Boletín de prensa. Libertad inmediata a nuestro compañero Javier González Díaz

Ciudad de México a 24 de julio de 2019

A los medios de comunicación
A las organizaciones populares independientes
A los organismos defensores de los derechos humanos
A la opinión pública

La represión es la respuesta del gobierno de Chiapas a la demanda de libertad incondicional de nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz, es diálogo del gobierno federal y estatal, es la aplicación de lo que denominan la cuarta transformación y la aplicación del estado de derecho, dado que ambos gobiernos están identificados por el mismo partido político.

El Fiscal de General del Estado (FGE) en Chiapas insiste en sostener una serie de improperios para justificar la represión, obnubila su juicio su vocación eminente policíaca y represiva, no observa que la detención de nuestro compañero fue en una franca violación a los protocolos jurídicos y de derechos humanos.

El gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas y el Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca aseguran conducir su gobierno bajo los preceptos de la “mística” del gobierno federal, al respecto, preguntamos ¿Es esta la política de la “transformación” del país del ejecutivo federal y estatal? ¿Esa es la manera de impulsar el desarrollo del país?

El argumento de respetar las leyes resulta vacuo en estos momentos, es una tesis que no encuentra sustento en la práctica concreta. Enfatizamos, nosotros no provocamos la violencia, no es nuestro proceder las acciones que se nos imputan, el pueblo responde a la violencia de clase, se protege para garantizar su integridad aún ante el todo el poderío en recursos y medios coercitivos con los que cuenta el Estado mexicano.

Señalar que nuestro compañero fue detenido en flagrancia es una falaz mentira, endilgarle armas de fuego y otros artefactos es una maniobra burda para incriminar a un activista político, a un luchador social que desarrolla práctica política en varias jornadas de lucha. Muchos compañeros pueden dar testimonio de su congruencia y entrega a las causas populares.

El fiscal del estado hace gala de prepotencia, pretende intimidar a la conjunto del movimiento popular con declaraciones amenazantes, intenta hacer que amaine la combatividad de las masas organizadas, supone que la movilización es producto de caprichos personales, de actitudes “antisociales”, olvida que la violencia emana de sus escritorios y se planea desde sus oficinas.

La espiral de violencia de Estado manifiesta una franca ruta en ascenso, cobra víctimas del pueblo y de organizaciones populares. Esta es una verdad que no puede ser obviada, cientos de familias de las masas trabajadoras así lo constatan.

El Estado mexicano busca cercenar la solidaridad del pueblo para con las víctimas del terrorismo de Estado, de manera particular a las familias de los detenidos desaparecidos. Esta oleada de represiva pretende inhibir la exigencia del juicio y castigo a los responsables del baño de sangre, en específico la exigencia del cumplimiento de la sentencia judicial 942/2013-2 emitida por el Poder Judicial de la Federación.

No es casualidad que después de que el FNLS en coordinación con otros esfuerzos organizativos concluimos una jornada de lucha la represión prende cebarse contra nosotros, en una franca alusión de venganza política por desenmascarar a los criminales de Estado.

A los compañeros del MULT les asesinan a sus representantes comunales, arrecian una escalada de señalamientos tendenciosos para favorecer la represión; desde medios oficios tienen el manto de la calumnia para ceñir la espiral de violencia de manera selectiva.

Contra el FNLS son innumerables los casos donde el Estado mexicano pretendió hacernos desistir, en nuestra contra se cometieron crímenes que llevaban toda la intención de sembrar el terror para impedir la solidaridad, sin embargo, ninguno de ellos cumplió su objetivo porque nuestra lucha va más allá de actos voluntariosos y la conciencia de clase se consolida a cada paso que damos en la defensa de nuestros derechos a pesar de los golpes que asesta el Estado.

La desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; La ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales; el asesinato político del compañero Mario Moreno López; la detención ilegal, desaparición forzada y prisión arbitraria de Javier Gonzáles Díaz; el intento de ejecución extrajudicial de Juan Calixto Gómez y Domingo Gómez Sántiz; el desalojo violento de las acciones políticas de masas en las comunidades de Nueva Altamira y 20 de noviembre; la incursión policíaca en terrenos de las comunidades de Las Perlas y Río Florido... son la prueba irrefutable de que existe el intento de cercenar la solidaridad popular.

Todos estos crímenes y violaciones a los derechos humanos tienen relación intrínseca con la exigencia de la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, sobre todo porque la exigencia para el cumplimiento de la resolución jurídica es firme, llamar a comparecer a militares para que comparezcan sobre el cometido de este crimen de lesa humanidad.

No son los únicos crímenes cometidos contra el FNLS, el historial es amplio de violaciones a los derechos humanos, no obstante, ninguno de ellos logra inhibir la combatividad, no hay retroceso en la exigencia del juicio y castigo a los responsables del baño de sangre contra el pueblo.

El estado de Chiapas se presenta como el botón de muestra de las contradicciones de un gobierno que incorpora a un amasijo de intereses políticos y económicos de la clase que detenta el poder, es toda una amalgama de voluntades oligárquicas que hace que sus designios se impongan con el puntal de la represión y el Estado policíaco militar.

Los crímenes de Estado no detendrán la lucha por el socialismo en el país, la violencia de clase no logrará poner alto a la exigencia de justicia por las violaciones a los derechos humanos. La solidaridad entre hermanos de clase saldrá avante en esta jornada represiva que orquesta el gobierno de Chiapas en coordinación con autoridades federales.

Externamos nuestro reconocimiento a las organizaciones hermanas, organismos defensores de los derechos humanos y personalidades progresistas su solidaridad objetivada en llamados al cese a la represión, la unidad del pueblo se devela como imprescindible ante la agudización de la lucha de clases.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, a fiscal del estado Jorge Luis Llaven Abarca; a los presidentes municipales de Ocosingo, Acala, Venustiano Carranza y Altamirano de la integridad física y psicológica de los compañeros del FNLS.

Fraternalmente

¡Libertad inmediata e incondicional del compañero Javier Gonzáles!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Cese a la represión contra las organizaciones populares independientes!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS