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Tinta socialista No 49. Los crímenes de lesa humanidad son sistemáticos y recurrentes, donde no puede haber perdón ni olvido

Sábado 18 de agosto de 2018, por Ciudad de México

18 de agosto de 2018

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Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, ante tales violaciones degradantes de la esencia humana no puede existir el olvido; la exigencia de castigo es simplemente incompatible con el criterio del perdón ante tan abominables crímenes. El sentimiento mesiánico de perdonar y olvidar no es el que mueve a los familiares, es la necesidad de que presenten con vida a sus seres queridos.

El Estado mexicano es quien comete estos actos aborrecibles, los personeros que lo representan son responsables de esta realidad lacerante, por lo que la exigencia de juicio y castigo no se personaliza en individuos aislados de su condición de clase en el vínculo intrínseco con la estructura represiva. Los responsables son criminales de Estado, lo que implica un peldaño más en la espiral de violencia.

Es clara la ruta ascendente que describe la violencia y el terror gubernamental, por lo que al cierre del actual sexenio las cifras se convierten en el vivo rostro de un gobierno antipopular, represivo y prooligarca. El nexo del poder económico y político es puntual donde el interés de empresarios voraces es garantizado a través del terrorismo de Estado.

La presentación con vida no es una consigna producto del empecinamiento o terquedad, no es el resentimiento social el que mueve a los familiares, es la adquisición paulatina de la claridad política que pone en evidencia el carácter de clase de la violencia y desnuda el hilo conductor entre el autor intelectual y el material.

La cifra de víctimas habla por sí sola, son cientos de miles de familias que viven en carne propia las consecuencias de este flagelo, por lo que hoy nadie puede dudar de la existencia del terror como política de gobierno que busca infligir una herida en las masas trabajadoras para impedir que luche por sus necesidades más elementales.

La estadística es incuantificable con exactitud, son millones los hijos del pueblo trabajador quienes fueron vulnerados por la violencia y el terrorismo de Estado. Exigir que se les presente con vida no es una actitud de obstinación, es el convencimiento de la responsabilidad gubernamental en su cometido.

Está claro que la política del cambio no representó ningún beneficio para el pueblo mexicano, el sexenio de Enrique Peña Nieto se coloca dentro de las estadísticas como uno de los más represivos y violentos, en su administración la cifra de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y desplazamiento forzado se incrementaron de manera escalofriante, lo que indica una verdad, la violencia tiene un carácter transexenal.

Escamotear la justicia se convierte en uno de los mecanismos para intentar mediatizar la lucha de los familiares, a través de trámites burocráticos, artilugios leguleyos suponen conducir al desgaste. Los titulares de las dependencias creadas exprofeso para servir de dique de contención en la exigencia de presentación con vida pretenden resolver el dolor por medio de aspectos monetarios.

La negación de dar apertura a las instancias militares para buscar a los detenidos desaparecidos es el claro ejemplo de la impunidad que se procura desde las más altas estructuras gubernamentales, en voz de distintos funcionarios se alude la existencia de sentencias judiciales donde se ordena la búsqueda en instituciones castrenses, lo que expresa el uso faccioso de tales recursos jurídicos porque éstos se lograron producto de la lucha de familiares, amigos, personalidades progresistas, organismos de derechos humanos no gubernamentales y el movimiento popular, por lo que NO ES UNA CONCESIÓN DE GOBIERNO.

Es falso que las instancias militares colaboren a dar cumplimiento de las resoluciones judiciales, porque su labor es simular el acceso a la justicia para llenar trámites protocolarios dentro del mecanismo internacional de derechos humanos. En los hechos estas actitudes revictimizan a los familiares y a sus seres queridos que se encuentran en esa condición inhumana.

La existencia de la desaparición forzada en inocultable, sin embargo, lo perverso del Estado mexicano es que busca por todos los medios mediatizar la lucha de los familiares, pretende atraparlos en la maraña burocrática y confundir los esfuerzos por la senda de la conciliación.

