Conferencia de prensa. Exigimos juicio y castigo a los responsables de perpetrar el uso desmedido de la fuerza represiva contra nuestros compañeros

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Ciudad de México a 11 de octubre de 2018

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares independientes
A la opinión pública

La represión ejecutada contra nuestros compañeros en Michoacán se suma a la larga lista de agravios que el gobierno del estado en complicidad con el federal ejerce con total impunidad. El uso desmedido de la fuerza, la portación de armas de fuego… son actitudes propias que descubren el verdadero rostro criminal de la administración de Silvano Aureoles Conejo. La retahíla de mentiras que vocifera para justificar su vocación fascistoide únicamente develan su carácter proempresarial y represivo.

En el marco de la lucha y resistencia de los pueblos indígenas, el movimiento popular recuerda esta fecha como un emblema de organización, de digna lucha contra la explotación, el despojo, el saqueo y el sometimiento. No es la pose demagógica ni la parafernalia institucional lo que mueve nuestros actos, para nosotros la conmemoración de una fecha histórica nos conmina a lucha y a organizarnos.

Es un absurdo que el gobernador del estado argumente que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una “organización radical, extremista y violenta”, tales vituperios rayan en lo pueril e intentan justificar la violencia irracional cometida contra nuestros compañeros. Nosotros no asesinamos a comuneros y niños en Arantepacua, no se le olvide señor gobernador, sobre su responsabilidad yerguen crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Es ilustrativa la manera en que el titular del ejecutivo estatal sigue al pie de la letra los designios de la cúpula empresarial, la forma en cómo ante esta exigencia se “aplica el estado de derecho” que significa represión, detenciones arbitrarias, el uso desmedido de los cuerpos represivos para imponer a sangre y fuego los designios de un grupo reducido de oligarcas agrupados en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y Servicios y Turismo (SERVITUR).

La composición del operativo no deja lugar a dudas de que se trató de un plan guiado por los manuales de represión dictados desde las altas esferas de Estado policíaco militar. Policías vestidos de civil hicieron el papel de fieles cancerberos del capital, quienes en una actitud cobarde, y escudados tras la impunidad que les brinda el estado de derecho oligárquico señalaron, agredieron y detuvieron a nuestros compañeros en una franca violación a los derechos humanos.

La “Feria de los Pueblos Mágicos” fue el pretexto gubernamental para desatar la represión, sirvió de parapeto para que el gobernador del estado lanzara sendas calumnias. ¿Cuál es el daño o “peligrosidad” de unos niños que apenas rayan la adolescencia? ¿Qué actitud “radicalista” le genera una mujer agobiada por más de siete décadas de edad? ¿Con que “extremismo peligroso” le amenaza una mujer embarazada o con niños en brazos?

Enfatizamos, nosotros no somos causantes de la violencia, ésta nos alcanza con diferente flagelo en el intento por hacernos desistir y callar nuestra voz de denuncia. Nuestra palabra se suma a la de miles de víctimas del terrorismo de Estado, en diferentes jornadas de lucha exigimos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, de forma particular de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; de los 43 normalistas de Ayotzinapa y más de 300 mil hermanos de clase que se encuentran en esta condición inhumana.

El gobernador considera como una “incongruencia” señalar el aumento de la pobreza y miseria en el país y en la entidad federativa. Los saldos deleznables de la política del terrorismo de Estado que cada día ahonda más la herida del pueblo trabajador. ¿Por qué le incomoda la denuncia? ¿Por qué justifica su proceder represivo con argumentos tan pueriles como el de encubrirnos en el “manto indígena” con un “trasfondo político”?

Explíquese señor gobernador, ¿a qué se refiere con que nuestra organización tiene “trasfondos políticos”? con esta afirmación en voz del titular de la administración estatal sostiene que los crímenes cometidos contra nosotros son con el objetivo de inhibir la denuncia de la responsabilidad gubernamental del baño de sangre que asola al pueblo mexicano.

Luchar por mejores condiciones de vida y en la exigencia del juicio y castigo a los criminales de Estado no es un delito. Es un derecho que nos asiste como parte de los sectores populares. La respuesta organizativa ante las afrentas gubernamentales es conducida por el acto consciente, por la asimilación del carácter de clase de la violencia.

La cifra de víctimas del terrorismo de Estado en el país es muy amplia, abarca a luchadores sociales de distintas convicciones políticas, periodistas honestos y críticos al régimen, pueblo en general. Ninguno merece permanecer en esa condición inhumana, sometido a múltiples crímenes de Estado, por lo tanto, los comentarios peyorativos que enuncia el gobernador ante nuestra voz de denuncia expresan la vocación represiva que lo distingue.

No hubo aplicación del estado de derecho, fue la imposición de los intereses de una minoría empresarial que lucra con la cultura milenaria de los pueblos indígenas, que vulgarizan el atavío de las comunidades, que vilipendian las costumbres y denigran la riqueza cultural en un soez folclor mercantilista.

La participación de elementos con armas a la cintura es una prueba ineludible del carácter sistemático de la represión, de la política gubernamental que criminaliza e incrimina a las organizaciones populares. La actitud déspota y retrógrada de los policías contra compañeras que indicaban estar embarazadas, así como contra la compañera Rosa Hernández Reyes, quien padece las secuelas de un atentado en abril de 2014, son el indicativo del odio de clase que destilan los cuerpos represivos y toda su cadena de mando.

Hoy no queda duda que los crímenes cometidos contra nosotros tiene el claro propósito de cercenar la capacidad organizativa del pueblo. Esa es la explicación de la detención desaparición de nuestro compañero en Chiapas; la ejecución extrajudicial de Humberto Morales Sántiz; el intento de ejecución extrajudicial de cinco compañeros en la Ciudad de México, y toda una serie de actos represivos en los estados donde tenemos presencia y arraigo.

Exigimos juicio y castigo a los responsables de perpetrar el uso desmedido de la fuerza represiva contra nuestros compañeros, reparación integral de los daños y perjuicios causados a nuestros compañeros artesanos y garantías para el ejercicio de nuestras libertades políticas.

Responsabilizamos al gobernador Silvano Aureoles Conejo, al presidente Enrique Peña Nieto de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros detenidos de manera arbitraria, así como de las compañeras en periodo de gestación.
Ante la represión generalizada, la lucha organizada

¡Presos políticos! ¡Libertad!
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Alto al terrorismo de Estado

Fraternalmente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Frente Popular Francisco Villa Independiente, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)

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