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Tinta Socialista No 65. Las acciones políticas expresan la crítica organizada de las masas

Jueves 31 de enero de 2019, por Ciudad de México

31 de enero de 2019

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Las acciones políticas de masas se realizan por una necesidad política, éstas son la expresión de la crítica organizativa del pueblo trabajador ante una realidad lacerante, no son un capricho, ni surgen de manera espontánea o producto de ocurrencias personales; emanan del descontento popular, preocupación o repudio ante una serie de violaciones o restricciones a los derechos y libertades políticas.

El descontento emerge cuando el pueblo trabajador siente trastocados sus derechos políticos, económicos, sociales o culturales establecidos en la Carta Magna y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No son los intereses mezquinos los que conducen su actuar, por lo que la búsqueda de soluciones reales pasa inexorablemente por encontrar la causa desde el régimen económico imperante.

El pueblo consciente estructurado en organizaciones independientes se rige por principios políticos y lo refleja en su praxis, no lo mueven los caprichos o intereses mezquinos, sino la respuesta a sus demandas que son derechos trastocados por las autoridades; el sujeto desclasado, inconsciente o el cretino social lo mueven los bajos instintos, la ignominia, la calumnia con tal de satisfacer sus instintos personales o de grupo.

En Michoacán, los trabajadores de la educación mantienen diversas actividades políticas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y sindicales, que desde hace dos años han sido negados por el gobierno estatal, solución política que no exime de la responsabilidad al gobierno federal.

Aislar el fenómeno y no atacar la esencia permite que políticos de oficio como Silvano Aureoles Conejo, con un largo historial de crímenes de lesa humanidad, de corrupción y represión contra el pueblo organizado y no organizado deambule en los pasillos de la burocracia institucional con total impunidad, y que la solución a las necesidades populares sean colocadas en medio de una diatriba interinstitucional.

Mandatario estatal que permanece registrado en la memoria colectiva del pueblo, quien no olvida las múltiples violaciones a los derechos humanos contra estudiantes normalistas y universitarios, comuneros indígenas, así como a trabajadores de la educación agrupados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), de las cuales, destaca la masacre cometida contra los comeros de Arantepacua el 5 de abril de 2017, donde fueron ejecutados extrajudicialmente cuatro integrantes de esta comunidad.

Crímenes de Estado que se suman a las violaciones a los derechos humanos contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) cometidas el 10 de octubre del 2018 en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, donde a través de un operativo con cientos de elementos de la Policía Michoacán, bajo las órdenes de Aureoles Conejo, detuvo de manera arbitraria a más de 80 comuneros, indígenas, niños, profesores y estudiantes por realizar una jornada nacional de lucha en el marco de la lucha y resistencia indígena.

Es irracional que desde el año 2017 el gobierno de Silvano Aureoles adeude prestaciones a los trabajadores de la educación, a más de 29 mil profesores se les deben varias quincenas, algunos que están por contrato no han recibido pago alguno desde septiembre del año pasado, además de no entregar la prima vacacional y la retribución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017 y 2018. Omisiones laborales y administrativas que desde la administración de Enrique Peña Nieto se incumplieron y que hoy se quieren ver de manera reduccionista para sostener que la movilización magisterial no tiene sustento real.

Calificar las movilizaciones de los docentes como “conservadoras” o a sus representantes de “provocadores” es con la intención de abonar al desprestigio, a impedir la libre manifestación de ideas y tratar de invisibilizar el descontento popular, que responde a la política nefasta de un gobernador que se ha caracterizado por ser antipopular, proempresarial y represivo.

Silvano Aureoles Conejo es omiso a las demandas de las organizaciones populares, magisteriales, estudiantiles e indígenas. Su respuesta es la represión, la cárcel, el cometido de crímenes de Estado, la criminalización de la pobreza y protesta popular. Sin mediar palabra responde con bravuconería, por lo que razones existen de manera sobrada para exigir a través de la movilización el respeto a los derechos constitucionales y sindicales.

Lo que acontece en la entidad michoacana es una particularidad de lo que sucede en el territorio nacional respecto a los trabajadores de la educación, agrupados en la CNTE, hombres y mujeres quienes desde la imposición de la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sintieron los efectos de ésta con la retención de pagos, adeudos de sus quincenas, trabajar sin recibir salario alguno y despidos injustificados.

Acontecimientos represivos que trastocaron los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, fenómeno que no se vio en su total dimensión, porque la reforma educativa transgredió los derecho laborales, sindicales y el derecho a la vida, porque al ser despedido o retener su cheque los condenaron a dejar sin manutención a su familia, ¿cómo es posible que un trabajador de la educación no reciba pago alguno por sus servicios desde septiembre del año pasado o no les sufraguen sus prestaciones?

Las motivaciones de su protesta es legítima, en tanto, haya omisión de las autoridades locales para atender las demandas de los docentes, situación que no escapa de la responsabilidad al gobierno federal porque no basta con depositar el adeudo para chantajear a los docentes que abandonen la movilización, sino de atacar de fondo el problema que tiene punto de partida en la ejecución de la reforma educativa de carácter neoliberal.

Independientemente de quien ocupe la silla presidencial, la responsabilidad del gobernante es atender las demandas que quedaron pendientes en la administración federal pasada; esto no significa personalizar los asuntos o descargar responsabilidad en personajes, pues en política nada es personal ni obedece a diatribas, es ante todo analizar la generalidad del fenómeno para ver su particularidad.

Responsabilizar a los trabajadores de la educación en Michoacán de las “pérdidas millonarias” en la entidad es ignominioso, porque desvían el carácter y la esencia de las movilizaciones de los trabajadores de la educación, la cuales obedecen a la trasgresión de sus derechos laborales y sindicales. Tales afirmaciones colocan en primer orden el interés mezquino del capital transnacional por encima de los derechos sociales de miles de trabajadores de la educación, sus familias y el pueblo en general.

Hay aspectos que se deben resolver en toda la geografía mexicana, producto de la política ejecutada en administraciones pasadas, las cuales gobernaron con la violencia institucional y el terrorismo de Estado; no es con la reprimenda como se van a solucionar el descontento popular. Existe el deseo de las actuales autoridades federales que la injusticia social sea eliminada por decreto, cosa muy difícil en el actual régimen socioeconómico.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

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