Tinta Socialista No 43. Descargar la responsabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos a la pieza desechable es una maniobra perversa

, por  Ciudad de México , popularidad : 11%

05 de junio de 2018

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Endosar las desapariciones forzadas al misterioso crimen organizado o el narcotráfico es una política gubernamental engañosa que tiene la intención de justificar el Estado policíaco militar e imponer la voluntad de la oligarquía; este manejo político tiene nombre: terrorismo de Estado, en cada uno de los crímenes cometidos está la mano perversa del gobierno mexicano.

Descargar la responsabilidad de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura en la ficha desechable es una maniobra siniestra, porque es una verdad oculta que las principales bandas delictivas operan bajo el mando del gobierno mexicano; de lo contrario, cómo nos explicamos que en estos últimos diez años los crímenes de lesa humanidad alcanzan cifras incuantificables ante la falta de un registro confiable que determine con exactitud la magnitud del fenómeno.

El Estado mexicano siempre va escamotear la justicia, a través de instrumentos leguleyos intenta desviar la esencia del fenómeno, por ejemplo, recientemente la Secretaria de Gobernación reconoció que la cifra de desaparición forzada incrementó a 37 mil 435 desaparecidos, pero agrega el concepto de personas “no localizadas”, como si éstas se hubieran extraviado al azar o por casualidad, hecho que contrarresta la magnitud del crimen, porque simplemente se puede decir que se “perdió”.

Integrar un registro de víctimas de crímenes de lesa humanidad con esos conceptos no es una casualidad ni hecho espontáneo, es un plan orquestado desde las altas esferas políticas del Estado mexicano para intentar confundir a la población y crear un ambiente de intranquilidad en los hogares proletarios que inhiba la capacidad creadora de enfrentar esta política criminal.

Es tanta la desfachatez y el cinismo del gobierno mexicano para con las víctimas, que a nivel internacional se muestra como un país “democrático que vela por los intereses de su pueblo”; ante organismos internacionales de derechos humanos se atreve a desmentir públicamente sus investigaciones, respecto a la responsabilidad que tienen en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, como en los casos de tortura y desapariciones forzadas.

En reiteradas ocasiones la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch han señalado que el gobierno mexicano a través de sus distintas corporaciones policíacas utiliza la tortura como “método” de investigación para auto inculpar a las víctimas; bajo tortura aceptan delitos imputados y condenados por delitos que jamás cometieron.

¿Cuántos casos de esta naturaleza encontramos en todo el país? Muchos, en la mayoría de éstos la denuncia alcanzan a funcionarios y agentes del Estado, quienes presentan a supuestos “delincuentes”, los cuales, bajo tortura los obligan a aceptar el cometido de crímenes de lesa humanidad, asimismo los obligan a presentar historias tan burdas ante la opinión pública para sellar el cometido del crimen y olvidar a los verdaderos perpetradores, quienes se encuentran en las estructuras del Estado.

Aunque iniciamos este año con un nuevo marco jurídico legal respecto a las desapariciones forzadas, los crímenes se cometen a discreción, la realidad dicta que una legislación no es una garantía para que a través de ésta se erradique este flagelo. Veracruz es uno de los estados que aplica la ley, pero parece una política coyuntural porque se detiene a un funcionario de un periodo de gobierno, pero no señalan nada respecto a los casos cometidos en la actual administración.

Una Ley que no busca a las víctimas ni tiene un registro confiable de cada una de ellas, es como si no existiera; una Ley que no enjuicia a los perpetradores es maniobrar con la esperanza de encontrar a sus seres queridos; una Ley que no sanciona a altos mandos militares y a las cúpulas de gobierno es permitir el cometido de más crímenes, proteger a los responsables y garantizarles impunidad.

Evitar la unidad de los familiares de las víctimas para exigir justicia, así como juicio y castigo a los autores materiales a intelectuales es el objetivo del Estado mexicano, porque así de esta manera intenta imponer la voluntad del capital, desmovilizar a los familiares que buscan justicia.

En cada caso siempre hay un funcionario, político de oficio, comandante del ejército o policía federal los que están al mando de cada una de las operaciones ejecutadas en todo el territorio nacional, pruebas hay muchas en todo el país. En Tamaulipas desde hace varios días familiares denunciaron a los marinos como responsables de cometer desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias contra sus seres queridos o allanamientos de morada en sus propios domicilios, bajo el eufemismo de que ahí “se encuentra un peligroso delincuente” y sin mediar palabra se lo llevan sin conocer su paradero.

Burdas son las declaraciones institucionales al señalar que los “grupos delictivos” usurparon el uniforme de tal o cual corporación policíaca para cometer tan aberrante violación a los derechos humanos, cuando las víctimas identifican perfectamente a sus perpetradores, los cuales, son de insignias oficiales, pertenecen a cada una de las estructuras del aparato represivo del Estado.

La realidad es terca, por más que el gobierno mexicano intente ocultar el baño de sangre en el que está inmerso el pueblo trabajador, éste sale a relucir en toda la geografía mexicana, se cuentan en miles las víctimas directas del terrorismo de Estado, más de 350 mil detenidos desaparecidos, más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 800 fosas clandestinas en todo el territorio nacional y más de un millón de desplazados de sus lugares de origen.

Crímenes de lesa humanidad que siguen en aumento, indicativo de que esta política criminal será la continuidad de la siguiente administración, independientemente de quien quede en la silla presidencial, son prácticas fascistas que ejecutan para contener todo brote de inconformidad y acallar las voces de protesta.

Si las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo es éste el que debe exigir de manera organizada juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y al unísono consignar ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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