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La lucha por justicia para las víctimas de la violencia de Estado no puede ser calificada de “rebeldía sin causa”

Viernes 8 de marzo de 2019, por Chiapas

Chiapas, México a 08 de marzo de 2019

A los medios de comunicación

A las organizaciones populares, democráticas e independientes

Al pueblo en general

La incansable búsqueda de justicia de los familiares, amigos, organizaciones populares y de derechos humanos para las miles de víctimas de la violencia de Estado no puede ser calificada de “rebeldía sin causa”, como tampoco es propio de un “gobierno del pueblo y democrático” señalar de “intransigentes”, “conservadores” al pueblo organizado que lucha contra las consecuencias que genera el régimen por ello, el Colectivo Rosa Luxemburgo expresa:

Todo calificativo que se vierte desde el gobierno federal contra el conjunto del movimiento popular se sustenta en la ideología de la clase dominante, es parte de la criminalización que emana de los opresores del pueblo en el intento de abrir paso a la represión selectiva contra el movimiento popular independiente, un ejemplo palpable fue la reciente movilización magisterial popular en el estado de Michoacán contra quienes se ejecutó una campaña de señalamientos dolosos.

La organización del pueblo bajo las banderas de la independencia económica, política e ideológica del Estado tiene profundas raíces socioeconómicas, somos el pueblo explotado y oprimido, víctimas de la rapacidad que el capital impone a los trabajadores del país, por tanto, la exigencia del magisterio democrático no es fortuita, como tampoco la que realiza el resto del conjunto del movimiento popular.

El fenómeno económico-político que dio sustento a la movilización del magisterio democrático demostró que no basta con “buenos deseos y buena voluntad” del gobierno federal para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, fue el resultado de la exigencia del sector magisterial y por el otro, la urgencia del capital monopolista transnacional por resolver la crisis económica capitalista, del que México ocupa un papel dependiente y funcional al imperialismo.

Tachar de “rebeldes sin causa”, “intransigentes”, “conservadores” a todo un pueblo que protesta por mejores condiciones de existencia es una forma de confundir al pueblo o crear una falsa imagen de las masas organizadas para allanar el camino de la lucha fratricida entre hermanos de clase que melle la identidad por medio de la estigmatización.

Exigir el pago de salarios devengados, mejores condiciones de vida no es una actitud de un “rebelde sin causa”, mucho menos exigir el respeto de los derechos sindicales; tampoco lo es la demanda de juicio y castigo a los autores materiales de las miles de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Se fustiga contra el pueblo organizado como si éste fuese el causante de los males que aquejan al país y el enemigo a vencer, esta actitud nos revela la tendencia que en la nueva administración la política represiva se dirige contra el pueblo organizado de forma independiente o por lo menos sobre ellos se descarga la criminalización para generar un ambiente de estigma entre hermanos de clase.

Precisamos que el pueblo organizado no es la causa del descontento de las masas sino los intereses del régimen, la explotación del hombre por el hombre como premisa para garantizar la riqueza social en una minoría reaccionaria, lo que hacen los trabajadores es ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Lo acontecido en Michoacán contra el movimiento magisterial es expresión del reacomodo de intereses de los grupos de poder económico, eso se expresa mediante la retórica del Ejecutivo federal que intentó ganar simpatía en el pueblo y delegar responsabilidad al gobierno michoacano de Silvano Aureoles Conejo y el absurdo de las cámaras empresariales por su pretensión de victimizarse por las “pérdidas millonarias”.

El desarrollo y desenlace del acontecimiento en la entidad michoacana fue en esencia resultado de la determinación y firmeza del pueblo organizado y por la combatividad y solidaridad de aquellos trabajadores de la educación convencidos de que con acciones políticas de masas combativas es la forma de luchar en mejores condiciones en la solución de sus demandas más sentidas.

El hostigamiento, allanamiento de morada y la amenaza velada contra nuestra compañera Cecilia López Pérez y contra el FNLS es una práctica profascista que pretende inhibir la solidaridad que brindamos hacia las víctimas del terrorismo de Estado, política que desnuda la esencia eminentemente contrainsurgente de la represión porque pretende cercenar la creatividad del pueblo ante una situación lacerante.

¿Quién ordena tales actos? ¿En qué instancias de la política oficial se determina tales medidas contrainsurgentes? El pueblo necesita respuestas y no evasivas que pretenden endosar el clima de la violencia a la multicitada delincuencia organizada. La responsabilidad de cualquier acto de represión es única y exclusivamente de los tres niveles de gobierno.

La exigencia del Colectivo Rosa Luxemburgo, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, es puntual, ¡Alto a la criminalización de la protesta popular! ¡Alto al hostigamiento policíaco y señalamientos en contra del FNLS! ¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad! ¡Alto a la militarización y paramilitarización en el país! ¡Presentación con vida de todos detenidos y desaparecidos!

¡Ni perdón, ni olvido!

¡Juicio y castigo a los criminales de Estado!

Colectivo Rosa Luxemburgo

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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