Posicionamiento político: Ante el clima de represión desatada contra el pueblo

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Chiapas, México a 25 de febrero de 2019

A los medios de comunicación

A las organizaciones independientes

Al pueblo en general

Posicionamiento político:
Ante el clima de represión desatada contra el pueblo

La escalada represiva contra los diferentes sectores populares en el estado y en el país en lo que va del año, es la evidencia de la política represiva que se ejecuta de manera selectiva contra las organizaciones del movimiento popular que destacan por ser independientes y combativas; tras el fenómeno resalta la intención de frenar el desarrollo de la unidad del pueblo, la solidaridad entre hermanos de clase e imponer la voluntad oligarca.

El cometido de crimines de lesa humanidad contra el pueblo adquiere una mayor celeridad, porque, es muy corto el intervalo de tiempo entre un crimen cometido y otro, lo que hace que en tan solo dos meses exista una gran lista de víctimas; también tiene la característica de que se comete de manera selectiva, es decir que es dirigido específicamente hacia determinados sectores organizados del pueblo explotado y oprimido.

En Chiapas por ejemplo se desató con el nuevo gobierno una oleada represiva que alcanzó a las organizaciones populares como el sector estudiantil organizado de la Escuela Normal Rural Mactumatza, la Normal Rural Bilingüe Jacinto Canek; al magisterio democrático de la sección 7 y 40 de la CNTE, al Movimiento Campesino Regional Independientes (MOCRI CNPA MN) y al Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra.

Hechos que se engarzan con lo ocurrido en diferentes puntos del país, en Oaxaca en el contexto de la lucha por la derogación de la reforma educativa neoliberal ejecutan extrajudicialmente a Héctor Hernández Pérez y Guadalupe Cruz Vázquez dos trabajadores de la educación, en el estado de Morelos Samir Flores Soberanes integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua también fue víctima de una ejecución extrajudicial en el marco del descontento popular contra la construcción de la termoeléctrica en la Huexca.

Este y los casos citados nos demuestran que la defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo tienen un costo muy alto, la privación del derecho a la vida como moneda de cambio, son crímenes de lesa humanidad que prueban que el terrorismo de Estado no cesa contra el pueblo organizado.

Son algunos ejemplos ilustrativos de la política represiva, donde se objetiva la negación del derecho de asociación, de protesta, la libertad de expresión, por tanto, la actitud de un gobierno autoritario, que recurre a la retórica del gobierno federal de no represión, para encubrir la violencia institucional que se ceba contra el conjunto del movimiento popular en la entidad.

Este escenario indica la continuidad de la política represiva que se implementó en los sexenios anteriores bajo gobiernos emanados de los partidos políticos electoreros PRI, PAN, PRD y PVEM, y que tuvo mayor agudización durante el periodo de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia, estos aplicaron la política federal del terrorismo de Estado, son responsables de miles de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.

En esencia la política de un sexenio a otro no cambia, los crímenes de lesa humanidad se cometen ahí donde la oligarquía tiene fincado sus intereses, donde se impulsarán las Zonas Económicas Especiales, los megaproyectos, así transcurre el nuevo empuje neoliberal en el país, con el objetivo de contener el descontento popular, frenar la organización del pueblo e imponer los intereses del capital.

El actual representante del ejecutivo federal en comparación a los gobiernos pasados sostiene que no recurrirá a la represión contra todo acto de protesta. Sin embargo, las manifestaciones de protesta del sector magisterial agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán y Chiapas fueron reprimidas por exigir el pago de salarios devengados, además de que fueron objeto de linchamiento mediático y señalamientos irresponsables como el de “conservadores y rebeldes sin causa”.

En contrasentido a las declaraciones del ejecutivo federal, si sostiene que reprimir no es la solución a las “demandas del pueblo”, entonces ¿quién dio la orden para reprimir al pueblo movilizado en lucha por sus demandas más sentidas? ¿Quién o quiénes mandataron las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra los defensores de derechos humanos, activistas políticos y periodistas?

En este contexto, repudiamos el costo en vidas humanas, detenciones arbitrarias, señalamientos dolosos cometidos contra los sectores populares. De esa manera se perfila la intención de obstruir la toma de conciencia de clase del pueblo, generar confusión con la posibilidad que desemboque en una confrontación entre hermanos de clase, la cual lleva aparejada la estigmatización contra el pueblo organizado que ejerce su derecho a la protesta.

Condenamos fehacientemente la actitud que asumieron los diputados de la bancada de MORENA quienes se negaron a tomar un punto de acuerdo el pasado 21 de febrero para condenar la ejecución extrajudicial de Samir Flores. Desde esa lógica de éstos políticos de oficio, se percibe a luchadores sociales buenos y malos, un rancio maniqueísmo que constituye el fundamento para estigmatizar y criminalizar la defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene oportunidad de dar un giro a la política gubernamental, sólo que debe reflejarse en los hechos: detener la ejecución de las ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, de otro modo su retórica se diluirá con facilidad en el curso de los acontecimientos para constituirse únicamente en demagogia.

Como movimiento popular debemos estrechar los lazos que como hermanos de clase nos unen para no permitir que cada crimen quede en el silencio y la impunidad, para evitar más derramamiento de sangre de más hijos del pueblo. No esperemos a que la violencia toque nuestras puertas para salir a las calles a exigir justicia.

El silencio no es una opción, porque significaría complicidad, ¿cuantos más deben desaparecer? ¿Cuántos ejecutados extrajudicialmente más, hay que esperar? Para darse cuenta de la política del terrorismo de Estado no se detiene, sólo que ahora dirigido específicamente hacia quienes mantienen crítica política hacia el régimen de explotación y opresión.

Es momento de denunciar y exigir a través de acciones políticas de masas con carácter combativo de destierre la política del terrorismo de Estado, el alto a la militarización del país y el juicio y castigo a los crimínales de Estado, así como la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país!

¡Alto al terrorismo de Estado!

¡Juicio a castigo a los criminales de Estado!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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