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Tinta Socialista No 80. México envuelto en las fosas del terror

Viernes 24 de mayo de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 24 de mayo de 2019

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En toda la geografía mexicana existen fosas clandestinas con cientos de restos mortales, cada una expresa la política del terror impuesta hace 18 años por el Estado mexicano para contener el enorme descontento popular y acallar las voces de protesta. Los cementerios clandestinos son la prueba fehaciente del cometido de graves violaciones a los derechos humanos, desde la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, negación del paradero de la víctima por parte de las autoridades, entre otras contempladas en tratados y acuerdos internacionales en esta materia.

La pala y el pico para remover la hierba o la tierra en las campañas de búsqueda de los detenidos desaparecidos en parajes o terrenos baldíos se convirtieron en una prioridad para el gobierno federal. Política de gobierno engañosa que no erradica de raíz este flagelo, al contrario oculta la responsabilidad del Estado mexicano en el cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad.

Para algunas personas puede parecer aleccionador observar que las manos de funcionarios empuñan la pala o el pico para remover la tierra en compañía de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, no obstante, en un análisis escrupuloso, esa actitud se aleja mucho de la necesidad de justicia que apremia en el movimiento de víctimas y figura más como un acto de pose en lugar atender los estándares internacionales de búsqueda en vida de los detenidos desaparecidos.

El compromiso no consiste con dar acompañamiento a los familiares u otorgarles dinero para “aminorar” su “dolor”; la necesidad apremia conocer la verdad de los hechos, las motivaciones políticas de esa práctica fascista, para desnudar la responsabilidad del gobierno mexicano, sus instituciones y agentes en el cometido de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad.

Sutilmente desde las instituciones envían el mensaje de que los víctimas de la desaparición forzada corrieron la misma suerte que los restos mortales encontrados en cementerios clandestinos, de ahí que surjan comentarios en las calles como “para qué los buscas si ya están muertos”, alocuciones que implícitamente divulgan la versión del Estado de “perdonar”, “olvidar” o poner “punto final a esta vida de terror”, argumentos que laceran aún más miles de hogares proletarios.

En las fosas clandestinas está la vida e historia de cientos de miles de víctimas, hombres y mujeres arrancados violentamente de sus hogares para convertirlos en simples restos mortales que a la vista hieren el entorno social y generan un ambiente de terror o angustia al pensar que tal vez esté ahí el ser querido que por años es buscado.

Práctica inicua ante un tópico de tal envergadura e indignación para el pueblo trabajador en México, pues en lugar de que funcionarios e instituciones se apeguen a los estándares internaciones de derechos humanos en cuanto a la búsqueda o localización de las víctimas, la salida que objetivan es la búsqueda de éstas en parajes; con ello eluden su responsabilidad ante instancias internacionales de derechos humanos.

No se trata de meter un pico y una pala en parajes para ver si encontramos algo, sino de que los especialistas en la materia sean los que determinen las causas necesarias que expliquen ¿cómo llegó?, ¿quién lo inhumo?, ¿cuáles fueron los motivos políticos por los cuales fue sometido a esa práctica inhumana?, entre otros aspectos que conduzcan a determinar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de tan deleznable crimen.

Reconocer ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “(…) el país vive una emergencia humanitaria y violación de derechos humanos que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo… asumiendo que esa es una responsabilidad del Estado que no se ha cumplido y que los familiares habían tenido que asumir como una tarea propia. Hoy esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados)”, no es suficiente, sólo reconoce los efectos de esa política deleznable mas no se compromete a erradicar la esencia del fenómeno, el cual tiene su origen en la base económica que sostiene la estructura socioeconómica de la explotación y opresión.

El trato que dan las autoridades a los restos mortales encontrados es inhumano, mantenerlos en cajas frigoríficas o en los SEMEFOS saturados significa no darle la prioridad necesaria para combatir este flagelo. El propio gobierno mexicano reconoce sus incapacidades en la materia, pues, tiene un registro de 26 mil restos óseos sin identificar en los anfiteatros en el país, los especialistas en arqueología y antropología forense son insuficientes, lo que expresa que en el discurso muestra una cosa, pero en lo concreto, la realidad es otra.

La incomprensibilidad en cuanto el tema es palpable, la falta de interés por atender otros casos de desaparición forzada es notorio, incluso manifiesta indolencia de las autoridades encargadas en la materia al negarse a escuchar las peticiones de otros familiares que exigen la presentación con vida de sus seres queridos, por lo visto, la prioridad de la actual administración no es presentarlos con vida, al contrario su prioridad es otorgar mayor poder político y económico a las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional.

¿De qué sirve destinar tope financiero ilimitado para estos casos? Cuando la causa principal de presentación con vida no es atendida en su cabalidad. El dinero no va a reponer a un ser querido, mucho menos va a mejorar su estancia familiar, sólo alarga el dolor y constituye mantener la impunidad para los perpetradores
En los números anteriores de Tinta Socialista señalamos que el hallazgo de fosas clandestinas tiene sus orígenes en lo económico, ahí donde está el flujo y trasiego de mercancías es donde más cementerios clandestinos se encuentran, mayores son los índices de la violencia institucional; puntos estratégicos como puertos marítimos, zonas petroleras, zonas o corredores industriales son los lugares donde se registra el mayor número de graves violaciones a los derechos humanos.

Arquetipo de ello es la entidad de Veracruz, botón de muestra de la violencia desenfrenada y el terrorismo de Estado que permea en todo el territorio nacional; en los diferentes municipios con puertos marítimos o aquellos que conectan con diferentes puntos estratégicos, es el caso del municipio de Úrsulo Galván, lugar donde encontraron recientemente 63 fosas clandestinas, que a la fecha no hay datos concretos de los restos hallados.

El silencio, tanto del gobierno mexicano como de algunos medios de comunicación sobre estos tópicos es una constante, se limitan a informar lo que dice el ejecutivo federal en sus conferencias matutinas, pero no evidencian el terrorismo de Estado en el que se encuentran inmersas las masas trabajadoras. En algunos medios locales señalan que algunos de los restos encontrados en esas fosas tienen rasgos de ser inhumados recientemente, es decir, fueron sometidos en esta administración.

¿Qué diferencia existe en esta administración y la anterior? De esencia ninguna, tal vez algunos matices, pero aún continúa con la política de fortalecer el Estado policíaco militar y mantener en el poder político y económico a la clase que detenta ese dominio: la burguesía.

El tiempo dirá quién tiene la razón, la exigencia es la misma, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de tan abominables crímenes; dejar de luchar por nuestros seres queridos es otorgar la razón a los responsables del baño de sangre en el país y mantener en la impunidad a los perpetradores.

No callemos, no silenciemos a nuestras víctimas del terrorismo de Estado, la denuncia y las acciones políticas de masas podrán desenmascarar la política falaz de la actual administración. VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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