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El pueblo tiene derecho a organizarse, a la protesta, a defenderse cuando existe un gobierno represor

Martes 17 de septiembre de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 17 de septiembre de 2019

Al pueblo en general

Las masas trabajadoras tienen el derecho a organizarse fuera de los marcos corporativos del gobierno mexicano, máxime cuando a éstos los identifica una política represiva como en el estado de Chiapas, entidad donde se manifiesta claramente la actitud de los políticos de oficio encumbrados en las instituciones del Estado para ejercer la violencia institucional contra el conjunto del movimiento popular, por esto, un pueblo que es reprimido tiene el derecho a la protesta.

El pueblo organizado tiene derecho a protestar en sus múltiples formas metodológicas cuando la violencia desenfrenada y el terrorismo de Estado transgreden los derechos a la vida, al trabajo, a una vida digna, en sí, los derechos y libertades políticas establecidas en la Constitución y en organismos internacionales en materia de derechos humanos. Las masas organizadas tenemos el inalienable derecho de recurrir a medidas de protección colectiva para garantizar nuestra integridad física y psicológica.

Los diversos escenarios represivos ocurridos recientemente en Chiapas son la evidencia del carácter represivo del gobierno en esa entidad federativa; hechos donde se observa la mano represora de funcionarios públicos, agentes y políticos de oficio; el pueblo mismo es testigo del carácter autoritario, antipopular, profascista y proempresarial de la actual administración cuando ejerce el derecho a protestar. Rasgos caracterizan a quienes dirigen la vida política y económica en Chiapas, revelan que en ellos estriba la génesis de la violencia institucional en aras de favorecer los intereses empresariales.

En nuestro caso, como organización popular e independiente, un ejemplo evidente de esta política represiva y criminal es la desaparición forzada de nuestro compañero Javier y su posterior presentación con vida, con evidencia claras de tortura, lo que derivó en su detención ilegal en el CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; ésta práctica fascista es una muestra que desde la institucionalidad se violan los derechos humanos contra el pueblo organizado, con la intención de generar un ambiente de terror, linchamiento mediático para justificar la criminalización de la protesta popular y cometer graves violaciones a los derechos humanos.

En la medida que Javier sigue en injusta reclusión y que sobre el FNLS pende la amenaza de hacer efectiva las carpetas de investigación, en esa misma medida la protesta tiene razón de ser, porque la reclusión del compañero es ilegal, injusta, las claras violaciones al debido proceso prueban el carácter eminentemente político de su detención, por tanto, es una razón que fundamenta sin lugar a dudas la necesidad de ejercer nuestro derecho a la manifestación.

El gobierno de Chiapas está conformado por hombres instruidos en las instituciones del régimen con un largo historial criminal, quienes se amparan en su institucionalidad para cometer violaciones a los derechos humanos. La continuidad de la represión en esta entidad expresa la existencia de un gobierno representado por criminales, sobre quienes pesan incontables denuncias del cometido de tortura, violaciones graves a los derechos humanos, tales como Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca.

No hay manera de ocultar lo inocultable, pese al optimismo y demagogia de Rutilio Escandón Cadenas con su discurso trillado de garantizar la paz y tranquilidad de los chiapanecos, los recientes hechos represivos prueban que su gabinete lo conforman criminales, sujetos obcecados que, a punta de fusiles, toletes, gas lacrimógeno imponen el estado de derecho, al mismo tiempo, los responsables de violar su propio marco jurídico.

Las diferencias son de matiz, pero la violencia contra el pueblo prueba que, hasta hoy, la represión en el caso chiapaneco es política de gobierno. En el sexenio anterior denunciamos en repetidas veces el caso de los compañeros Fidencio Gómez Sántiz (detenido desaparecido de manera forzada), Humberto Morales Sántiz (ejecutado extrajudicialmente), Mario Moreno López (ejecutado extrajudicialmente), Javier González Díaz detenido arbitrariamente, hostigamiento, amenazas, intento de desalojos, intentos de ejecución extrajudicial contra integrantes de nuestro proyecto político.

