Confía diputado del PRD en que se apruebe iniciativa de ley sobre desaparición forzada

El diputado local del PRD Eleazar Aparicio Tercero aseguró que en caso de que los integrantes de la 72 Legislatura aprueben la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, el fenómeno podrá ser “detenido” en el estado.

“La desaparición forzada ha sido una táctica del gobierno desde hace varias décadas, incluso en muchos casos se ha llegado a intimidar a la sociedad para que haga uso de su libertad de asociación o para que no se organice en contra de las decisiones de un gobierno”, señaló.

La iniciativa de ley fue presentada por el perredista en sesión plenaria del Congreso del Estado y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis, discusión y posible aprobación antes de ser regresada al pleno para su votación.

“Debe servir porque todos los involucrados serán sancionados, ya sea por omisión o por su participación, pero sobre todo en el tema de la reparación del daño de quienes han sufrido estos atentados; creo que debe servir en mucho que el gobernante no tenga la idea de coaccionar la libertad ideológica o el pensar distinto”, consideró.

Mencionó que la iniciativa responde a una necesidad de “armonizar” las leyes estatales con las nacionales y con los tratados internacionales que ha signado el país; además, “no se tiene por qué violar por el Estado las libertades de los ciudadanos como la ideológica, libre asociación y libre acción”.

“Hay acuerdos internaciones que ha firmado México desde 1969 y han sido ratificados por el Senado de la República desde el 2002, por lo tanto, lo que buscamos con esta ley es una armonización de nuestras leyes con las nacionales e internacionales”, insistió.

Aparicio comentó que las sanciones para los funcionarios públicos que participen en desapariciones forzadas son de 10, 15, 25 y hasta 30 años de cárcel, además de la reparación del daño; sin embargo, aclaró que la penalidad dependerá del nivel de la participación de los funcionarios públicos.

La iniciativa precisa en su exposición de motivos que la desaparición forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad, ya que es un crimen perpetrado con todas las ventajas que da el poder y que no se limita a combatir a la insurgencia, sino que tiene por objeto aterrorizar a la población de una región, por lo que se considera un delito de Estado, planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por funcionarios.

En la actualidad, sólo en 12 de las 32 entidades federativas se tiene tipificada la desaparición forzada: Distrito Federal, Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Baja California, Colima, Coahuila y Puebla. La figura jurídica aparece también en el artículo 215 del Código Penal Federal. En Michoacán, a pesar de ser una demanda histórica y plenamente vigente, no se ha concretado ninguna ley o tipificación al respecto.

La desaparición forzada vulnera sistemáticamente una pluralidad de derechos humanos tales como la libertad, la integridad personal, la vida, así como garantías judiciales, entendiendo que estos derechos son los bienes más preciados en nuestra sociedad y que el Estado está obligado a promover y proteger.

El proyecto de ley presentado por el diputado local del PRD fue “comentado, fortalecido y respaldado” por instituciones defensoras de los derechos humanos como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las organizaciones sociales Fundación Diego Lucero y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.