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Inicio de la gira nacional contra la represión y el terrorismo de Estado

Martes 1ro de octubre de 2019, por Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 1 de octubre de 2019

A los medios de comunicación nacional e internacional

A las organizaciones populares, democráticas e independientes

Al pueblo en general

En Chiapas se aplica la política de terrorismo de Estado hacia el conjunto del movimiento popular, y de manera particular contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que se materializa en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e injustas, despojo de tierras y tortura, que en su conjunto expresan continuidad de dicha política implementada en sexenios anteriores.

Los responsables inmediatos de la violencia en Chiapas están al frente del gobierno de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas como gobernador; Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno; Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado y Oscar Trinidad Palacios del Tribunal Superior de Justicia, políticos de oficio que se amparan en la bandera de la cuarta transformación (4T) y del partido político en el poder para concretar actos represivos de toda índole y salvaguardar intereses empresariales.

Las mesas de seguridad que encabeza el gobierno estatal en conjunto con los mandos policiacos y militares representan una junta de planeación militar para ejecutar la represión y el cometido de todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Bajo el sofisma de velar por la seguridad del pueblo, refuerzan la militarización y con ello incrementan la represión y los crímenes de Estado. El objetivo de la continuidad del terrorismo de Estado es frenar el avance del movimiento popular y la exigencia de justicia para las víctimas de esta política.

El clima de violencia que se vive en el estado de Chiapas es producto de la planeación de dichas mesas de seguridad, que materializan los diferentes cuerpos policíacos, militares y paramilitares contra el pueblo organizado y no organizado, y que se intensificó a partir del arribo de la administración del actual gobernador Rutilio Escandón. Personaje de linaje caciquil, arraigado a los intereses empresariales del sureste del país, cobijado por la administración federal y el slogan de la cuarta transformación.

Por ello, el gobierno federal es parte de esta violencia y su pretensión de deslindarse de este contexto de represión y crímenes de lesa humanidad resulta demagógico, alienta la impunidad y cierra el camino de la justicia para las víctimas. Hoy como ayer, las fuerzas policíaco militares, bajo la figura de la Guardia Nacional (GN), son parte activa de cada acto represivo.

Informes de organismos de derechos humanos han podido documentar una parte de la violencia durante los primeros nueve meses que lleva la presente administración morenista en Chiapas: nueve casos de ejecución extrajudicial, cuatro casos de desaparición forzada, miles de hectáreas despojadas a campesinos pobres y proletarios, más de cuarenta colonias populares y ejidos desalojados, más de 190 personas encarceladas de manera arbitraria e injusta, tres casos de tortura y cinco casos de intento de ejecución extrajudicial, cifras de por sí alarmantes que reflejan la intensidad de la violencia gubernamental en la entidad.

El FNLS, como parte del conjunto del movimiento popular e independiente, es víctima de esta política represiva, en unos cuantos meses de gobierno se ejecuta contra nosotros actos de hostigamiento y crímenes de lesa humanidad, con el claro objetivo de hacer que desistamos en la exigencia de nuestras demandas, se nos castiga por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país y en específico de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por desenmascarar el carácter represivo del Estado, por luchar por nuestros derechos como pueblo trabajador.

Una campaña represiva que se expresa en los siguientes casos:

- 5 de marzo, allanamiento de morada y hostigamiento contra la presidenta del Comité Popular de Defensa de los Derechos Humanos (COPODH) Cecilia López Pérez, en San Cristóbal de las Casas.
  3 de mayo de 2019, incursión paramilitar de Los Petules con el objetivo de masacrar a los compañeros del ejido El Carrizal municipio de Ocosingo.
  18 de junio de 2019, asesinato político de nuestro compañero Mario Moreno López en la comunidad 20 de Junio del municipio de Venustiano Carranza.
  17 de julio de 2019, desaparición forzada, tortura y detención arbitraria del compañero Javier Gonzales Díaz en el municipio de Las Rosas.
  18 de julio de 2019, intento de ejecución extrajudicial contra Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sánchez en el ejido Las Perlas, municipio de Altamirano.
  18 de julio al 7 de agosto cerco policíaco militar e intentos de desalojo, de agresión y de detención masiva contra las comunidades Ejido Nueva Altamira, municipio de Acala, 20 de Junio, municipio de Venustiano Carranza, Rio Florido, municipio de Ocosingo y Ejido Las Perlas, municipio Altamirano.
  16 de agosto de 2019, intento de ejecución extrajudicial contra Delmar Eduardo Pérez Urbina, en la colonia popular Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
  28 de septiembre de 2019, detención arbitraria de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez en el municipio de Chiapa de Corzo.

