Boletín de prensa. Diligencias realizadas en Oaxaca a 11 años de la detención desaparición significa la revictimización de los familiares y una mera simulación

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca 9 de agosto de 2018

A los medios de comunicación
A las organizaciones populares
A los comités de derechos humanos
A la opinión pública

Los días 7, 8 y 9 de agosto del presente año, integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el asesor legal Leonel Rivero Rodríguez e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo asistimos a una serie de diligencias realizadas en cuatro dependencias públicas del estado de Oaxaca, las cuales fueron referentes a la búsqueda de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en esta ciudad.

Estas diligencias son consecuencia de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Poder Judicial de la Federación en julio de 2014, quien ordenó realizar una serie de acciones jurídicas a fin de dar con el paradero de ambos luchadores sociales.

Es importante destacar que estas medidas jurídicas fueron arrancadas al Estado mexicano producto de la lucha jurídico política que se ha mantenido de manera constante durante 11 años ininterrumpidos, y a pesar de las condiciones poco favorables en las que se realizaron, éstas no son fortuitas sino parte de la concreción y evidencia de que este crimen es un crimen de Estado y de lesa humanidad.

Los lugares en donde se realizaron son dependencias públicas pertenecientes al gobierno del estado de Oaxaca: la agencia denominada “Los pinos”, la Agencia Estatal de Investigación “La experimental”, la agencia de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) y la Secretaría de Seguridad Pública. Sitios que han sido señalados en diversas ocasiones como espacios de detención ilegal y tortura durante las acciones de protesta en el marco del movimiento magisterial popular en el año 2006.

En el expediente obra el testimonio que los luchadores sociales Edmundo y Gabriel pudieron haber sido llevados en el 2007 a estos sitios que fungían como centro de operaciones de los cuerpos represivos del gobierno de Ulises Ruiz, por lo que no queda duda que estos espacios encierran un amplio historial de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en ese entonces.

Las diligencias realizadas parten de un mandato judicial, no obstante, en su realización se observa una inspección superficial, sin el menor cuidado científico para obtener los mejores resultados que abonen verdaderamente para dar con los responsables materiales e intelectuales de este abominable crimen.

Es notorio la premura por terminar con las labores de las inspecciones, de donde se desprende que el motivo de su realización es con el propósito de llenar los vacíos jurídicos que obran en el expediente, únicamente como trámites protocolarios para cumplimentar con los requisitos que les exige el Juez para informar sobre las acciones que han realizado como PGR para acatar la resolución judicial del 2014.

La Fiscalía Estatal de Justicia se adelanta a informar que los resultados son exitosos, que no se encontró ninguna evidencia, sin embargo, con tales métodos que faltan a la rigurosidad científica es claro que estos serían los resultados.

Es necesario precisar, no se está en la búsqueda de los restos mortales de nuestros familiares, la exigencia de presentación con vida se mantiene como una necesidad de primer orden. No se atendió este llamado a realizar las diligencias por el hecho de dar por muertos a nuestros seres queridos, sino porque estos espacios son denunciados como centros de tortura, los cuales son el testimonio de la existencia de muchas más víctimas.

La dilación para realizar estas diligencias 11 años después de acontecidos los hechos habla de la complicidad y responsabilidad de todas las estructuras gubernamentales, de todo el andamiaje represivo que procura la impunidad a los perpetradores y que en todo este tiempo no tuvieron la disponibilidad para realizar de manera pronta las investigaciones y la búsqueda de ambos luchadores sociales como se ha demandado desde el año 2007.

Filtrar la información sobre la realización de estas diligencias a los medios de comunicación como lo hicieron desde las instituciones judiciales expresa la perversidad de las instituciones de procuración de justicia, actitudes que revictimizan a familiares y organizaciones populares porque con estas acciones pretenden demostrar la aparente voluntad ante una necesidad que debió hacerse desde hace 11 años, hoy significa una burla, no hay inmediatez ni una investigación pronta como lo demanda un crimen tan grave como éste.

Condenamos enérgicamente la manipulación que pretenden hacer los funcionarios públicos de todos los niveles, de asegurarse canonjías con el dolor de las víctimas, de lucrar con la angustia de los familiares por la desaparición forzada de un ser querido. Una investigación real y sin simulaciones deben dar con el paradero de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

El testimonio es amplio que desenmascara al Estado mexicano como el autor intelectual y material de estos crímenes, aunque pretendieron borrar la huella de los detenidos desaparecidos en su paso por las mazmorras, ésta perdura a pasar del paso del tiempo, por lo que ¡Basta ya de simulación!, saben dónde están Edmundo y Gabriel y quiénes son los responsables por lo que la exigencia es que LOS PRESENTEN CON VIDA.

Atentamente

¡Detenidos Desaparecidos, Presentación con vida!
¡Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos!
¡Ni Perdón, Ni Olvido, Ni Reconciliación!
¡Juicio y Castigo a los responsables!

Comité de Familiares de detenidos desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

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