Tinta socialista No 79. La prioridad gubernamental ante el terrorismo de Estado debe ser la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos

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Ciudad de México a 20 de mayo de 2019

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La prioridad del gobierno mexicano debe ser la atención de todos los casos de desaparición forzada en el país, presentar con vida a cada una de las víctimas de este flagelo criminal, independientemente del sexenio en cual se hayan objetivado.
Centrar la atención en un caso en específico significa la condena al anonimato a cientos de seres humanos en similares condiciones, con ello revictimiza a las víctimas y a sus seres queridos.

La lista de crímenes de lesa humanidad en nuestro país es enorme, muchos de ellos heredados de administraciones anteriores, pero también existen otros que se cometen en el tiempo que corre de la actual administración, hecho que demuestra que la violencia de clase se encuentra arraigada en las entrañas del Estado mexicano muy a pesar de quien sea su personero oficial.

Desde el gobierno federal existe la insistencia de encauzar sus esfuerzos de investigación y procuración de justicia hacia casos muy particulares, omite de manera deliberada que la herida causada por el terrorismo de Estado es enorme. Los únicos que son considerados desde la vocería oficial son aquellos que políticamente no representan un compromiso serio que implique desnudar toda la cadena de mando operativo la ejecución de la política que enlutó a miles de hogares mexicanos.

Ningún caso es especial, todos son objetivados contra las masas inermes para cercenar su capacidad de organización y lucha, pero sí hay distinciones en cuanto a su tipificación e interpretación, por la forma de su cometido, algunos representan más posibilidades de ser endosados al denominado crimen organizado, de ahí que el representante de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana se aventure a sostener que la mayoría de los crímenes en México son cometidos por particulares.

La desaparición forzada puede ser cometida por aquiescencia, por grupos de particulares al servicio del Estado o por lo menos con su consentimiento. Sin duda que en esta forma de objetivar un crimen de lesa humanidad resulta más complejo evidenciar el nexo irrestricto entre la mano criminal que objetiva en hecho y la orden que emana desde los pasillos gubernamentales, pero ello no significa que no sea una realidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad.

Existen cientos de testimonios que certifican la responsabilidad gubernamental en la objetivación de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, cada vez emergen voces que denuncian a determinado cuerpo policíaco militar en el cometido de estos flagelos represivos.

La amenaza “desaparecer” a sus victimarios por parte de policías de distinta corporación es una constante. Independientemente de concretarse o no, el hecho ilustrador es que este crimen tiene patente en las estructuras del Estado policíaco militar, que son policías de rango diverso quienes esparcen el terror con el objetivo de amedrentar a las organizaciones populares y pueblo en general.

Para algunos puede parecer aleccionador observar que las manos de funcionarios empuñan la pala o el pico para remover la hierba o tierra en las campañas de búsqueda de los detenidos desaparecidos en parajes, sin embargo, en un análisis escrupuloso, esa actitud se aleja mucho de la necesidad de justicia que apremia en el movimiento de víctimas y figura más como un acto de pose en lugar atender los estándares de búsqueda de los detenidos desaparecidos.

Es elocuente observar la presencia de funcionarios de alto nivel en actividades convocadas por familiares de víctimas, desde luego que es una deferencia que no se observó con gobiernos anteriores, sin embargo, la pregunta sigue sin ser respondida, ¿por qué algunos casos merecen toda la atención de los reflectores y otros son condenados a la opacidad?

Existen otros casos donde la verdad no “es que no hay verdad”, la lucha de familiares lograron que distintas instancias jurídicas y de derechos humanos realizaran diligencias que los condujo a determinar que el cometido de crímenes como la desaparición forzada participaron elementos del ejército mexicano, por ello, la verdad tiene significativos avances sólo que ésta no quiere ser reconocida desde las autoridades gubernamentales.

El caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es uno de los más emblemáticos, en el cometido de su desaparición forzada no hay ninguna duda de la participación de un operativo conjunto entre distintas corporaciones policíacas y militares, así lo atestigua la recomendación de la CNDH y la reciente resolución 942/2013-2 emitida por el Poder Judicial de la Federación.

¿A qué se debe la omisión sobre este caso paradigmático en nuestro país? ¿Es su condición de militantes en un partido revolucionario la causa del desdén gubernamental? Son preguntas que aún no son respondidas desde las instancias gubernamentales y que dada la actitud que asumen, conduce a concluir que la política de atender las recomendaciones de derechos humanos es de simulación.

La indolencia, dilación y burocratismo en las administraciones anteriores, hasta cierto punto es comprensible por su vocación profascista, sin embargo, del actual gobierno que sostiene no perseguir a nadie por su forma de pensar es una actitud que señala la premonición del doble discurso, donde en los hechos se fustiga a quien no comulga con la democracia formal burguesa.

La promesa de la justicia aún no llega a las víctimas, acabar con la “corrupción e impunidad” sigue sin verse materializada en la vía de los hechos. Con la creación de nuevos cuerpos represivos se extiende la impunidad hacia quienes son denunciados como responsables del cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos, por lo que la exigencia del juicio y castigo no es producto del empecinamiento del movimiento popular, es una necesidad política apremiante.

No se requieren actos pomposos desde el Ejecutivo federal para distinguirse de sus homólogos antecesores, únicamente es necesario que no convoque a los familiares de víctimas a “dar vuelta a la hoja”, a otorgar el indulto, debe asumir con seriedad el compromiso de presentar con vida a los detenidos desaparecidos y desnudar la cadena de mando que se encargó de ejecutar el terrorismo de Estado.

La visión maniquea para definir los primeros meses de gobierno y las diversas concepciones políticas que expresan su opiniones discordantes o a favor ofusca el análisis oficial, hay quienes sostienen que no se puede acabar en seis meses lo que se fraguó en 36 años de neoliberalismo, sin embargo, hacer la diferencia no se requiere de mayores aspavientos, únicamente se trata de no simular, de que los dichos se reflejen en los actos y la justicia empiece a hacerse presente para las víctimas.

Que el gobierno atienda ciertos casos como prioritarios tiene que ver con la imperiosa necesidad de justicia, sin embargo, es preciso establecer sobre qué premisas se determina la prioridad. De primer orden es desnudar la cadena de mando que ejecutó la política criminal de sexenios pasados, por ello es menester aquilatar en su exacta dimensión aquellos casos que expresan nítidamente la política de terrorismo de Estado.

La exigencia sigue en pie, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales, en particular de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Teodulfo Torres Soriano, Francisco Paredes Ruiz, Carlos René Román Salazar, los 43 de Ayotzinapa y de las más de 350 mil víctimas del terrorismo de Estado.

La congruencia del Ejecutivo federal entre lo que sostiene en el discurso y lo que debe manifestarse en los hechos debe materializarse en la consideración del caso de los revolucionarios del PDPR-EPR, asumir cabalmente los preceptos que dicta los marcos del derecho mexicano como la reciente resolución del Poder Judicial de la Federación. Éste sería un pequeño paso a la justicia que tanto apremia en las masas trabajadoras.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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