Sumado a múltiples actos de amenazas, persecución política y hostigamiento contra los integrantes del FNLS

A estos deleznables hechos se suma una fuerte campaña de criminalización por parte del Estado hacia nuestra organización, con el objetivo de justificar la violencia contra nosotros. Desde diversos medios de comunicación, el gobierno chiapaneco orquestó y costeó múltiples señalamientos y calumnias para criminalizar la protesta popular y justificar su accionar represivo.

Parte de esta ofensiva es la existencia de más de 135 carpetas de investigación, que el propio gobierno ha hecho públicas, que constituyen expedientes incriminatorios armados desde la Fiscalía General del Estado, cuyo actual promotor es Jorge Luis Llaven Abarca, un funcionario que pesa en su historial innumerables violaciones de derechos humanos y en particular actos de tortura, no es casual que en el argot periodístico sea conocido como el fiscal asesino.

La violencia que vivimos en la entidad proviene del Estado, es organizada y dirigida por una junta militar disfrazada de gobierno democrático. Ante esta realidad el pueblo tiene el derecho legítimo y constitucional a organizarse de forma independiente y combativa, a defenderse de la violencia de Estado con medidas de autoprotección jurídicas y políticas, con acciones políticas de masas que logren resguardar la integridad física y psicológica del pueblo organizado. No podemos cruzarnos de brazos cuando enfrente tenemos los intentos gubernamentales por reprimir y negar nuestros derechos fundamentales.

Por diversas vías intentamos hacer valer nuestros derechos y exigir justicia, sin embargo, hasta la fecha no existe voluntad política del gobierno estatal para atender nuestras demandas, actitud que retoma el gobierno federal. De nuestra parte han sido varias las muestras de voluntad política, a lo que el Estado ha respondido con dilación, indiferencia, indolencia y más represión.

Una muestra clara es el caso de Javier Gonzales Díaz, detenido injustamente en el CERSS no. 5 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se le crea una carpeta incriminatoria con múltiples inconsistencias. Jurídicamente no hay razón para mantenerlo detenido, por lo que se entiende que las motivaciones del Estado son políticas. Nuestro compañero es un rehén político para que nuestra organización desista de la lucha por la exigencia de justicia a las víctimas del terrorismo de Estado.

Ante la cerrazón de los cauces políticos por parte del gobierno del estado de Chiapas y el interés de mantener su política represiva, sumado a la indiferencia y dilación del gobierno federal al asumirse como mediadores bajo una actitud pasiva ante el cometido de los crímenes de lesa humanidad, nos vemos en la obligación de mantener las acciones políticas de carácter independiente y combativo, es más que necesario desarrollar la denuncia para evitar futuros baños de sangre.

No podemos quedarnos callados ante la actitud del Estado mexicano, hoy las víctimas del terrorismo de Estado alzan nuevamente la voz, señalan a los responsables de su condición y con firmeza exigen justicia. Demuestran que los intentos por doblegar la voluntad de lucha del pueblo se anulan con la combatividad y firmeza.

Hoy damos inicio a la gira nacional contra la represión y el terrorismo de Estado, en el que exigimos el alto a la represión en el estado de Chiapas, la libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros Javier Gonzales Díaz y Armando Hernández Sánchez, presos políticos juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y presentación con vida de los detenidos desaparecidos del país.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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