aquellos que suponen que con sentencias moralinas la pobreza podrá ser paliada, en quien sugiere que la solución a los males de México es “portarse bien”. Negar la realidad con elucubraciones subjetivistas no redunda en soluciones precisas que demanda el pueblo, los estímulos económicos que emana del plan de gobierno únicamente representan placebos que administran la pobreza y miseria.

El pueblo tiene el deseo de que las cosas sean diferentes, pero queda cada vez más claro que estas modificaciones no vendrán de quienes conforman los diferentes gobiernos. Por mucho que insistan en gobernar para los pobres, queda claro que para ser escuchados los explotados y oprimidos deben desarrollar diversas jornadas de lucha, no es tan fácil como hacer llegar una invitación para una comida.

La represión es una realidad galopante a nivel nacional, en ella no se distingue si la orden es federal o estatal, para las masas trabajadoras sus efectos deleznables son plausibles. Lo que hasta ahora se observa es un silencio por lo menos omiso cuando no cómplice, distintos funcionarios federales se encargan de cerrar filas con gobiernos francamente represores como el de Chiapas, de tal manera que, si no hay total connivencia de toda la administración federal, sí lo es de una parte de sus representantes.

A quienes conformamos el FNLS se nos reprime por formar parte del movimiento independiente, porque sostenemos la alternativa de la superación cualitativa del régimen, porque mantenemos la lucha por el socialismo como única vía posible para erradicar los males que engendra el capitalismo, porque exigimos alto a los crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Nuestros compañeros Javier y Armando siguen presos por su forma de pensar, por su pertenencia a una organización política de masas independiente. Ninguna acusación creada por versiones policiacas tiene fundamento en la realidad, pero la ley no está para defender al pueblo, ésta se tuerce para favorecer al amo empresario.

Son casi tres meses de la injusta reclusión de nuestro compañero Javier, el mismo que se sostiene una injusticia con diversos artificios leguleyos, no existe diferencia sustancial con el caso del compañero Armando, carpetas de investigación con tantas inconsistencias y fundamentadas en toda una serte de infundios y calumnias.

El FNLS no cejará en la denuncia de la existencia y continuidad de la represión, las diferentes organizaciones y colectividades que conformamos este esfuerzo organizativo seguiremos en lucha para lograr la libertad de nuestros compañeros, cada uno con su iniciativa contribuirá para desenmascarar la esencia represiva del régimen hasta generalizar la necesidad de luchar por el socialismo en nuestro país.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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