Denuncia pública: Continuidad de las amenazas represivas y riesgo de desalojo de comunidades organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

, por  Chiapas , popularidad : 3%

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 28 de marzo de 2019

A las organizaciones hermanas y solidarias
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los sectores populares
A la opinión pública

Denuncia pública

Continuidad de las amenazas represivas y riesgo de desalojo de comunidades organizadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

A raíz del desalojo policíaco de las colonias populares en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Berriozabal, a petición de un grupo de autodenominados “propietarios”, se ha extendido la amenaza del gobierno estatal para desalojar las tierras que hemos recuperado por la vía de los hechos. Tierras que hemos pagado con sangre y desapariciones forzadas, que no ha sido por obra y gracia del gobierno, sino de la capacidad organizativa de los pueblos para hacer valer el derecho a la vida y a la organización.

Si anteriormente era suficiente declarar como criminales a las organizaciones populares para desatar la represión sobre ellos, ahora con el carácter mediatizador que asume MORENA se suman voces afines al gobierno, presentados como intereses populares genuinos. Una maniobra para dar legitimidad a la violencia institucional que se practica ya en toda la entidad, que nos lleva a afirmar sin temor a equivocarnos que la política de gobierno basada en el terrorismo de Estado continúa. El gobierno estatal es quien da continuidad al terrorismo de Estado, con una variedad de actos represivos y el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Ahora la amenaza se hace contra las comunidades rurales recién fundadas, 24 de Septiembre, 20 de Junio y Santa Isabel del municipio de Venustiano Carranza y la 02 de Noviembre del municipio de Socoltenango, que pretenden ser desalojados de las tierras en posesión desde el gobierno estatal a traves de las corporaciones policíacas y militares.

Dicha amenaza obedece a un contexto represivo que hemos denunciado desde el inicio del año, que está dirigido contra organizaciones independientes y aquellas que aglutinan sectores populares pero que en su momento eran vías para el cauce de intereses institucionales.

En Chiapas, previa a la amenaza de desalojo y represión, se dio a conocer una serie de denuncias que dan cuenta del seguimiento policíaco y político hacia compañeros militantes que desarrollan actividad política, tal es el caso de la compañera Cecilia López Pérez, quien fue allanada su casa, además de ser previamente amenazada su hija en una actividad de difusión, en el desarrollo de una jornada de lucha por la exigencia del juicio y castigo a los criminales de Estado.

Desde el arribo a la gubernatura de Rutilio Escandón Cadenas como titular del ejecutivo en el estado de Chiapas, una cadena de actos represivos contra el movimiento popular independiente y hacia sectores populares organizados se han ejecutado por las corporaciones policíacas y agentes del Estado.

Las consecuencias son ejecuciones extrajudiciales, desalojos violentos contra colonias populares, represión policíaca al legítimo derecho a la protesta, hostigamiento y seguimiento policíaco. Las organizaciones afectadas son MOCRI CNPA MN, MOCRI EZ, Asamblea Estatal Democratica de la seccion 40 de la CNTE, OCEZ, el FNLS, Normalismo Rural (Mactumactzá, Jacinto Canek) entre otros sectores populares organizados como asociaciones de padres de familia, centros de Derechos Humanos independientes, quienes han presentado sus exigencias al gobierno estatal por medio de la movilización política y acciones políticas de masas.

El MOCRI EZ se había caracterizado por exigir sus demandas económicas y seguir fielmente la política oficial de los gobiernos en turno, sin embargo, hoy es usado de parapeto político en detrimento de familias proletarias, para generar el ambiente político adecuado que permita imponer la violencia institucional y dar un escarmiento a las demás organizaciones.

Se sacrifican los intereses proletarios de dichas colonias populares para poder crear el contexto político ideal para el gobierno, que permita ejercer la represión y dar continuidad al terrorismo de Estado sin que la población y el movimiento popular proteste. Dicho golpe fue facilitado por el proceso de descomposición social y la pérdida de brújula política en su interior que orilló a generar confianza en quienes representan a los enemigos de clase y asumir posiciones políticas ajenas a los intereses del propio pueblo.

