Ley de Protección a Víctimas legitimiza la guerra anticrimen de la federación.

Patricia Monreal

Lunes 23 de Julio de 2012

Morelia, Michoacán.- Para el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos `Hasta encontrarlos´, resulta estéril la discusión entre la presidencia de la República y el Senado sobre la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas, ya que a su juicio dicha norma pretende legitimizar la llamada guerra anticrimen del gobierno federal.

Janahuy Paredes Lachino, apuntó que si bien existen grupos sociales que apoyan la promulgación de la norma, la postura del Comité es contraria ya que “esta ley exime a las autoridades de la responsabilidad directa en desapariciones, y circunscriben este fenómeno a la guerra anticrimen”.

Cabe recordar que la Ley General de Víctimas que el Ejecutivo Federal rechaza publicar en el Diario Oficial de la Federación por considerarla anticonstitucional, obliga al Estado mexicano a proteger a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Mediante la norma que el Senado defiende, se obliga al Estado a dar asistencia y protección a las víctimas, a través del establecimiento de mecanismos, acciones y medidas para las distintas acciones de gobierno, entre las que se contempla el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación de daños.

A decir de la activista social, el gobierno federal debe asumir la responsabilidad en el fenómeno de las desapariciones, ya que muchas de ellas son responsabilidad del estado y de los grupos paramilitares que existen.

“Es un hecho que el gobierno federal ha emprendido una guerra contra las organizaciones sociales que es disfrazada con su guerra anticrimen, y eso no está previsto en la ley, en donde se exime al Estado de esa responsabilidad”.

Consideró necesario que la discusión se dé en torno a una Ley contra la Desaparición Forzada, en donde las autoridades reconozcan su responsabilidad, “el Estado debe garantizar que las personas no desaparezcan, y que los familiares de las víctimas busquemos sin riesgos a nuestra vida el buscar a nuestros parientes”.

En ese sentido sostiene que la reparación del daño no debe ser el fundamento de atención a las víctimas de un delito, sino la justicia, “en la ley que se están peleando la perspectiva es económica y no parte de la justicia, ahí hay un problema de visión de origen”.