¿Cuándo el gobierno actúa tan rápido cuando se trata de una injusticia cometida contra el pueblo?

Acala, Chiapas. 1 de octubre de 2019

Al pueblo en general

El día 28 de septiembre de 2019 es detenido de forma arbitraria e injusta en la ciudad de Chiapa de Corzo nuestro compañero Armando Hernández Sánchez de 32 años originario de la comunidad organizada ejido Nueva Altamira del municipio de Acala, Chiapas.

Lo detuvieron a las 2 pm al salir de su trabajo en una obra de construcción en el barrio Santa Elena, lo golpean en la nuca, la espalda y el riñón; de forma inmediata lo trasladan al Amate, centro penitenciario de Mediana Seguridad en la ciudad de Cintalapa. ¿Cuándo el gobierno actúa tan rápido cuando se trata de una injusticia cometida contra el pueblo? Su respuesta es la burla y la dilación. Pero si los empresarios, dueños del dinero, le dicen que reprima al pueblo, los “encargados de la ley” actúan de forma inmediata.

Armando Hernández Sánchez es padre de 4 hijas menores de edad, campesino, maestro albañil, luchador en defensa de los derechos del pueblo y por el socialismo, es por eso que el gobierno de Chiapas, bajo la careta del partido electoral MORENA, lo detiene de forma arbitraria e injusta.

Su actual condición de preso político, en tiempos de la cuarta transformación, es parte de la ofensiva represiva que el gobierno inició contra las organizaciones populares y en específico contra nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Las acciones políticas que realizamos en los meses de junio-julio respondieron a la violencia que el Estado ejecutó contra nosotros, por la desaparición forzada, tortura y posterior encarcelamiento injusto de nuestro compañero Javier Gonzales Díaz el 17 de julio; el intento de ejecución extrajudicial de dos de nuestros compañeros de las Perlas, municipio de Altamirano, donde un funcionario de gobierno les disparó mientras realizaban una actividad política de denuncia; el intento de desalojo violento de nuestras comunidades organizadas en los municipios de Acala, Altamirano, Ocosingo y Venustiano Carranza, donde el gobierno concentró cerca de 10 mil elementos policíacos militares, entre policías municipales, estatales, federales y Guardia Nacional con un gran número de armas de alto poder y vehículos de asalto, frente a pueblos organizados, humildes y trabajadores, con la clara intención de despojar las tierras y ejecutar un baño de sangre.

La intención del Estado es que desistamos en la lucha por los derechos del pueblo, que dejemos de alzar la voz en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, libertad a los presos políticos y alto a la violencia contra el pueblo.

La actual condición de nuestros compañeros Javier y Armando se debe a la intención del gobierno por parar la organización popular e independiente. Nuestros compañeros son rehenes políticos, un “castigo” del Estado por desenmascarar la continuidad de la política del terrorismo de Estado en México, la intensificación de la militarización que trae consigo el cometido de mayores crímenes de lesa humanidad.

Por ello, desde los medio de comunicación pagados por el gobierno, nos quieren señalar como delincuentes. Luchar por hacer valer nuestros derechos a una vida digna, a un lugar donde trabajar, a un pedazo de tierra para desarrollarnos de forma colectiva, por justicia para las víctimas de la violencia del Estado, por defendernos de esa violencia y evitar mayores crímenes no nos convierte en delincuentes.

Los verdaderos delincuentes son los que desde las estructuras del Estado ejecutan extrajudicialmente al pueblo, lo detienen desaparecen, encarcelan de forma injusta, torturan y desalojan al pueblo, el delincuente es el que a diario nos roba nuestro trabajo y nos condena a vivir con un mísero salario, el que promueve la descomposición, los que dividen al pueblo y nos echan a pelear entre hermanos de clase, los que únicamente busca llenarse las manos de riqueza a costa del sudor y la sangre de millones de mexicanos. Ellos son los responsables de la violencia contra el pueblo trabajador, y ante esto tenemos el derecho constitucional a organizarnos y defendernos de las agresiones que ejecuta el Estado.

Por ello, exigimos la liberación inmediata e incondicional de nuestros compañeros Javier Gonzales Díaz y Armando Hernández Sánchez presos políticos de la 4T, y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de los miembros del FNLS y de las organizaciones hermanas ¡No más presos políticos en el país!

¡Alto a la represión en el estado de Chiapas!
¡Presos políticos libertad!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo