Tinta Socialista No 36. La reparación integral del daño es un derecho establecido en los tratados y convenios internacionales

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13 de abril de 2018

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La reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad es un derecho consagrado en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, se aplica cuando el Estado comete graves violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada contra la población; contempla el derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición del crimen, entre otras acciones que den certeza a las víctimas y sus familiares de tener una investigación pronta y expedita, así como juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales.

Reducir la reparación integral del daño a la pueril indemnización, a desglosar el dolor de la víctima en términos monetarios es una maniobra perversa de las autoridades en turno, constituye una distracción para eludir la responsabilidad del gobierno mexicano en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad para mantener en la total impunidad a los perpetradores.

No puede haber reparación integral del daño a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos mientras no se obtenga el derecho a la verdad, a la justicia y garantías efectivas de que sucesos de esta naturaleza no se repitan.

En la espiral de violencia institucional que vive nuestro país, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos se cometen de manera exponencial, mismos que llevan el propósito de minar la capacidad creativa de las masas ante un escenario de miseria y pauperización galopante.

No son actos fortuitos, la experiencia dicta que estos actos tienen la intención de hacer el mayor daño posible a sus familiares, amigos y pueblo en general para infundir el terror en la población, evitar la movilización y la denuncia para exigir juicio y castigo a los responsables.

Es una maniobra perversa la tipificación de “hechos circunstanciales” a los acontecimientos donde efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) dispararon contra civiles cuyo saldo fue de varias víctimas mortales. Esta argumentación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) significa un a treta para esquivar su responsabilidad en el cometido de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y tortura; a nombre de esta “circunstancia” son miles las víctimas en esta condición, sin que sus familiares tengan el acceso a la verdad y a una investigación pronta y expedita.

La esencia represiva y contrainsurgente del régimen queda al descubierto con tales conclusiones, en el otrora sexenio del espurio Felipe Calderón Hinojosa se les denominó “daños colaterales”, en el actual de Peña Nieto, son “hechos circunstanciales”, sin embargo, el único hecho que no escapa a la circunstancia es que a todas las víctimas de esta violencia de Estado la identifica su pertenencia a los sectores populares.

De las más de 350 mil víctimas de la política de terrorismo de Estado, todas sin excepción las identifica su condición de clase, en esta pueril “circunstancia” se encuentra el cometido de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, crímenes que hasta la fecha permanecen en la impunidad.

El gobierno de Enrique Peña Nieto no se diferencia con la de su antecesor en la ejecución de esta política, continúa con el discurso baladí de combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada, supuesto enemigo interno inventado exprofeso para justificar acciones belicistas que han regado la vida del proletariado con sangre, muerte y desolación en todo el territorio nacional.

La ejecución de tres personas, entre ellos dos menores de edad en Nuevo Laredo, Tamaulipas constituye un crimen de Estado y de lesa humanidad, por ser agentes del Estado, en este caso de la Semar, quienes los privaron de la vida, cuya actuación se apoya en las facultades e impunidad que les otorga el Estado mexicano.

Resulta grotesca la manera en la SEMAR pretende justificar los hechos con el supuesto del fuego cruzado, más aún, la utilización de medios “científicos” para atribuir a la obra de la circunstancialidad los hechos. No debe quedar duda, los elementos del Estado actuaron con alevosía contra una familia indefensa como si fueran los peores criminales, protocolo criminal que se encuentra inscrito dentro de las cláusulas de la recién impuesta Ley de Seguridad Interior (LSI).

Este ejemplo expresa la impunidad con la que actúan los cuerpos policíacos y militares bajo el amparo del estado de derecho burgués, devela la vena represiva y contrainsurgente de las fuerzas armadas cuyo actuar en todo el país se desarrolla con dolo y saña contra el pueblo trabajador. Manifiesta en los hechos el odio de la clase que detenta el poder político y económico para mantener en la sumisión al proletariado.

Lo sucedido con la familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas no es un caso aislado o hechos circunstancial, es la ejecución de los lineamientos de contrainsurgencia, diseñados desde el imperialismo norteamericano para intentar acallar las voces de protesta y contener todo tipo de inconformidad, máxime cuando éstas se organizan para defender sus derechos y libertades políticas, así como desenmascarar la política criminal del gobierno mexicano.

¿Cuántas veces han cometido crímenes de Estado y de lesa humanidad la Semar y la Sedena? ¿Cuántas ocasiones bajo el ardid de preservar la mítica seguridad nacional, se ejecuta extrajudicialmente, detiene y desaparece y se tortura al pueblo inerme? Muchas, no es la primera vez que cometen este tipo de agravantes, desde que se anunció la declaración de guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se impuso de facto un Estado policíaco militar y con ello el terrorismo de Estado como política de gobierno.

El gobierno de Enrique Peña Nieto consolidó el Estado policíaco militar a través del fortalecimiento del estado de derecho y otorgar mayor impunidad e inmunidad a los cuerpos policíacos y militares con la Ley de Seguridad Interior (LSI), que no es más que la institucionalización del terrorismo de Estado para garantizar la aplicación de las políticas neoliberales y perpetuar el poder político y económico de la oligarquía nacional y del extranjero.

A través de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el gobierno mexicano pretende desmovilizar y mediatizar a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, quienes piensan que con la indemnización y otorgamiento de algunos bienes materiales se puede reemplazar a sus seres queridos.

Las víctimas del terrorismo de Estado no son objetos que se pueden reemplazar con dinero, mucho menos se pueden olvidar, si no se conoce la verdad de los hechos, se haga justicia y se den las garantías de la no repetición del crimen no se puede aceptar dinero de ninguna institución del Estado mexicano, porque hacerlo sería aceptar la versión del gobierno de que las víctimas “en algo andaban” o en el mejor de los casos, se atravesaron en un supuesto fuego cruzado o enfrentamiento entre grupos delincuenciales.

La lucha no es por migajas que otorga el gobierno federal, la reparación del daño no puede ser tasada en términos mercantiles. Es una burla que el dolor por la pérdida de un ser querido la pretendan diluir en una burda relación comercial; es una sandez del cualquier funcionario suponer intercambiar la indignación por unas cuantas monedas.

La necesidad exige que las banderas del juicio y castigo a los criminales de Estado se mantengan en alto, desnudar a los cuerpos policíacos y militares en su responsabilidad material de los crímenes de Estado y de lesa humanidad; la indemnización no es la solución ante las graves violaciones a los derechos humanos, este no se justifica si no logra justicia, se conoce la verdad de los hechos y se dan las garantías de la no repetición.

Por cada crimen cometido contra el pueblo, la denuncia política debe permanecer; por cada víctima del terrorismo de Estado, verdad, memoria y justicia se debe exigir; la combatividad y dignidad deben estar presentes ante cada crimen cometido por el gobierno mexicano y sus instituciones; que la voz se convierta en denuncia y no descasemos hasta hacer justicia, ¡ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los responsables!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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