Familiares de desaparecidos en el estado denuncian hostigamiento de fuerzas policiales y castrenses

Integrantes del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” aseguran ser objeto de hostigamiento por parte de elementos castrenses, de las policías federal y estatal, así como de “grupos particulares” y hasta funcionarios públicos, por lo que advierten que las desapariciones forzadas, lejos de ser “efectos colaterales” del combate a la delincuencia, forman parte de “una política de Estado en contra del pueblo”.

Cristina Paredes Lachino, miembro de “Hasta Encontrarlos” e hija del defensor de derechos humanos desaparecido presuntamente por el Ejército Mexicano Francisco Paredes Ruiz, abundó en su percepción de que hay un ataque sistemático orquestado por el Estado: “aunque supuestamente se dice que es una guerra contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico, los casos están documentados y son desapariciones forzadas por motivos políticos o sociales; porque de todas las personas desaparecidas ninguno es delincuente, todos son defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales”.

Añadió que desde 2006 a la fecha el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha documentado 140 casos de desapariciones forzadas, aunque según cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las denuncias por desapariciones forzadas en el estado son más de 643, lo que representa –señaló– sólo el 20 por ciento del universo total de los casos, ya que más del 80 por ciento de estos casos no son denunciados por miedo a represalias.

“Ninguno ha regresado”

Entre estos casos figura la desaparición de Pedro Jiménez Barajas, un jóven quen fue raptado de la colonia Tierra y Libertad de Morelia el 15 de junio del 2011; no ha regresado, igual que 17 jóvenes más que desaparecieron desde esa fecha entre la colonia Tierra y Libertad y Eduardo Ruiz.

“Hubo muchas desapariciones en esos días, iban carros o camionetas de vidrios polarizados, los agarraban, los aventaban para adentro y se los llevaban y ya nadie los volvía a ver”, aseguró María Elena Barajas Mejía, quien además narra que luego de la desaparición de su hijo y de denunciar en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el menor de sus descendientes iba a ser raptado fuera de su casa.

Ninguno ha regresado; todos tenían entre 17 y 26 años, a algunos se los llevaron entre seis y siete de la tarde, otros en la mañana. La denuncia está puesta ante la PGJE pero más que dar respuesta, señaló María Elena Barajas, “en la Procuraduría lo tratan de intimidar a uno, porque dicen: ¿‘y tiene más hijos’? Y sí, tengo otro chamaco que trataron de llevárselo también”.

El delito de desaparición forzada no está tipificado como tal en el estado, por ello muchos de los casos quedan archivados como privación ilegal de la libertad o como extravíos y no como secuestro o desaparición, por lo que las investigaciones quedan limitadas por el tiempo en que prescriben delitos de esta naturaleza; en cambio, si se tipificara la desaparición forzada no prescribiría, hasta la aparición de la persona viva o muerta.

Paredes Lachino dijo que será complicado que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de Ley de Desapariciones Forzadas, ya que “sería reconocer su responsabilidad (del Estado) en las desapariciones forzadas. Porque no únicamente quien los desaparece es culpable, sino en este caso quien hace oídos sordos puede ser enjuiciado por omisión de un crimen tan grave”.

Y aunque no se tenga respuesta de las autoridades, como ha sucedido con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien a decir de las defensoras de derechos humanos ha recibido ya dos llamamientos de Amnistía Internacional para esclarecer el caso de la desaparición de Moisés Orozco Medina, Leonel Orozco Medina y Leonel Orozco Ortiz, hermanos y padre de Laura María Orozco Medina, y no ha habido respuesta.

Los integrantes de estas organizaciones y Laura María Orozco Medina sostendrán el próximo 21 de septiembre una audiencia con el mandatario estatal para pedirle que dé respuesta a los llamados de Amnistía Internacional y pedirle que no descansen las investigaciones para encontrar a sus familiares desaparecidos. Esta audiencia será monitoreada por organismos internacionales defensores de derechos humanos y organizaciones sociales de la entidad.