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Tinta socialista No. 38. No hay duda sobre la responsabilidad del Estado en el cometido de la desaparición forzada de los tres estudiantes de la CAAV

Domingo 6 de mayo de 2018, por Ciudad de México

6 de mayo de 2018

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La desaparición forzada de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales en el estado de Jalisco es crimen de lesa humanidad, no hay duda sobre la responsabilidad del Estado mexicano en el cometido de este deleznable crimen. Los discursos institucionales de responsabilizar a la misteriosa delincuencia organizada es una artimaña siniestra porque a través de este argumento pretenden desvanecer la responsabilidad que existe entre los autores materiales e intelectuales, quienes en cadena de mando conducen a altas esferas del poder político.

Las disertaciones de la fiscalía de Jalisco respecto a la forma de operar de los supuestos grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico son las mismas que emplearon funcionarios en otras entidades federativas con la intención de desviar la esencia del fenómeno y crear la falsa idea de que la violencia en el país es generada por los “malosos”.

Es falso que estos grupos criminales sean “omnipotentes y omnipresentes”, cada uno de los crímenes cometidos tienen un nexo entre el poder político y económico, de donde se desprende la relación taxativa entre la autoría material e intelectual. Las desapariciones forzadas cometidas en las diferentes entidades federativas tienen el mismo patrón, siempre hay un funcionario, político de oficio, mando policíaco, comandante del ejército, policía federal o agente de la fiscalía quienes están al mando en el cometido de estos crímenes.

En un principio a los tres jóvenes se los llevaron a la fuerza ocho sujetos armados, quienes se identificaron como agentes de la fiscalía, así lo certificaron testigos presenciales, sin embargo, la respuesta del gobierno de Jalisco fue la misma empleada en otros rincones del país donde se arguye que, “los agentes eran falsos” para justificar su “verdad histórica”. ¿Qué diferencia existe entre este caso y otros más sucedidos en otros estados como Guerrero, Veracruz, Coahuila, Puebla, Estado de México, Michoacán…? Ninguna, todos en esencia corresponden al mismo andamiaje de la política de terrorismo de Estado, los cuales tienen patente en el gobierno mexicano.

La versión de descargar la responsabilidad en los “malosos” es desgastada porque todas las autoridades son corresponsables de estos deleznables crímenes, por guardar silencio, ser omisos y secundar la dicción federal o por comisión materializarlo; con sus peroratas criminalizan a las víctimas, a sus familiares y amigos al dejar la posibilidad abierta de que tenían “nexos” con el “crimen organizado”.

En el caso de los jóvenes de la CAAV, los supuestos detenidos señalan que confundieron a uno de ellos con un “peligroso” mafioso por tener expansiones en las orejas, tatuajes en el cuerpo y barba larga, declaraciones que intentan justificar el cometido y eludir la responsabilidad del gobierno; además de presentar los funcionarios a supuestos autores materiales con cinismo narran una historia burda ante los familiares y amigos, lo que expresa la indolencia, el descaro y odio de clase ante el dolor humano por la ausencia de su ser querido.

Caso similar fue el de los jóvenes italianos detenidos desaparecidos en esta misma entidad federativa, primero por elementos policíacos y entregados al supuesto crimen organizado, de esta manera intentan limpiar la imagen de las instituciones gubernamentales para dejar toda responsabilidad al temido “enemigo interno”. Una cosa queda claro, las instituciones, funcionarios y agentes del Estado no protegen los intereses del pueblo trabajador, al contrario preservan los intereses del capital monopolista transnacional.

La forma de operar de los cuerpos policíacos, militares y grupos paramilitares es la misma en toda la geografía mexicana, fenómeno que deja al descubierto lo sistemático y generalizado de esta práctica aberrante; la relación intrínseca que existe entre un crimen y otro es de tal magnitud que los hechos aislados u ocurrencias de mentes perversas son diluidos porque en cada desaparición forzada, ejecución extrajudicial o tortura se ejecutan los lineamientos contrainsurgentes por los cuerpos policíacos y militares para acallar las voces de protesta, contener los brotes de inconformidad e imponer a base del terror y el miedo las políticas neoliberales y perpetuar los designios de la dictadura del capital.

