La existencia de miles de detenidos desparecidos no es una herencia dolorosa es una política de gobierno sistemática que se ejecutó de manera generalizada y transexenal

Ciudad de México a 30 de agosto de 2019

A los medios de comunicación nacional e internacional
A las organizaciones independientes
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, una grave violación a los derechos humanos que violenta múltiples derechos elementales de la víctima directa y de sus familiares; señalar que este crimen tan deleznable es una herencia dolorosa de administraciones pasadas quita la esencia del fenómeno, porque éste hecho tiene sus orígenes en la violencia institucional y el terrorismo de Estado que permanece como política de gobierno.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido en el mundo, fecha histórica que las organizaciones que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Comités de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos reivindicamos para rememorar a todas las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado, que lesionan a la humanidad en su conjunto por tratarse de una práctica fascista de gobiernos autoritarios y represivos como política de gobierno para intentar contener la lucha organizada del pueblo y tratar de acallar las voces de protesta.

En México desde los años sesenta del siglo pasado, el gobierno mexicano a través de sus agentes perpetra esta práctica inhumana; política de gobierno que persiste sin que las buenas intenciones sean capaces de erradicar este flagelo. Las desapariciones forzadas son sistemáticas, generalizadas y transexenales, independientemente de quien ocupe la silla presidencial, su cometido permanece allende los límites sexenales.

La administración actual de Andrés Manuel López Obrador reconoce la existencia de más de 40 mil víctimas de desaparición forzada, no obstante, la cifra resulta mínima ante la magnitud del fenómeno, hecho que durante los últimos tres sexenios panista y priista incrementaron de manera exorbitante y que estas administraciones trataron de minimizar; prácticas que a la fecha continúan con un carácter selectivo de las víctimas.

La solución que ofrece el gobierno mexicano a los familiares de las víctimas es la indemnización económica, tasar monetariamente a un padre, un hijo, una madre… a un ser querido, acto que no tiene nada que ver con soluciones reales, en esencia es lo último para sanar la herida, lo primordial es conocer la verdad, dar con el paradero de las víctimas, conocer a los perpetradores y llevarlos ante la justicia, desnudar las motivaciones políticas que llevaron al cometido de tan aberrantes crímenes como la desaparición forzada.

Los familiares de las víctimas denuncian que existe la indolencia, dilación y engaño de parte de funcionarios que dicen atender sus necesidades, no muestran capacidad política para atender los cientos de miles de casos y dar una alternativa que solucione el problema de injusticia, al contrario, lo que hacen es agendar citas sin compromiso alguno, falta de seriedad en los acuerdos y desgaste que en los hechos se convierte en omisión.

En las administraciones distinguidas por un carácter reaccionario fue común la simulación en la atención a las demandas, la dilación fue la característica a un sin número de denuncias que cayeron en funcionarios indolentes, hoy seguimos en la espera de que la retórica oficial del respeto a los derechos humanos se materialice en la vía de los hechos porque la presentación con vida y el juicio y castigo a los responsables es una demanda que sigue sin ser atendida a cabalidad.

La exigencia de los familiares es puntual ante las instancias gubernamentales: presentación con vida, la reparación integral del daño, que implica verdad y justicia, dar con el paradero de las víctimas, conocer los causales de cometer tal crimen y hacer lo necesario para erradicar esta práctica deleznable, derechos que al ser materializados permiten enjuiciar y castigar a los autores materiales e intelectuales.
El dinero no va a reparar el daño causado el flagelo de la desaparición forzada, mucho menos dar con el paradero de su ser querido, muchos menos permite conocer la esencia del fenómeno, al contrario, abona a la impunidad y a mantener en las instituciones los responsables materiales e intelectuales de objetivar desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Es indignante que en las fiscalías estén funcionarios que en administraciones anteriores han sido acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos, en un gobierno que se dice “diferente” estos hechos no deben suceder, estos rasgos fueron distintivos de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por su marcado carácter profascista y represivo.

Un claro ejemplo de ello es el Estado de Chiapas, entidad federativa que hoy tiene en la Fiscalía General del Estado a Jorge Luis Llaven Abarca, quien en el año 2005 fue acusado de torturar personalmente a un hombre quien murió en el potro de la tortura. Casos como este no es el único son muchos más los que ha cometido, situación que condujo a que hoy diversas voces exijan su destitución y el juicio político a este hombre por cometer a diestra y siniestra crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Hoy bajo el amparo del partido político de MORENA sigue activo en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, donde sigue con su política criminal de torturar, detener desaparecer y ejecutar extrajudicialmente a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, trabajadores de la comunicación y pueblo en general.

Uno de ellos es nuestro compañero Javier, quien el 17 de julio del presente año fue detenido desaparecido por 25 horas, torturado y detenido ilegalmente en el CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A la fecha no existe ningún fundamento jurídico para mantenerlo preso, no obstante, ese señor Llaven Abarca recurre a esos métodos con la intención de terminar con el conjunto del movimiento popular.

El gobierno mexicano si quiere distinguirse de sus antecesores debe destituir a personajes de naturaleza y someterlos a juicio en su responsabilidad del cometido de graves violaciones a los derechos humanos. En los hechos significa la continuidad del terrorismo de Estado como política de gobierno.

La “justicia” en el país está cargo de criminales, de hombres formados en las instituciones del régimen que durante años han objetivado los planes contrainsurgentes contra el pueblo organizado; tiempo en el que las víctimas de deleznables crímenes permanecen en manos de sus verdugos.

La “paz” es una necesidad que apremia en el pueblo, pero ésta no llegará si se tiene invertida la fórmula, si se considera como factor de ingobernabilidad a las organizaciones populares y no a los propios agentes de Estado que tienen magna ancha para imponer el terror en la población.

¿Quiénes son las víctimas?, ¿quién es el que comete crímenes de lesa humanidad?, desde el único que tienen ese poder es el Estado, independientemente si es en su jurisdicción nacional, estatal o municipal, de esa magnitud es el flagelo de la violencia. Las víctimas son el pueblo y el que comete desapariciones forzadas son los cuerpos policíacos y militares, los cuales, hasta el momento deambulan por los pasillos institucionales con total impunidad.

No puede haber paz ni conciliación si los perpetradores materiales e intelectuales permanecen en las instituciones del Estado, si el Estado policíaco militar se mantiene intacto. Exigir justicia es un derecho y no significa que se aplique la Ley del Talión, que consiste en “ojo por ojo, diente por diente”, porque en esta exigencia no hay ningún sentimiento de venganza personal o resentimiento social.

En ningún momento se pide que a los responsables materiales e intelectuales se les aplique lo mismo que ellos hicieron con las víctimas de la desaparición forzada, se exige que se les enjuicie y castigue en la magnitud del hecho de acuerdo a tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Los únicos chimuelos los vamos a encontrar en las estructuras del Estado mexicano, en ellas donde mantienen activos en las instituciones de éste como si nada hubieran hecho, en esa lógica con qué confianza se van acercar los familiares a pedir justicia o exigir que den con el paradero de su ser querido.

Nuestra exigencia es la misma, PRESENTACIÓN CON VIDA, ASÍ COMO JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES, derecho al que no vamos a renunciar, si desde la administración federal se niega con evasivas atenderlos, existirán miles de razones más para luchar.

Exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Javier González Díaz, preso político, rehén del gobierno chiapaneco.

Atentamente

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS