Un año más de impunidad para los responsables materiales e intelectuales del asesinato del luchador social Fermín Mariano Matías. Crimen cometido bajo el modus operandi de grupos paramilitares.

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A los medios de comunicación

A los medios de comunicación alternativos

Al pueblo en general

Fermín, joven destacado como atleta, alfabetizador, científico y humanista, fue detenido-desaparecido el 25 de junio en Puebla y presentado sin vida hasta el 27 de julio de 2009 en Tlaxcala. Durante un mes las autoridades de ambos estados ya tenían conocimiento de lo sucedido, sin embargo se negaron a dar información a los propios familiares; fue por la presión de organizaciones sociales, populares y personalidades a nivel nacional e internacional que nos entregaron su cuerpo.

A lo anterior le debemos sumar las filtraciones a medios de comunicación de que era militante del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y que por ello tenía seguimiento del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN). Cabe mencionar que en un comunicado del 20 de diciembre del 2009, el EPR hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos, y en dicha misiva menciona tanto a Lenin Ortiz como a Fermín Mariano, pero en ningún momento menciona que sean miembros de su organización. En dicho comunicado el EPR solicita a las autoridades correspondientes, que en el caso de Fermín Mariano se investigue al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibañez.

Hasta el momento el CISEN no ha fijado su postura oficial respecto a las filtraciones. Y con la Jornada de Oriente seguimos en espera de que en un acto humanista y profesional nos diga quienes fueron los que filtraron la información antes referida.

En ese mismo año, el Joven Lenin Ortíz Betancourt fue ultimado, igual bajo el modus operandi de los grupos paramilitares; este caso también sigue en la impunidad. Lenin participo de manera activa y solidaria con el magisterio democrático en Puebla al lado de sus padres, los profesores Monica Betancourt Rodríguez y Rigoberto Ortíz Martínez, este último cesado como docente por no haber aplicado la prueba ENLACE (examen estandarizado y discriminatorio), situación que lo llevo a participar en una huelga de hambre de 19 días como medida extrema para que las autoridades garantizaran el derecho de audiencia y de debido proceso ante las instancias laborales, sin embargo el gobierno del estado se mantuvo indiferente ante dichos hechos.

Recientemente el caso del Dr. Amando Mendoza Velázquez, desaparecido desde el 10 de abril, evidencia el doble discurso de la PGJ que por un lado le exige a los familiares “total hermetismo ante los medios de comunicación para no entorpecer el caso” y por otro, vía redes sociales envían comunicados oficiales con esa información tan “hermética”. Hasta el momento se sabe que han sido procesadas 3 personas por el delito de homicidio, sin el cuerpo de la víctima; además la PDJ ha solicitado al ejército mexicano su apoyo para localizar al Dr. Amando, que hasta este día sigue en calidad de desaparecido.

A lo anterior se suma la existencia de presos de conciencia como lo son José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, indígenas nahuatl que desarrollaron procesos organizativos para administrar y distribuir de manera amplia y gratuita agua potable en la comunidad Atla en Pahuatlán. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro documentó los hechos de la siguiente manera: “El 27 de octubre de 2009, Abraham Aparicio –hijo de Cristóbal Aparicio Gómez, ambos pertenecientes al grupo caciquil de Atla–, intentó atropellar a las autoridades comunitarias y al grupo de jornaleros que volvían del trabajo comunitario. José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz llamaron a la comandancia de la policía y Abraham huyó, mientras el vehículo de su padre se quedó bloqueando el camino de Atla a Xolotla. El día 28 de octubre, ante la autoridad judicial de Pahuatlán, José Ramón y Pascual otorgaron el perdón a Abraham. Sin embargo, el día 13 de enero de 2010 fueron detenidos por elementos de la policía estatal, acusados de haber robado el auto de Cristóbal. Desde entonces permanecen en el Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla, a pesar de su inocencia, por un delito fabricado con declaraciones contradictorias.”

Esta situación represiva no ha sido exclusiva de de los últimos años. Tenemos el caso de nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez, luchador social ultimado en 1989, con el mismo modus operandi de grupos paramilitares, en el contexto previo al golpe de estado a la UAP. Caso que a 23 años sigue en la impunidad, más no en el olvido de hombres y mujeres: amas de casa, obreros, campesinos y estudiantes que seguimos su ejemplo de manera consecuente, llevándolo a la práctica día a día en coordinación con los sectores oprimidos de nuestro pueblo.

Durante estos años de exigencia de justicia, con indignación vemos el actuar inoperante, omiso y de dilación de las instituciones de procuración de justicia y del propio gobierno mexiano ante la sistemática violación a derechos fundamentales.

En el ámbito nacional este 2012 se cumplieron 5 años de la detención-desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruíz, las comunicadoras indígenas Triquis Daniela y Virginia Ortíz, y el indígena Lachino Lauro Juárez, nombres que se suman a una larga lista de más de 10 mil casos de desaparición forzada por motivos políticos y sociales y más de 70 mil ejecuciones extrajudiciales objetivo de la “guerra contra la delincuencia organizada” de Calderón, como lo evidencia la periodista Nancy Flores en su reciente libro La farsa, detrás de la guerra contra el narco; trabajo de investigación periodística que demuestra que en los hechos es una guerra contra el pueblo.

Lo anterior se contextualiza en una serie de fuertes movilizaciones ante una imposición presidencial anunciada. El cinismo con que el gobierno mexicano, partidos políticos electoreros y duopolio televisivo aceptan que en toda elección siempre hay irregularidades como la compra del voto y la intimidación para inhibir el mismo; la reciente sanción administrativa contra HSBC por lavado de dinero, los prestanombres en el caso Monex, y el delito no grave en Melate son hechos que demuestran en la práctica la protección del Estado mexicano hacia la delincuencia. En fin, la coyuntura poselectoral ha evidenciando el grado de descomposición en el que se encuentran las instituciones mexicanas que no respetan ni el propio estado de derecho que pregonan en cualquier oportunidad para criminalizar la protesta social. Aunado, se vislumbra un futuro sombrío para los derechos humanos con la anunciada asesoría del militar colombiano Oscar Naranjo.

Finalmente condenamos las detenciones arbitrarias de nuestros compañeros del FNLS: Dulce María González Santiesteban y Julio César Morales Sántiz, quienes defienden y hacen exigible su derecho al trabajo en Chiapas; así como las detenciones arbitrarias a los integrantes del movimiento #yosoy132 en Oaxaca y en León, Guanajuato, y la intimidación a los jóvenes de la misma agrupación en Santa Ana Chiahutempa, Tlaxcala, al mismo tiempo que llamamos de manera solidaria a todos los sectores sociales a unificar esfuerzos para hacer exigibles nuestras demandas como pueblo:

¡Juicio y Castigo a los responsables materiales e inteluctuales del asesinato de Fermín Mariano Matías, de Lenin Ortíz Betancourt y Gumaro Amaro Ramírez!

¡Presentación con vida del Dr. Amando Martín Mendoza Velázquez!

¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruíz, las comunicadoras indígenas Triquis Daniela y Virginia Ortíz, el indígena Lachino Lauro Juárez y de los más de 10 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales!

¡Libertad a los indígenas Nahuatl defensores del agua José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de Dulce María González Santiesteban y Julio César Morales Sántiz integrantes del FNLS en Chiapas y de todos los presos políticos y de conciencia en el País!

¡Desmilitarización y Desparamilitarización del País!

No Olvidamos, No Perdonamos, No Nos Reconciliamos

Combativamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Familia Mariano Matías

Familia Mendoza Ríos

Colectivo Nahui Ollin

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