La declaración de guerra a la “delincuencia organizada y el narcotráfico” hace casi doce años poco a poco se disipa, con el paso del tiempo se ha desenmascarado que ésta es una maniobra vil, al querer eludir la responsabilidad el gobierno mexicano de las miles de víctimas que deja el terrorismo de Estado y dejarla a la pieza misteriosa; es un secreto a voces que las “principales bandas” delictivas operan bajo el mando del gobierno, por tanto, estos grupos están organizados desde y para el Estado.

Pruebas hay suficientes en las diferentes entidades federativas, una de ellas es el estado de Veracruz donde varios policías y funcionarios son señalados por las víctimas como los responsables materiales de objetivar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, además de señalar a las Academias de policías como los centros de tortura y exterminio.

En esta entidad los agentes detenidos declararon que las víctimas privadas de su libertad eran entregadas a un grupo de élite, conformado por militares en “retiro”, los cuales no tenían registro en nómina pero hacían labor de inteligencia, hecho que devela la existencia de grupos paramilitares conformados por agentes en activo o en retiro sin registro para este tipo de prácticas aberrantes. ¿Lo evidenciado en este estado es ajeno a las demás entidades federativas?, por supuesto que no, todas se guían por los mismos lineamientos, el modus operandi obedece a la política de terrorismo de Estado.

Cada entidad federativa es tocada por esta política deleznable, son miles las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional; en el estado de Jalisco, familiares, organizaciones, estudiantes y pueblo en general rompen el silencio con el caso de los tres jóvenes estudiantes, hecho que brotó la demanda de otros familiares en similar condición, quienes desde hace tiempo exigen la presentación con vida de sus seres queridos, cuyo paradero es incierto.

Organismos de derechos humanos oficiales señalan que son más de 3 mil 500 personas las detenidas desaparecidas en el estado de Jalisco, casos que no muestran avances sustanciales en las investigaciones, tanto funcionarios como agentes del Estado en lugar de facilitar los trámites entorpecen las indagatorias a fin de que los familiares se desgasten, caigan el desánimo y desistan de una investigación pronta y expedita.

Mientras los familiares no tengan la certeza de lo que pasó con sus seres queridos, se conozca la verdad de los hechos, se enjuicie y castigue a los autores materiales e intelectuales y se garantice la no repetición están en todo su derecho de ejercer la denuncia, acciones políticas de masas y demanda de presentación con vida persiste.

La violencia y el terrorismo de Estado laceran los hogares de miles de familias proletarias, la magnitud de este fenómeno no deja de causar indignación porque por cada víctima la “verdad histórica” oficial se cae a pedazos; no esperemos a que está política nefasta toque las puertas de nuestros hogares, salgamos a las calles a exigir presentación con vida y a desenmascarar a los perpetradores materiales e intelectuales, sean políticos de oficio, agentes o funcionarios deben ser castigados por mantener en un baño de sangre el país.

Mayo es el mes de la semana internacional del detenido desaparecido, fecha en la que familiares de las víctimas realizan actividades políticas, culturales y acciones políticas de masas para no olvidar a todas las víctimas tocadas por esta política criminal ni perdonar a los perpetradores materiales e intelectuales.

En la SEMANA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO exigimos la presentación con vida de los detenidos desaparecidos por el régimen de ayer y hoy, la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, de Leticia Galarza Campos, de las indígenas Daniela y Virginia Ortiz, del señor Lauro Juárez, del activista político Teodulfo Torres Soriano, del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, de los 43 estudiantes normalistas… por cada uno de ellos no desistiremos HASTA ENCONTRARLOS.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

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