Intentar equiparar a las víctimas de la desaparición forzada con una fracción monetaria es una burla y un absurdo. Jamás y en ninguna circunstancia se puede comparar a un hijo, un hermano, padre o madre con una suma de dinero, por lo tanto, la conciliación, el perdón y el olvido son inadmisibles.

Los llamados a perdonar y olvidar carecen de fundamento político y humano, detrás de estas propuestas subyace el intento de descargar la responsabilidad de Estado en individuos aislados, en personajes menores de la cadena represiva, lo que el fondo conlleva a mediatizar la justa demanda de presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada por motivos políticos o sociales.

La responsabilidad individual de personajes que objetivan el terrorismo de Estado es compartida con toda la estructura represiva, el perdón no sólo es inadmisible, sino una maniobra que adquiere rasgos perversos. Por muy buena que sea la intención, no se puede otorgar indulgencia a quien posee la patente de la violencia y la utiliza contra las masas inermes.

Cada crimen de lesa humanidad que se comete en nuestro país es el fiel testimonio de que el terror es política de gobierno cuya expresión toma matices con cada periodo de gobierno, en su generalidad se mantiene como una política transexenal, sistemática y generalizada, en consecuencia, los saldos deleznables en nuestro país ya rebasaron las estadísticas de las dictaduras militares impuestas en Latinoamérica en el siglo pasado.

En toda la geografía mexicana existe la protesta ante esta política criminal, los responsables materiales e intelectuales deben ser castigados por los crímenes cometidos; en tanto son crímenes que lesionan a la humanidad, la consigna ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los criminales de Estado! Debe resonar con mayor ahínco.

No puede haber borrón y cuenta nueva en los crímenes de lesa humanidad, no es posible olvidar al ser querido vejado en su integridad personal producto del carácter antipopular de los gobiernos en turno, imposible hacer pasar como inadvertido los ríos de sangre del pueblo trabajador que se desbordan ante tan execrable realidad de muerte y desapariciones forzadas.

La duda no debe asaltar a los incautos, mucho menos deslumbrar a ilusos, no se puede perdonar a los personeros del poder económico y político, quienes objetivan el binomio represivo donde se planifican cada uno de los crímenes de lesa humanidad, quienes aseguran sus ambiciosos intereses por medio del terror.

El carácter sistemático de la represión no deja espacio para imprecisiones en el análisis, cada uno de los crímenes cometidos tienen el sello de Estado, porque con ello se busca impedir que el pueblo se organice en la exigencia de sus necesidades más elementales, que tome conciencia de su situación paupérrima y, en consecuencia, actúe conforme a sus objetivos históricos.

Parcializar la responsabilidad en sujetos aislados es una maniobra ya trillada que gobierno tras gobierno intentan implementar, repetidamente es presentada con diferente forma, pero en esencia, el objetivo es eminentemente antipopular con el cual pretenden granjear la impunidad a toda la cadena represiva por donde se ordena y ejecutan los crímenes de lesa humanidad.

Escamotear la justicia por medio de ilusos llamados al perdón son igual de perversos que planificar el cometido de violaciones a los derechos humanos, como lo atestiguan los miles de casos cometidos durante el sexenio peñista. Simplemente no es posible perdonar, la exigencia es presentación con vida.

La línea que divide a esta propuesta con la entrega de osamentas a familiares es muy delgada, por ello se convierte un mecanismo con rasgos muy negativos. Resulta en exceso pernicioso abrir la coartada para que el país entero sea un centro de inhumaciones clandestinas para después utilizar a los familiares en la búsqueda de sus seres queridos.

La necesidad de presentación con vida es una demanda que no se altera con el paso de la estafeta gubernamental de un personero a otro, es una exigencia que se no modifica en torno a las coyunturas burguesas; las consignas resonarán en las calles, los pasos volverán a andar las rutas institucionales, el movimiento popular independiente seguirá firme en las acciones políticas de masas hasta que los detenidos desaparecidos sean presentados con vida. ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

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