El silencio del gobierno mexicano ante las desapariciones forzadas significa mantener en la impunidad a los perpetradores

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Ciudad de México a 30 de mayo de 2019

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

La política de oídos sordos ante la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos dista mucho de corresponder con la retórica del respeto a los derechos humanos y del marco jurídico nacional. La impugnación del Estado mexicano ante la resolución jurídica de la sentencia de amparo es la muestra infalible de que existe un doble discurso para atender los casos de desaparición forzada por motivos políticos o sociales.

El caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya del PDPR- EPR se mantiene como uno de los más emblemáticos en la historia reciente en nuestro país, no sólo por tratarse de dos personas que se les fustiga con el flagelo de un crimen de lesa humanidad, sino porque abre la brecha jurídica, política y derechos humanos en la que convergen varios actores en coordinación irrestricta.

La resolución judicial con el cual fueron beneficiados ambos luchadores sociales fue apelada por las estructuras gubernamentales, indicativo fiel de que existen elementos del Estado mexicano a quienes se les procura impunidad e inmunidad desde el mismo poder jurídico, de manera puntual es al ejército y la marina a los que se les cobija con el manto de la impunidad porque son los principales instrumentos represivos que se encargan de objetivar el terrorismo de Estado.

La relación entre los aspectos discursivos del actual mandatario federal dista mucho de corresponder con los hechos concretos. No se trata de endilgar el ambiente de terror a los conservadores y neoliberales, sino de establecer en su exacta dimensión la responsabilidad jurídica y política de quienes se encargaron lacerar a la humanidad con el cometido de múltiples crímenes.

No es terquedad del movimiento popular mantener la exigencia del juicio y castigo a los criminales de Estado, no es un sentimiento obcecado o cegado por la sed de venganza. Las voces que reclaman que la justicia se haga presente de ninguna manera se puede comparar con la actitud criticista de algunos sectores empresariales que se sienten desplazados del poder. Cualquier comparación únicamente puede emanar del maniqueísmo en el análisis y del dualismo simplista.

Además de un derecho humanos es un principio político y moral exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, por tratarse de una grave violación a los derechos humanos, priva de múltiples derechos a la víctima, como el derecho a la libertad, a un juicio justo, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a no ser torturado, entre otros que atentan contra su integridad física y psicológica.

Si no hay castigo para los perpetradores, los crímenes de lesa humanidad se repiten, los perpetradores permanecen en las instituciones con la venía de cometer más flagelos de esta magnitud. El gobierno mexicano le apuesta al olvido, a la conciliación con su verdugo, en eso consiste la política de pacificación que intenta imponer en su administración Andrés Manuel López Obrador a todas las víctimas del terrorismo de Estado.

“Todo por la ley, fuera de la ley nadie” fue la premisa que puso en boga el actual inquilino de palacio nacional para referirse al respeto al estado de derecho, sin embargo, al apelar la sentencia del Poder Judicial de la Federación incurre en acto que se diferencia muy poco de los gobiernos anteriores que por todos los medios procuraron la impunidad hacia los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

¿Por qué la actitud es disímil ante este caso en particular, de los revolucionarios del PDPR-EPR respecto a otros de similares magnitudes? ¿Es su militancia política que los define como comunistas, como revolucionarios de este siglo el motivo del desdén gubernamental? ¿Por qué esta distinción si ante la ley todos son mexicanos?
Mantener una actitud divergente ante cada caso en particular de desaparición forzada significa la doble moral, la demagogia gubernamental ante una necesidad inaplazable. Escavar en parajes, empuñar la pala para remover escombros son actitudes que si bien para muchas familias significan mucho, en los hechos significa la imposición de la verdad de gobierno: ¡Todos los detenidos desaparecidos están muertos!

Cada acto de gobierno debe ser analizado en su exacta correspondencia con la realidad que vive el país, no sólo dejarse guiar por la emoción ante hechos que hacen recordar de que “nunca nadie había actuado así”. Lo cierto es que el terrorismo de Estado como política de gobierno continúa, ejemplos sobran, sólo basta revisar la lista de las víctimas de este año, las cuales representan una cantidad significativa en tan sólo seis meses de gobierno.

La presentación de los detenidos desparecidos no precisa de actitudes pomposas, se requiere de desarticular el aparato de Estado que objetivó cada crimen de lesa humanidad, establecer en su exacta magnitud la responsabilidad de los mandos militares, políticos de oficio y representantes de Estado.

Minimizar el hecho no es la respuesta que esperan miles de familias ante la espera agobiante de sus seres queridos, suponer que la mayoría de los casos son cometidos por particulares es una salida poco fiable ante la abundante prueba testimonial que señala a las estructuras castrenses en el cometido de múltiples crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Perdón ¡Nunca! Olvido ¡Jamás! Es la consigna. No estamos de acuerdo con la política de la vuelta a la hoja, por ninguna circunstancia se puede abandonar en el anonimato a un hermano de clase. El actual gobierno tiene la posibilidad de subsanar la herida causada a millones de familias, para ello debe empezar por establecer en su justa dimensión quiénes son los responsables del cometido de tan execrables crímenes.

Política de gobierno que lacera miles de familias proletarias, la cual, no puede ser resarcida con el simple dinero, al contrario con aplicar las leyes en materia de desaparición forzada establecidas por organismos internacionales de derechos humanos para que el pueblo trabajador conozca los motivos políticos por el cual se cometieron estos flagelos, asimismo quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de aberrantes crímenes de lesa humanidad.

Mientras no haya una respuesta desde el gobierno mexicano que conduzca esclarecer el paradero de todas las víctimas de la desaparición forzada, son millones las razones para la movilización popular y las acciones de masas combativas. No es el empecinamiento ciego, es la justeza de la necesidad de presentación con vida y el juicio el castigo a los responsables.

Atentamente

¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Presentación con vida de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz, del activista político Lauro Juárez, del profesor Carlos René Román Salazar, del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz y la cientos de miles de detenidos desaparecidos por el régimen neoliberal en el país!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS




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