La represión en cualquiera de sus modalidades, donde son afectados los intereses populares debe ser un motivo de indignación y denuncia para no permitir que la represión y el terrorismo de Estado como política de gobierno se imponga como norma en la vida social y política del pueblo.

Estas acciones represivas han sido precedidas por una serie de linchamiento mediático y exigencia de grupos y cámaras empresariales para que se aplique lo que ellos llaman el "Estado de derecho". Posterior a la concreción de la represión en cualquiera de sus modalidades son las mismas fachadas empresariales las que con beneplácito se alegran y felicitan al gobierno en turno por haberla concretado.
La criminalización es una política constante del gobierno en turno, que realiza en cada momento y previo a la represión masiva o selectiva. En el caso de los desalojos se coloca como vándalos, delincuentes o paracídistas a aquellos que históricamente les ha pertenecido la tierra para luego preparar expedientes incriminatorios y ser reprimidos.

En cada una de ellas, en los hechos se violan derechos humanos, garantías individuales y se cometen crímenes de lesa humanidad que a fin de cuentas se configuran en crímenes de Estado. Es la imposición de los intereses empresariales que se concreta en la defensa de intereses económicos privados. Es la defensa de la propiedad privada en beneficio de terratenientes y oligarcas que concentran la tierra.
Resulta preocupante porque desde un partido político electoral que dice seguir la política de salvaguarda de los intereses de los pobres, hoy sean precisamente los sectores populares los que más resienten la política represiva. Rutilio Escandón y su partido político que le da cobertura son responsables por los actos represivos cometidos, ya que nada puede suceder sin que el Estado en cualquiera de sus estructuras intervenga en ello.

El terrorismo de Estado está dirigido contra el pueblo organizado fuera de los marcos corporativos de éste y de aquellas agrupaciones que antes fueron serviles hoy son desechados por no cumplir ya sus objetivos políticos.

En el caso del FNLS es parte de las organizaciones populares independientes que se ha convertido en un objetivo político del Estado que es reprimido para desarticularlo. Que se expresa en el constante hostigamiento, amenazas de represión e intentos de ejecución de crímenes de lesa humanidad. Es la viva expresión institucional por detener la organización del pueblo y acallar las voces que claman justicia y presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

El gobierno estatal representado por MORENA, en Chiapas, y aquellas entidades donde la represión es parte de la vida cotidiana, representan con su política de violencia institucional la defensa de los intereses empresariales, oligárquicos, que actúa de manera conjunta con las fachadas de éstas.

Para que ello suceda de esta manera, de acuerdo a la cadena de mandos, no es ajena la administración federal, donde de dicha estructura, el comisionado para la seguridad pública es responsable de tales cometidos en la medida que es de su competencia. Los actos represivos no pueden ser diluidos bajo maniobras conceptuales o auto señalamiento de incompetencia, al reducir todo a una supuesta autonomía de las instituciones.

Rutilio Escandón, gobernador del estado de Chiapas, Alfonso Durazo de la administración federal son responsables de la represión que se ejerce contra el FNLS como la de todos aquellos que en su integridad física y psicológica resulten afectados por el clima represivo.

Las interrogantes que cobran mayor vigencia son ¿El presidente de la república de los Estados Unidos Mexicanos está de acuerdo con el ambiente de clima represivo que existe en su mandato? ¿Quiénes están actuando bajo el amparo de la supuesta política de la reconciliación para dar continuidad al terrorismo de Estado?
Por ello, exigimos:

Cese a las amenazas, hostigamiento, seguimiento político, intimidación y represión contra los que militan en el FNLS.

¡Alto a la política de terrorismo de Estado!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

Navegar por las