¿Quién es el violento el que con insignias oficiales comete desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales o el que protesta en las calles para exigir justicia?

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Ciudad de México a 10 de octubre de 2018

El desalojo violento y la detención arbitraria de 38 compañeros en las instalaciones de la Notaria 97 y once más en la Plaza Melchor Ocampo en Morelia es eminentemente político; obedecen a la política represiva para intentar minar la protesta combativa de nuestros compañeros quienes a través de la denuncia y acciones políticas de masas exigen alto al terrorismo de Estado, la desmilitarización del país, así como la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen.

La administración de Silvano Aureoles Conejo se ciñe a los lineamientos del ejecutivo federal, de aplicar al pie de la letra la política de terrorismo de Estado para contener y acallar las voces de protesta; así como plegarse a los designios de las cámaras empresariales, en esta ocasión al servicio de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur), quienes son los principales en exigir el baño de sangre para el pueblo organizado.

A través del Mando Único, dirigido por el subsecretario de Seguridad Pública Gómez Arrieta, con elementos uniformados, vestidos de civil y unos armados golpearon, vejaron y desalojaron a los compañeros, sin importarles si había niños de por medio o personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado como la compañera Rosa Hernández Reyes, quien en el año 2014 sufrió un atentado y producto de ello resultó con lesiones graves que le impide valerse por sí misma.

¿Por qué sostiene Silvano Aureoles a hombres como Gómez Arrieta, quien se distingue por tener un historial negro en la Secretaria de Seguridad Pública?, como todo hombre del régimen, es el que coordina todos los operativos, encarcela, tortura, en los hechos es el responsable de objetivar el baño de sangre en el estado de Michoacán; recordemos los casos de Arantepakua, de los normalistas, de los trabajadores de la educación, quienes han sido trastocados por la mano criminal de este hombre.

La difamación y descalificación es el argumento del Estado para justificar los actos represivos del gobierno estatal, quien a través de sus voceros oficiosos y algunos medios de comunicación se pliegan a sus designios y generan las condiciones para la represión.

Las alocuciones del gobernador ante los medios de comunicación “que no tolerará que grupos radicales y extremos, a los que consideró con trasfondos políticos envueltos en el “manto indígena”, violenten el orden y el estado de derecho, en referencia a la instalación de puestos ambulantes de artesanías y demás productos en la plaza Melchor Ocampo” obedecen a la campaña de linchamiento y desprestigio contra las organizaciones populares con carácter independiente.

¿Acaso luchar por erradicar de raíz la pobreza, miseria, explotación económica, opresión política es un delito?, ¿exigir alto a los crímenes de Estado y de lesa humanidad es un delito?, exigir alto al terrorismo de Estado y la desmilitarización es un delito? Por supuesto que no, son demandas que padecemos todos los días el pueblo trabajador, donde comprobado está que las mismas instituciones y corporaciones policíacas son las que materializan esta política criminal.

¿Quién es el violento, el que con insignias oficiales comete desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales o aquellos que salen a las calles a protestar ante las injusticias gubernamentales? Desde luego, aquellos que bajo el amparo de la ley burguesa cometen a diestra y siniestra graves violaciones a los derechos humanos.

Los derechos y libertades políticas no están sujetos a negociación o a caprichos de voraces empresarios; éstos son conquistas, luchas del pueblo que por años ha sido explotado y oprimido por la clase dominante. La denuncia y acciones políticas de masas son derechos y libertades políticas del pueblo para expresar libremente las violaciones a los derechos humanos.

El pueblo organizado no se moviliza por gusto o capricho, no son los sentimientos mezquinos los que lo orillan a manifestarse son los actos de represión, indolencia, burocratismo, demagogia de políticos de oficio, administraciones en turno e instituciones los que mueven los sentimientos humanos para exigir justicia.

El estado de derecho al que alude el mandatario estatal es aquel que defiende los intereses político y económico de los empresarios; no son para la protección de las masas trabajadoras, para ellos los “delincuentes” son el pueblo consciente que de manera organizada exige sus derechos y libertades políticas.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) es una organización popular e independiente que desde hace 18 años realiza actividades políticas en los estados donde tiene presencia y arraigo; en Michoacán desde esa fecha realiza año con año jornadas nacionales de lucha en el marco del 12 de octubre, día que conmemoramos la lucha y resistencia de los pueblos indígenas, en esta ocasión se realizaba la jornada a “526 años de resistencia y lucha por la emancipación del pueblo”.

Esta jornada va acompañada de actividades políticas, culturales y artísticas, donde artesanos hacen una exposición de su trabajo que por generaciones es transmitido, asimismo personalidades, defensores de los derechos humanos y artistas presentan bailables, ponencias o recitales poéticos para expresar la solidaridad y la denuncia política de la represión y políticas antipopulares que padecemos las masas trabajadoras.

Una de las banderas de lucha que enarbolamos es alto al terrorismo de Estado, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen, la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que en un acto de solidaridad brindamos a los familiares para que el Estado mexicano presente con vida a sus seres queridos, asimismo enjuicien y castiguen a los responsables.

Por abrazar esta bandera de lucha y desenmascarar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad hemos sido objeto de calumnias, difamación, hostigamiento, represión y del cometido de más crímenes de lesa humanidad, como el intento de ejecución extrajudicial contra cinco compañeros en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2015; la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, el 5 de marzo de 2016; la ejecución extrajudicial del compañerito Humberto Morales Sántiz, el 28 de febrero de 2017; la detención arbitraria de 31 compañeros en la caseta de peaje Tuxtla-San Cristóbal en junio de 2017.

Ahora se suma el desalojo violento, golpes y detenciones arbitrarias contra compañeros en el estado de Michoacán por la Policía Michoacán bajo las órdenes del ejecutivo estatal y la Secretaria de Seguridad Pública. Nos queda claro que nuestros compañeros están en calidad de rehenes políticos, por resistir y denunciar la política represiva del gobierno de Silvano Aureoles Conejo están en calidad de presos políticos.

Responsabilizamos al gobierno de Silvano Aureoles Conejo, al Subsecretario de Seguridad Pública Gómez Arrieta, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) de la integridad físico y psicológica de nuestros compañeros.

  • Libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros presos políticos
  • Solución inmediata a sus justas demandas

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

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