La ofensiva represiva contra el descontento y la organización popular es una realidad irrefutable

, por  Ciudad de México , popularidad : 2%

Ciudad de México a 20 de julio de 2019

La ofensiva represiva desatada contra organizaciones populares y el descontento que manifiesta el pueblo es una realidad innegable, los acontecimientos marcados con una esencia eminentemente contrainsurgente toman cuerpo en hechos represivos que da pauta de la continuidad de prácticas profascistas para intentar detener la combatividad de las masas y la solidaridad entre hermanos de clase.

Lo acontecido contra compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Chiapas es la muestra irrefutable de que la represión adquiere tinte selectivo y cada vez más irradia mayor cinismo de donde se desprende que a las autoridades gubernamentales no les inmuta en lo más mínimo dejar al descubierto al vínculo irrestricto entre el actuar de grupos paramilitares, neocaciques empresarios, policía estatal y el desde luego los tres niveles de gobierno.

No existe otra forma de interpretar el hecho acontecido contra el compañero Javier Gonzáles Días, es una acto fragrante de violación a los derechos humanos, un crimen que denuncia la esencia política y un hecho que intenta cercenar la actitud consciente tanto del compañero, su comunidad y la organización en la exigencia del cese a la política del terrorismo de Estado.

La fabricación de delitos y la implantación de objetos que intentar reforzar la tipología de un acto antijurídico es una maniobra burda de las autoridades que se supone deben procurar justicia. Es ridícula la escenografía montada para intentar justificar lo injustificable, una grave violación a los derechos humanos y un acto con eminentes motivaciones políticas.

El recorrido mismo de la ejecución de este acto represivo es el fiel testimonio de la complicidad, la aquiescencia y relación política entre las tres instituciones gubernamentales en la implementación de la política del terrorismo de Estado.

La detención de manera ilegal por parte de sujetos civiles que no presentan ninguna orden judicial y cuyo actuar se identifica llanamente con el accionar paramilitar, usan machetes y disparan a discreción sin considerar la vida de un menor en el municipio de Villa de las Rosas; el traslado a un lugar no identificado donde es sometido a tortura física y psicológica; la entrega a elementos de la policía municipal quienes a su vez lo reportan con la policía estatal y es cuando se sabe que se encuentra en condición de privación arbitraria de la libertad; y posteriormente, su transferencia a otro lugar de donde aún no se puede confirmar su condición jurídica ni su estado físico provocado por la tortura a la que fue sometido.

Todo este suplicio del que fue objeto es una clara muestra que existe una cruzada represiva contra el FNLS, de la interrelación criminal que existe entre grupos paramilitares y distintas instancias de gobierno. Tales acontecimientos confirman que la represión es un hecho real y objetivo, de donde se desprende que es una política de Estado desde las más altas esferas del poder político.

Lejos de dar una respuesta que satisfaga a las necesidades populares, el Estado mexicano través de sus agentes policíacos intenta cercenar la solidaridad con el cometido de más crímenes, así queda constado en la agresión contra los compañeros que se encontraban en un volanteo carretero en el tramo Altamirano-Ocosingo del estado de Chiapas, lugar donde se apersonó un agente policiaco quien detonó en varias ocasiones su arma de cargo contra nuestros compañeros cuyo saldo fue de dos compañeros heridos, Juan Calixto Gómez herido a la altura del pecho y brazo izquierdo y el compañero Domingo en el brazo derecho.

Pruebas existen sobremanera, los cuerpos policíacos se sienten con total impunidad para cometer actos de esta naturaleza y con la seguridad que la justicia no se hará presente en su contra.

Elementos para comprobar que los actos represivos no son obra de la casualidad existen de sobra. Cada vez que el movimiento popular en coordinación con los familiares conquistamos logros jurídicos en la defensa de los revolucionarios detenidos desparecidos Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Estado intenta cercenar la lucha con el cometido de más crímenes de similar naturaleza.

¿Acaso el análisis del titular del Ejecutivo se encuentra obnubilado que no ubica todos estos actos represivos? Más aún. ¿Es que no existe la mínima vigilancia del actuar de quienes se dicen integrantes de su misma sigla partidista? Sólo un ingenuo podría suponer que el poder del presidente de la República es engañado por sus subalternos.

La represión es una y es ejercida por el Estado mexicano en cualquiera de sus representaciones. En estos hechos está testificado que el objetivo es el descontento y organización popular. No hay duda que en tiempos de la multicitada “cuarta trasformación” los actos que atentan contra la dignidad de los integrantes de las organizaciones populares en el intento de hacerlos desistir de la lucha por sus derechos y libertades políticas.

La pregunta sigue en el aire, ¿ésta será la política de la nueva administración o es nada más del partido que hoy ocupa el escaño máximo del poder político? Para el movimiento popular no existe duda que el régimen es represivo por naturaleza y ante ello se organiza las acciones políticas de masas para garantizar la integridad y continuidad de la lucha.

La violencia tiene el sello de la clase dominante en nuestro país, ésta responde a los intereses de una minoría empresarial de la nación y el extranjero, es el Estado mexicano, independientemente del político oficio que lo represente, el que objetiva el terrorismo de Estado en todas sus formas, ante ello las masas oprimidas tenemos la responsabilidad de prepararnos a conciencia para dar una respuesta organizada.

No existe duda de que todos estos actos represivos se derivan de la lucha consecuente por el juicio y castigo a los reprensibles del terrorismo de Estado, por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en específico de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz y los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo.

Es claro que al recurso de impugnación a la sentencia de amparo 942/2013-2 interpuesta por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional se suma una serie de actos violatorios de los derechos humanos para intentar hacer desistir que el pueblo organizado exija justicia por los múltiples crímenes de Estado.

Exhortamos a las organizaciones populares a pronunciarse contra la escalada de violencia contra nuestros compañeros, a los organismos defensores de los derechos humanos a la acción de sus buenos oficios para emitir una condena y un llamamiento al Estado mexicano por detener los actos flagrantes violatorios a los derechos humanos.

Exigimos información precisa sobre la situación física, psicológica y jurídica de nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz, ya desde su traslado de la cárcel de Teopisca conocida como “Las Granjas” no se tiene razón de su paradero; la libertad inmediata y sin condicionamientos.

Hacemos responsable de su integridad física y psicológica al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas y los presidentes municipales de Venustiano Carranza, Villa de las Rosas y Teopisca.

Libertad inmediata del compañero Javier Gonzáles Díaz

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Navegar por las