Se suman los actos de hostigamiento con drones en diferentes comunidades como Río Florido, Las Perlas, Nueva Altamira, Las Palomas, Petalcingo municipio de Tila, lugares donde tenemos presencia y arraigo, este asedio contra el FNLS fundamenta la necesidad del despliegue de acciones políticas de masas para la defensa de nuestros derechos y libertades políticas, entre éstas la protección de nuestro derecho a la vida.

Forzados por la represión, autoritarismo e indolencia del gobierno chiapaneco, el FNLS decide realizar un plantón en la Ciudad de México para denunciar ante el pueblo la cantidad de atropellos cometidos contra nosotros como la reclusión ilegal de nuestro compañero Javier y la criminalización de la protesta popular materializada con la amenaza de ejecutar más de un centenar de carpetas de investigación.

Dilación, falta de seriedad en el diálogo, indolencia, hostigamiento policíaco-militar, fueron la constante durante nuestra estancia frente a Palacio Nacional, empero, es una actitud que una y otra vez demuestran la pretensión del Estado en doblegar nuestra decisión de luchar y evitar nuestro derecho a disentir.

Ante la indolencia y falta de voluntad política de los funcionarios públicos, el plantón se levantó en tanto no existió la voluntad del gobierno del estado, obcecado en su necedad represiva y naturaleza fascista, porque intentó condicionar la libertad de Javier a cambio de callar nuestras voces de protesta y exigencia de justicia.
La determinación levantar el plantón también fue en la medida que el gobierno federal no tomó cartas en el asunto y no dio muestras concretas de resolver la situación promovida por instituciones identificadas por su mismo partido en este caso, en el estado de Chiapas, por ende, se convierte en cómplice por omisión y comisión.

Independientemente del origen de los políticos de oficio que hoy conforman la administración chiapaneca, hoy todos ellos son distinguidos por el partido que los encumbró en el poder, por MORENA, por tanto, razones morales y políticas apelan a su estructura nacional tomar cartas en el asunto, sin embargo, persiste la dilación.

Rutilio Escandón Cadenas, Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca, fueron formados en el PRD, PRI y Partido Verde Ecologista de México, la génesis de su vocación demagógica, criminal, autoritaria la encontramos en ese pasado tocado por formas políticas propias de los hombres del régimen de explotación y opresión.

MORENA hoy escribe su historia como un partido político que se distingue por la represión y el cometido de crímenes de lesa humanidad en Chiapas, quienes gobiernan la entidad amparados en esas siglas, dan paso a la criminalización, reprimen al conjunto del movimiento popular, minan el derecho legítimo de manifestación del pueblo. La “cuarta transformación” en Chiapas tiene al primer preso y rehén político: Javier González Díaz, integrante del FNLS.

Los diputados y senadores de este partido asumen una actitud indolente ante los problemas que aquejan las comunidades en Chiapas y los crímenes cometidos contra el conjunto del movimiento popular, toda vez que se buscó comunicación con ellos y no hubo respuesta, por tanto, el mutismo en torno a dicha situación los hace cómplices.

Pese a los intentos del Estado por doblegar y condicionar nuestro derecho a manifestarnos, no desistiremos de nuestro derecho a la protesta, la causa de la violencia es el Estado no el pueblo, fue el gobierno chiapaneco con su vocación criminal el responsable de que la situación que se vive en Chiapas escalara en magnitud la problemática. Ante ello, el FNLS dará paso a la creatividad e iniciativa popular en correspondencia al tamaño de la represión, será la necesidad de recurrir a nuestro derecho a la manifestación y los mecanismos de protección colectiva para garantizar la integridad física y psicológica de quienes integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Atentamente

¡Libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Javier González Díaz!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del país!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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