Tinta Socialista No 34. Los cuerpos policíaco militares son instituciones en cuyo historial represivo pesan crímenes de lesa humanidad

, por  Ciudad de México , popularidad : 1%

30 de marzo de 2018

Descarga Tinta Socialista No 34

La masacre de una familia el pasado domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas por elementos de la marina es una muestra fehaciente de la responsabilidad institucional en crímenes de lesa humanidad y de Estado; el distintivo particular es la inmunidad que le otorga el Poder Ejecutivo a las fuerzas armadas a través de la Ley de Seguridad Interior (LSI); ley burguesa que legaliza el terrorismo de Estado como política de gobierno.

Los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cada vez se convierten en una constante, donde los perpetradores materiales apuntan a instituciones policíacas de distinta insignia. Estos cuerpos represivos actúan en función de sus manuales de esencia contrainsurgente en los cuales reza que en aras de garantizar la “seguridad interna” del país y protegerlo de su “enemigo”, disponen del uso discrecional de la fuerza.

¿Qué diferencia existe entre las ejecuciones extrajudiciales de dos menores de edad en Río Blanco, Veracruz y la masacre de la familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas? Salvo los aspectos geográficos, en ambos casos la naturaleza profascista es la misma, mediante sofismas de combate a “bandas criminales”, los efectivos policíacos, sean policías o marinos, ejecutan crímenes de lesa humanidad sin mediar palabra, actúan cuales rastreros al servicio de oligarcas transnacionales.

Los cuerpos policíaco militares no son instituciones que estén al servicio del pueblo trabajador, al contrario arremeten contra éste cuanto intenta, según su lógica, “atentar” contra los intereses “del país”, léase del capital, es decir, cuando se organiza o exige sus derechos y libertades políticas o denuncia a los políticos de oficio responsables de la pobreza y miseria de las masas proletarias en todo el territorio nacional.

Las víctimas tienen algo en común son pueblo trabajador, quienes son arrebatados violentamente de sus hogares, producto del supuesto combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico; en los ejecutores no existe distinción de sexo o edad, sin miramientos hacen valer la ley que les otorga inmunidad y en nombre de ésta cometen los más aberrantes crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Todo aquel que ven “sospechoso” por su forma de vestir o caminar o el color de su auto es juzgado como “dudoso” para ser sometido, según sus protocolos de ley; en el caso de la familia masacrada recientemente, donde fallecieron cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, la Semar justifica que los impactos de bala que recibieron fue a causa de un “fuego cruzado” a nivel de tierra y no del aire, pese a que las evidencias indican que los impactos de bala procedían del aire.

El otro caso, las dos jovencitas de Río Blanco, Veracruz, iban al cine cuando fueron abatidas y ejecutadas a quemarropa por elementos policíacos de la entidad, donde éstos argumentaron que respondieron a un “fuego cruzado” y sólo se defendieron, además de señalar que las jovencitas pertenecían a una supuesta banda criminal de huachicoleros.

La lógica de endosar la espiral de violencia al crimen organizado sigue su curso, en las declaraciones de los titulares de las instituciones sólo se escuchan evasivas y retórica oficial que revictimiza a las víctimas; estar en el blanco de las balas los cuerpos represivos es reducido a la casualidad, cuando el fenómeno tiene origen causal y es a la política criminal del Estado mexicano.

Ejemplos que expresan la sistematicidad con la que actúa la policía, el ejército y la marina en toda la geografía nacional, no son hechos aislados, todos se cometen con la intención de generar el mayor daño posible, tanto a la víctima como a sus familiares, para no permitir ningún tipo de resistencia ni denuncia por los crímenes cometidos. También expresan la concreción del terrorismo de Estado, institucionalizado a través de la LSI, que permite el uso discrecional de las fuerzas armadas.

Los Manuales del uso de la fuerza son la medida criminal para justificar el cometido de crímenes de lesa humanidad, a través de ellos amparan su actuación, crean historias infundadas y alteran la escena de los hechos, ¿quién a estas alturas cree los argumentos de la Semar?, sólo los ingenuos, porque en toda la geografía nacional son los que cometen masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, sólo basta recordar los casos de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, ejemplos que prueban la responsabilidad de estas instituciones en el cometido de crímenes de lesa humanidad.

En su protocolo señala que lo establecido en él es de obediencia “…para todo el personal de las fuerzas armadas, que desarrollan operaciones y están sometidos en todo tiempo, lugar y circunstancia al imperio de la ley…”, es decir, cada uno de sus elementos están sujetos a los designios de la dictadura del capital y su estado de derecho burgués, razón por la que siempre argumentan que las fuerzas armadas no violan los derechos humanos del pueblo sino sus actuaciones son apegadas conforme a lo establecido en la ley.

Todo protocolo, ley o reglamento que emane de estas instituciones es para mantener sojuzgadas a las masas proletarias organizadas y no organizadas; a través del terror y la violencia institucional se impone de facto el estado de derecho burgués y los mandatos del capital monopolista transnacional; ahí donde hay resistencia y lucha organizada, ya sea por la defensa de sus recursos naturales o derechos laborales, es donde más se cometen este tipo de crímenes.

El ombudsman de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), el general José Carlos Beltrán Benítez señaló que, “las fuerzas armadas no son responsables de la violencia que se genera en el país”, los militares “no son violadores sistemáticos de los derechos humanos…”, argumentos que rayan en lo pueril y el cinismo, porque la evidencia es clara, miles de casos dan testimonio preciso de esta realidad lacerante.

Estas declaraciones son la manifestación puntual de la impunidad e inmunidad que les otorga el gobierno mexicano y las leyes burguesas, de lo contrario, ¿por qué no ejercen acción penal contra las cúpulas del ejército, la marina o las diferentes corporaciones policíacas por los crímenes de lesa humanidad cometidos?, por la sencilla razón de que son el pilar represivo que sostiene al Estado mexicano a través del terrorismo y la violencia institucional.

La violencia emana del Estado mexicano a través de sus instituciones represivas, por lo tanto, en ninguna de ellas se encuentra materializada la voluntad popular, la lista de crímenes contra las masas trabajadoras son el testimonio vivo de la espiral de violencia gubernamental, la impunidad para los perpetradores expresa el origen de ésta en las mismas estructuras del poder político.

No debe haber duda de quién comete los crímenes de Estado y de lesa humanidad, es el Estado mexicano el que las comete a través de sus instituciones represivas para perpetuar el poder político y económico de la clase social que protegen: la burguesía.

No permitamos que a través de las instituciones del gobierno mexicano impongan su verdad criminal, la denuncia política y la organización del pueblo es la alternativa para señalar a los autores materiales e intelectuales y desenmascarar sus planes maquiavélicos contra las masas proletarias.

Por muy profundo que sea el dolor provocado por el terrorismo de Estado en las familias proletarias, la indignación debe invadir las calles para no permitir más crímenes deleznables de esta magnitud ¡Ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los responsables!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS


Navegar por las