Carta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el caso de tres presos políticos integrantes de la OCVA - FNLS

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Socoltenango, Chiapas a 20 de marzo de 2018

C. Juan José Zepeda Bermúdez
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)

Lic. Margarita MartínezRodríguez
Visitaduría Adjunta Regional en Comitán de Domínguez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)

PRESENTE:

La comunidad 2 de Noviembre del municipio de Socoltenango, Chiapas, miembros de la Organización Campesina Víctor Alfonzo (OCVA) integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se dirige a usted y al cargo que representa para solicitarle que en la medida de sus posibilidades intervenga en el caso que a continuación les exponemos, ya que consideramos se cometen graves violaciones a los derechos humanos:

La comunidad 2 de Noviembre, del municipio de Socoltenango, Chiapas, está conformada por campesinos pobres, trabajadores agrícolas que viven del trabajo de la tierra y de la que dependen mujeres, hombres y niños para su alimentación y sobrevivencia; al igual que otras comunidades integrantes de nuestra organización luchamos y defendemos la tierra guiados por nuestro derecho a la vida, a la alimentación y al trabajo.

El día 13 de julio de 2017 fueron detenidos arbitrariamente en el municipio de Socoltengo, Chiapas, nuestros compañeros PEDRO MENDEZ GOMEZ, GUADALUPE GOMEZ WILFRIDO y ERASTO MENDEZ VAZQUEZ, mismos que hasta la fecha se encuentran recluidos en el CERESO 10 en la ciudad de Comitán de Domínguez; su detención constituye una grave violación a los derechos humanos, porque, fueron privados de su libertad de manera arbitraria, violenta, con tortura y con irregularidades en el debido proceso.

Sobre todo, la detención de nuestros compañeros tiene el objetivo de intentar que la comunidad desista de la lucha y defensa de las tierras; por ello, desde la detención arbitraria de nuestros compañeros, se intensifican las amenazas de desalojo y despojo violento de nuestras tierras y principalmente a nuestros compañeros de la comunidad 20 de Junio del municipio de Venustiano Carranza por parte del Estado y del cacique Jesús Alejo Orantes, al grado de ser asechados por acciones de corte paramilitares, quienes con armas de fuego hostigan y disparan a nuestras comunidades.

Es latente que las amenazas se cumplan, se ejecuten más detenciones arbitrarias y el riesgo de crímenes por parte de las autoridades, así como graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, masacre, etc. Lo que queremos es evitarlo.

Caso de los tres compañeros detenidos arbitrariamente y las irregularidades en el debido proceso

El caso de nuestros compañeros se encuentra asentada en la en la carpeta de investigación: CI 002 – 083 – 603 – 2016 en la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa Comitán, instancia subordinada a la Fiscalía General del Estado (FGE), en ésta se inculpa a nuestros compañeros de haber cometido los delitos de “atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad, así como de despojo agravado” hecho que demuestra la fabricación de delitos por parte del Estado y sus instituciones para la creación de carpetas incriminatorias y con ello justificar las detenciones arbitrarias hacia luchadores sociales, activistas, defensores de los derechos humanos y campesinos que defienden la tierra.

Las personas que detuvieron a nuestros compañeros el día 13 de julio de 2017 iban vestidos de civil, no quisieron identificarse ni presentaron orden de aprehensión, de manera prepotente y violenta los detienen; de no haber sido por la pronta reacción de nuestros compañeros de la comunidad para dar con su paradero, pudo haberse consumado desaparición forzada, porque, además las autoridades del Ministerio Publico de Socoltenango, afirmaron desconocer la detención de nuestros compañeros, se negaron a dar información.

Durante y después de su detención nuestros compañeros fueron objeto de tratos degradantes e inhumanos, hechos que demuestran la práctica de la tortura como forma de proceder de los elementos policiacos que detuvieron a nuestros compañeros, por ejemplo, mientras eran trasladados en una camioneta, les pusieron una bolsa de nylon color negro en la cabeza, con el cual nuestros compañeros estaban al borde de asfixiarse.

Un ejemplo más fue el que cometió el comandante de la policía en la Unidad de Investigación de Comitán, donde primeramente fueron trasladados nuestros compañeros, éste les exigió firmar una hoja en blanco diciéndoles que con ello “lograrían una liberación inmediata”, hecho que demuestra una burla por parte de estas instituciones contra nuestros compañeros.

Nuestros compañeros no saben leer ni escribir, esta situación hace de ellos víctimas de actos humillantes como ocurrió con el comandante, o bien en el desarrollo de su proceso jurídico, los coloca en condiciones adversas para librar su defensa cuando los tienen recluidos de manera injusta.

El defensor de oficio proporcionado por la FGE, es el Lic. Roberto Farrera García, quien, a decir por su trabajo realizado durante estos 8 meses de detención de los compañeros, se puede concluir que existe una nula defensa jurídica, con lo cual se comprueba la intención del Estado de ejecutar una sentencia desfavorable para los compañeros. Por ejemplo, el defensor de oficio se niega a dar un informe objetivo y cabal del proceso a nuestros compañeros presos y sus familiares, se negó a recibir documentos de pruebas otorgadas por los familiares de los presos y presentarlos en la audiencia, incluso durante cuatro meses de septiembre hasta diciembre se ausentó del proceso jurídico.

Al nulo actuar del defensor jurídico se suma los testimonios falseados que los quejosos presentan contra nuestros compañeros, el cual contiene inconsistencias e incoherencias, las autoridades en las audiencias las presentan como verdaderas, este proceder tiene la firme intención de condenar a nuestros compañeros a permanecer injustamente como presos políticos hasta cansarlos y abandonen sus tierras.

Consideremos que estos datos sostienen nuestro argumento de que la detención de nuestros compañeros obedece a un acto premeditado y planeado por parte de las intuiciones del Estado en acuerdo con el cacique con la intención de despojarles y desalojar de sus tierras a los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, con ello condenarlos al hambre, desempleo y miseria.

También demuestra la política del gobierno chiapaneco de atentar contra toda comunidad organizada que lucha y defiende la tierra, porque no es la primera vez que sucede una agresión de este tipo contra nuestra organización, lo comprueba el caso más reciente, la detención arbitraria de nuestro compañero Rodolfo García el 24 de septiembre de 2017 en la comunidad de Guadalupe Victoria municipio de Venustiano Carranza, caso que este organismo de derechos humanos tiene conocimiento y la cual quedó demostrado que fue una detención arbitraria.

Por todo lo anterior, pedimos a esta instancia de derechos humanos, su intervención, para coadyuvar en la medida de sus posibilidades con la libertad de nuestros compañeros, ya que de ningún crimen son responsables, lo único que hacen es organizarse y defender la tierra, que es lo mismo que defender la vida y eso no es ningún crimen, es un derecho.

Anexamos los testimonios de los tres compañeros presos políticos.

A T E N T A M E N T E

¡La tierra no se vende, se lucha y se defiende!

Organización Campesina Víctor Alfonso

OCVA

¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

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