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50 años de impunidad. Expresión de la violencia de Estado en México

Miércoles 3 de octubre de 2018, por Ciudad de México

Ciudad de México a 3 de octubre de 2018
VII Congreso Internacional de Humanidades y Cultura
Universidad Autónoma Chapingo

50 años de impunidad. Expresión de la violencia de Estado en México

La masacre del 2 de octubre de 1968 es la manifestación nítida de la violencia de Estado en el país; es la expresión del cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad para intentar mermar la voluntad de lucha del pueblo trabajador; es la evidencia puntual del carácter de clase de la violencia ejecutada contra diversos sectores populares con el objetivo de desarticular todo esfuerzo organizativo en ciernes o en proceso de consolidación.

Los acontecimientos suscitados aquel 2 de octubre describen la cúspide de la espiral de violencia ejercida en aquellos años contra el creciente descontento popular ante la profundización de la pobreza y miseria, tuvo sus orígenes por lo menos una década atrás. De 1958 a 1968 transcurre un periodo de desarrollo dialéctico en la metodología de lucha, proceso que el Estado mexicano intenta romper con la represión masiva y selectiva la cual se tradujo en cientos de presos políticos y asesinatos de trabajadores del campo y la ciudad.

La cifra de víctimas de aquel fatídico acontecimiento es aún incuantificable, sin embargo, ésta rebasa por mucho los datos oficiales, porque desde las instituciones del gobierno mexicano ocultan de forma premeditada la estadística real de los muertos, heridos, detenidos y desaparecidos. El resultado es sangriento y la impunidad que prevalece es el indicativo de la autoría del Estado mexicano.

A mitad del siglo pasado, las contradicciones no resueltas de la Revolución mexicana eran cada vez más evidentes. Masas obreras, estudiantes, profesionistas y campesinos desarrollaron paulatinamente acciones de protesta que dialécticamente avanzaban en formas metodológicas y organizativas acorde a la represión ejecutada por el Estado mexicano.

La conclusión de que el capitalismo no resuelve las contradicciones inherentes al régimen quedó demostrado hace más de un lustro. El desarrollo ulterior se vio enmarcada en una maraña de represión sistemática que hace más profunda la desigualdad social entre poseedores y desposeídos. Desde entonces la necesidad de la unidad popular queda expresada como único baluarte para la superación cualitativa de este régimen oprobioso.

A 50 años de distancia, el saldo deleznable es más que evidente, existe incontable prueba testimonial de mantener la impunidad como consigna de Estado que sostiene el carácter contrainsurgente de este acto represivo, no obstante, preguntas surgen y asaltan la mente. ¿Acaso la violencia institucional quedó en el pasado? ¿Las víctimas del 68 son las únicas que le duelen al pueblo mexicano? ¿La impunidad y el terrorismo como política de gobierno quedaron en el desván de la historia?

Las respuestas son concretas, del 68 a la fecha en México se vive el perfeccionamiento de la dictadura de una minoría oligárquica, la adecuación de los métodos de represión para hacer más sutil el vínculo entre perpetrador con el autor intelectual, en suma, la imposición de un Estado policíaco militar, la ejecución del terrorismo de Estado como política de gobierno y la impunidad que garantiza el estado de derecho oligárquico.

El cumplimiento de un lustro sirvió de parapeto a “sesudos” analistas, periodistas “críticos” para declarar el fin de la metodología de lucha independiente; que el tránsito a la democracia cobró la vida de jóvenes valiosos pero que al final el objetivo se consiguió; esbozan que de aquella “Noche de Tlatelolco” a la fecha se vivió una transición democrática y toda una plétora de argumentos que denotan una actitud medrosa y vil para lucrar con el dolor de las víctimas.

En estos análisis omiten deliberadamente que la espiral de violencia no cesa, por el contrario, aumenta y la cifra de víctimas es incuantificable. No se trata de obviar los matices, sino de evidenciarlos para demostrar el hilo conductor que emana de las estructuras del Estado. Acomodarse pasivamente a los vaivenes de la vida institucional denota una actitud lamentable, por decir lo menos.

Quienes participamos en el movimiento popular debemos rememorar aquel acontecimiento, pero ésta no debe ser de manera pasiva, el objetivo es mantener la memoria histórica para ubicar las cusas conexas del cometido de múltiples crímenes de Estado. Más allá de los límites de sexenio y temporalidad, el carácter criminal del Estado mexicano permanece inmutable.

El silencio cómplice que guardan algunos políticos de oficio y personalidades del medio periodístico sobre las estadísticas actuales de la violencia de Estado develan la actitud oportunista de quienes les resulta cómodo hablar de los crímenes del pasado. Impera la indolencia y pasividad sobre las consecuencias del terrorismo de Estado y el régimen neoliberal.

La enseñanza política que deja la historia de lucha del pueblo es certera, desde la institucionalidad del régimen no es posible defender los derechos y las causas populares, de donde se desprende que la necesidad actual es desarrollar la lucha fuera de los marcos corporativos del Estado mexicano.

El pacifismo como metodología de lucha coloca a las organizaciones populares en una condición de vulnerabilidad política, en el blanco fácil de la represión y a la larga conduce a la pretensión de la conciliación de clases. No se trata de actos contestatarios ni catárticos, es menester implementar mecanismos de organización acorde a las necesidades actuales, donde el flagelo de los crímenes de lesa humanidad se ceba contra las masas inermes.

A 50 años en el transcurrir del tiempo no hay lugar para el olvido, la memoria histórica implica rememorar a las víctimas del pasado, pero también a las del presente. Ubicar en su justa dimensión a los responsables de tan abominables crímenes, porque con su actuar destacan como verdugos del pueblo.

La exigencia de juicio y castigo a los responsables del baño de sangre que intenta ahogar a las masas proletarias es una bandera de lucha que debe permanecer presente en cada una de las actividades políticas de masas. Diluir la responsabilidad criminal del Estado en los llamados a superar el dolor y llegar a resignación simplemente es inadmisible.

Existen cientos de actos represivos que se cometen a diario contra el pueblo trabajador, todos ellos evocan la memoria colectiva e histórica de las masas proletarias. Cada herida que cala en lo profundo de la humanidad de millones de mexicanos evoca a no olvidar y no perdonar. Miles de detenidos desaparecidos, miles de ejecutados extrajudicialmente; masacres cometidas en Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca… en toda la geografía mexicana.

Las víctimas son del pueblo, son madres, padres hijos; cada uno con una historia de vida o de lucha. Los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; Humberto Morales Sántiz; Héctor Sántiz López; los 43 normalistas de Ayotzinapa; Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Teodulfo Torres Soriano; Carlos René Román Salazar… y miles más. Por todos ellos ¡Ni perdón ni olvido! ¡Juicio y castigo a los criminales de Estado!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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