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Notas Proletarias No. 1 - LA 4TA TRANSFORMACIÓN Y SUS SENTENCIAS ANTIPOPULARES

Miércoles 27 de marzo de 2019, por Chiapas

NOTAS PROLETARIAS
Marzo de 2019. No. 01

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LA 4TA TRANSFORMACIÓN Y SUS SENTENCIAS ANTIPOPULARES

La violencia institucional desmedida que se impone a toda la sociedad mexicana no debe ser vista desde una óptica cercenada por lo mediático, debemos basar la percepción en la realidad objetiva que está frente a nosotros. La razón nuevamente nos indica que mientras el origen de las desgracias que aquejan a nuestro país no sea combatida y aniquilada de fondo, seguiremos padeciendo todos los flagelos sociales que vivimos día a día. La lucha popular es la única vía con la que el pueblo cuenta y se enfrenta a los intereses mezquinos imperialistas, es por eso que de forma siniestra se sataniza, se denigra o se vulgariza esta expresión de movimiento de masas.

Organizarse, luchar, defender y exigir derechos como pueblo no tiene nada que ver con un acto contestatario, es ante todo una acción consciente, tiene profundas bases económico-filosóficas y la dirigimos al régimen que mantiene a los trabajadores en la explotación y opresión, éstas se manifiestan nítidamente en las condiciones precarias en las que vive el pueblo.

El pueblo tiene el legítimo derecho de organizarse bajo la forma de lucha que así considere necesario para resolver sus demandas más sentidas. La organización popular es la antítesis de un régimen que no responde en su justa dimensión a los intereses de los explotados, porque éste obedece a los intereses empresariales y para garantizarlos recurre a la violencia institucional.

La violencia de clase prevalece en nuestro país, es continuidad de la política de los gobiernos declarados abiertamente neoliberales en sexenios pasados; el gobierno actual que se dice ser del pueblo y defender dichos intereses, en esencia no dista mucho de la forma de hacer política al estilo del PRI o el PAN sobre todo cuando se trata de estigmatizar y criminalizar la lucha de las masas trabajadoras.

Cuando se señala al pueblo organizado de “intransigente”, “conservador”, “extrema izquierda” es un acto irresponsable, que constituye un señalamiento criminalizador hacia el movimiento y las acciones de protesta, con ello se estigmatiza, se coarta el derecho a la protesta, a la crítica política y allanar el camino a la represión selectiva, como al parecer indican los casos recientes de ejecuciones extrajudiciales y hechos represivos contra el conjunto del movimiento popular.

Usar esos epítetos hacia el pueblo que organizadamente lucha por demandas justas es evadir la responsabilidad del gobierno actual en la solución puntual de las exigencias populares, se hacen estos señalamientos con la finalidad de desprestigiar los métodos de lucha que los sectores populares recurren en la defensa de sus intereses que antaño otros gobiernos respondieron con la cerrazón.

Tildar de conservador a determinadas expresiones de lucha y en particular a las organizaciones independientes, constituye un sofisma, porque es un concepto que entre sus acepciones hace alusión a oponerse al cambio, pero preguntamos ¿a cuál cambio se refiere? Porque en las relaciones sociales de explotación y opresión no hay cambio alguno, vivimos en una sociedad capitalista, por tanto, los intereses empresariales son los que privan y son los primeros en ser atendidos por el ejecutivo federal, como constatamos en los hechos recientes en el estado de Michoacán, donde los compañeros de la sección XVIII fueron criminalizados desde el propio ejecutivo federal.

La crítica política de las masas cuestiona al régimen imperante, al mismo tiempo que constituye una alternativa para el pueblo y no expectativas falsas de una mejora irrealizable bajo las leyes capitalistas. Eso significa que como pueblo no podemos fiarnos de los políticos de oficio, lo que implica organizarnos bajo las banderas de la lucha independiente.

¿Por qué el gobierno actual arremete contra las organizaciones del pueblo y no elimina la contradicción entre trabajo y capital que es una de las causales que provoca el adeudo a los trabajadores de la educación y todo el sinfín de flagelos sociales? La respuesta es simple, vivimos en una sociedad capitalista y la riqueza social se sustenta en la propiedad privada y no en los intereses de las amplias masas populares, por eso la violencia institucional persiste.

Un ejemplo palpable ocurrió con las movilizaciones pasadas del magisterio democrático en Michoacán, el gobierno federal despotricó contra el magisterio democrático, como si este sector movilizado en lucha fuese responsable del adeudo hacia el sector mismo; de igual forma ocurre con los maestros de Telebachillerato Comunitario en Chiapas y el acto represivo del estado ante su protesta. Cada esfuerzo organizativo de los trabajadores es legítimo, renunciar a ello es desistir a nuestra emancipación del yugo capitalista, es aceptar que las balas de las fuerzas represivas del Estado sigan asesinando a los trabajadores del campo y la ciudad, es aceptar que la explotación siga como algo natural imposible de eliminar, hecho que no tiene absolutamente nada que ver con la corrupción como tema central del gobierno en turno.

Criminalizar, desprestigiar y deslegitimar la lucha y organización de los trabajadores es una contradicción a las promesas de campaña, que atenta contra los intereses del pueblo, refleja la lealtad de la defensa de la propiedad e interés privado de la oligarquía sobre las necesidades y exigencias del pueblo.

El gobierno actual esgrime su política de seguridad sobre bases poco fiables, reduce el clima de crímenes a la corrupción moral de individuos que delinquen porque extraviaron el camino del “bien”, no obstante, esta definición únicamente atiende a la forma y no la esencia. Pacificar el país con la creación de nuevas corporaciones policíacas o con el fortalecimiento de las ya existentes significa mantener una política represiva a pesar de los variados y sutiles matices, demostrando en la vía de los hechos exactamente lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores.

Criminalizar la pobreza y la protesta popular es una política que ya fue esbozada con anterioridad, por ello el pueblo tiene el derecho de escalar en los preceptos metodológicos para hacer frente a nuevas oleadas de represión sistemática. Las víctimas de crímenes de Estado en los primeros días de gobierno ya aumentaron las cifras heredadas de administraciones anteriores por lo que la regla devela continuidad.

No es intransigencia, tenemos el derecho de defender nuestra concepción ideo-filosófica. Si desde la vocería oficial se vilipendia al conjunto del movimiento popular con vituperios y descalificaciones, son las organizaciones populares las que no caerán en la provocación y la estrechez en el análisis, desarrollaremos lucha ideológica con madurez y transparencia, la prudencia política no debe ser considerada como sinónimo de debilidad.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena popular!

Colectivo magisterial 16 DE MARZO
Militantes de la AED Sección 40

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