Tinta Socialista No 81. El silencio del gobierno mexicano en relación a la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

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Ciudad de México a 28 de mayo de 2019

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El silencio del ejecutivo federal y sus funcionarios respecto a la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo es evidente, práctica política que contradice su discurso de “hacer lo necesario para buscar a los desaparecidos”.
Hecho que expresa su política de gobierno para atender sólo aquellos casos que acepten sus condiciones y no implique mayor responsabilidad para su administración.

En días recientes el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, concede la demanda de amparo 942/2013-2 a favor de Gabriel y Edmundo y de sus familiares en el reconocimiento de la responsabilidad del gobierno mexicano en la comisión de este crimen de lesa humanidad y ordena la realización de importantes actuaciones jurídicas para resarcir medianamente el daño causado a sus familias.

Pese a que en la demanda de amparo señala la responsabilidad gobierno mexicano en el cometido del crimen lo impugna, hecho que objetiva la política del Estado mexicano y sus instituciones respecto a la exigencia de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada que no se pliegan a sus políticas corporativistas de pacificación al conciliar con los perpetradores y olvidar a los detenidos desaparecidos.

Práctica de gobierno retrograda que viola los derechos humanos para conocer la verdad de los hechos, como quién fue el que cometió el crimen, cuáles fueron las motivaciones políticas para perpetrarlo, cuántos intervinieron, quién salió beneficiado con este deleznable crimen de Estado; también implica reivindicar a las víctimas de este flagelo, decir al pueblo quiénes son, en qué consistía su vida o lucha, a qué se dedicaban, todo cuanto implique conocer su vida e historia.

Derechos que no están sujetos a negociación o al capricho de políticos de oficio son tratados o acuerdos establecidos ante organismos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, motivo por el cual está obligado a cumplir para que la justicia se objetive y se erradique este flagelo.

Si no hay sanción para los perpetradores, los crímenes de lesa humanidad y de Estado se vuelven a repetir, los responsables materiales e intelectuales permanecen en las instituciones sin castigo alguno. Hecho que conmina a familiares y organizaciones populares a mantener en alto la dignidad y la voluntad de lucha, nunca perder de vista que un ser querido no se intercambia por monedas.

La responsabilidad del Estado mexicano está en atender todos los casos de la desaparición forzada, ponerlos en su justa dimensión para erradicar este flagelo, no obstante, hasta el momento sólo se ha limitado a destinar “presupuesto ilimitado” para su búsqueda o localización mas no para hacer justicia ni conocer la verdad de los hechos, así como enjuiciar ni castigar a los perpetradores.

Recurso económico que sólo se limita a buscar en parajes a los detenidos desaparecidos, tiene la intención de comprar la dignidad de luchar y exigir la presentación con vida de las víctimas de este deleznable crimen; implícitamente lanza el mensaje de que las víctimas de la desaparición forzada corrieron esa suerte, política inicua que no manifiesta interés para presentarlos con vida.

Reconocer la responsabilidad del Estado en esta grave violación a los derechos humanos en perjuicio de Gabriel y Edmundo, pondría en evidencia su participación en el cometido de los cientos de miles de casos de víctimas de la desaparición forzada; se abriría una puerta jurídica para todos los familiares y víctimas en condiciones similares. Razón de más por la que no acatan dicha demanda de amparo.

Caso paradigmático porque a través del poder judicial evidencia la responsabilidad material e intelectual del gobierno mexicano en el cometido de ese crimen de Estado y de lesa humanidad; que atendiendo a los dichos del presidente de la República “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho” debería acatar en su total cabalidad, si bien, dice ser respetuoso de las leyes e instituciones ¿Por qué no acata esta demanda de amparo a favor de las víctimas?

Es absurdo que en todo momento señale ser un gobierno diferente cuando ni siquiera recibe a los familiares, organizaciones populares y de derechos humanos que desde inicios de año entregaron solicitudes de audiencia para atender los casos de desaparición forzada y hace siete días tienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de sus familiares, práctica nefasta que manifiesta la política a aplicar con las víctimas del terrorismo de Estado, sobre todo con aquellas que de manera independiente están organizadas.

Negar la patente del gobierno mexicano en el cometido de crímenes de lesa humanidad enuncia la inmunidad e impunidad de la que gozan las Fuerzas Armadas, indicativo de que el Estado policíaco militar permanece intacto, de lo contrario, ¿cómo explicamos que mandos militares encargados de objetivar el terrorismo de Estado en la geografía mexicana en sexenios pasados van a estar bajo el mando de la Guardia Nacional (GN)?

Comprobado está que los militares, marinos y la policía federal son los encargados de objetivar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; son miles los testimonios de las víctimas y de los familiares, quienes señalan la autoría material de elementos policíacos y militares en el cometido de estos nefastos flagelos.

Las desapariciones forzadas continúan, lejos de disminuir aumentan las cifras oficiales, lo mismo que las ejecuciones extrajudiciales aumentan de manera exponencial. Por más que argumenten los funcionarios que es una “grave crisis de derechos humanos, herencia de administraciones anteriores” es evidente que el terrorismo de Estado permanece, la diferencia estriba en que ahora son más selectivos contra luchadores sociales, activistas políticos o trabajadores de la comunicación.

Acontecimiento que comprueba nuestra tesis planteada en las dos administraciones pasadas, las desapariciones forzadas son política de gobierno transexenal, sistemática y generalizada; independientemente de quien ocupe la silla presidencial se cometen, se planean para contener el descontento popular y acallar las voces de protesta con el único propósito de fortalecer el régimen neoliberal, sus políticas de saqueo, rapiña y dominio.

Ahora más que nunca razones de lucha sobran para exigir la presentación con vida de Gabriel Alberto, Edmundo, Fidencio, Teodulfo, Daniela, Virginia, Carlos René, Lauro y cientos de miles de víctimas más. La transformación no consiste en otorgar dinero, está reside en arrancar la raíz la esencia que alimenta esta política deleznable, es decir, en desarticular el Estado policíaco militar, así como los cuerpos policíacos y militares encargados de materializar el terrorismo de Estado en todo el territorio nacional.

Perdón ¡Nunca!, Olvido ¡Jamás! Es la consigna, la exigencia ante el gobierno mexicano, que resuene en todos los espacios públicos hasta evidenciar su política aciaga respecto a las víctimas del terrorismo de Estado. NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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