Tinta Socialista No 32. El gobierno mexicano es antipopular, prooligárquica y profascista

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Ciudad de México a 15 de marzo de 2018

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El gobierno de Enrique Peña Nieto es antipopular, prooligárquico y profascista, es la administración que desde un inicio de su sexenio impuso las políticas neoliberales en el país a través de la represión y el terrorismo de Estado como política de gobierno; reformas aprobadas por los diferentes partidos políticos burgueses para garantizar y perpetuar los intereses políticos y económicos del capital monopolista transnacional.

En diferentes actos públicos, ante los medios de comunicación y en spots publicitarios el ejecutivo federal ha declarado que “su gobierno es democrático, abierto, plural y respetuoso de todas las expresiones políticas”, además de manifestar “preocupación” por la protección de los derechos humanos del pueblo; expresiones pretenciosas que, ante una contienda electoral, pretende mostrar a un gobierno “respetuoso” de los derechos humanos con una visión hacia el “futuro y progreso” para los mexicanos.

La democracia a la que hace alusión está diseñada para garantizar los privilegios de la oligarquía y criminalizar a todo aquel que se oponga al régimen neoliberal de forma consecuente; ésta tiene objetivos de clase bien definidos: garantizar el estado económico y político del momento, el cual, está basado en la explotación de la fuerza de trabajo; la represión, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, revolucionarios y pueblo en general; miseria, hambre y muerte por inanición.

En concreto es la democracia burguesa la que defiende para justificar el dominio de una clase social sobre otra, por tanto, en su agenda de gobierno no está contemplado resolver las necesidades de la clase asalariada, sino perpetuar su explotación y dominio, porque en nombre de la “democracia” comete los más aberrantes crímenes de Estado y de lesa humanidad contra el proletariado, máxime cuando éste la cuestiona.

Cuando el pueblo cuestiona la democracia burguesa es la expresión de una de las manifestaciones de la crisis política que a traviesa el régimen, porque ya no hay credibilidad en las instituciones ni en las políticas implementadas por el gobierno mexicano, por alejarse cada día más de las masas trabajadoras y conducir las riendas del país bajo los parámetros de la competencia, corrupción, deshonestidad, doble moral y finalidad de lucro.

Fenómenos que sexenio tras sexenio con el cambio de administración se acentúa cada vez más a través de los brotes de inconformidad popular, como la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, la demanda de justicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad, así como el rechazo a las reformas neoliberales.

Ejemplos de esta política hay muchos en todo el territorio nacional, miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el hallazgo de cientos de fosas clandestinas reflejan el terrorismo de Estado en México; los autores materiales e intelectuales se encuentran en las diferentes corporaciones policíacas, militares, marina, paramilitares y cuerpos especiales de élite, quienes en nombre de la “seguridad” y “protección de los ciudadanos” las cometen a diestra y siniestra.

¿Seguridad para quién?, ¿a qué tipo de ciudadanos se refiere?, a la burguesía nacional y del extranjero, la que concentra la riqueza social a costa de la explotación de las masas trabajadoras; para ellos es la protección y el cuidado de las fuerzas armadas, quienes están para proteger y defender los intereses de esta clase minoritaria.

Esta política nos lleva a comprender por qué el Estado mexicano ha negado la entrada al Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU al país y rechazado la competencia del Comité para examinar casos individuales de este delito, hacerlo sería demostrar a nivel internacional que su gobierno viola de manera sistemática y generalizada los derechos humanos, que en nombre de la mítica seguridad echa a andar todo su andamiaje represivo contra su enemigo de clase, el pueblo trabajador.

La razones del gobierno mexicano de no aceptar la entrada al Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y su competencia están a la vista, la impunidad que existe en el cien por ciento de los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; en la falta de compromiso para aceptar, atender y reconocer las acciones urgentes a diferentes países y, la más señalada por organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Con dicha Ley, el Estado mexicano legaliza el terrorismo de Estado, garantiza la impunidad e inmunidad a las Fuerzas Armadas y les otorga poder político de decisión interna en los momentos, que según su lógica, consideren en riesgo la seguridad interna del país, por tanto, los crímenes de lesa humanidad y de Estado se intensificarán, sólo que ahora serán en nombre de la “seguridad y tranquilidad” de los “mexicanos”.

No nos extrañan las declaraciones del gobierno mexicano, cada una tiene esencia de la clase que defiende y representa, por tanto, no hay credibilidad en sus discursos publicitarios; intentar hablar de lo “bueno” de este gobierno es hacer propaganda y publicidad al candidato del partido que representan en este proceso electoral para que tenga aceptación y aprobación popular.

Asimismo es proyectar la falsa idea de que con un gobierno “democrático” el pueblo a través del voto puede “cambiar y decidir” el rumbo del país; comprobado está que con elegir al personero del capital, no modifica en nada las condiciones de explotación económica y opresión política del proletariado, al contrario las acentúa aún más.

Creer que con elegir al personero del capital a través del voto van a cambiar las condiciones económicas y políticas en el país es validar la democracia burguesa y sus políticas neoliberales; la organización popular e independiente es una necesidad apremiante, no esperemos otros seis años para darnos cuenta de las políticas nefastas del régimen, no esperemos a ser víctimas del terrorismo de Estado para denunciar desenmascarar este régimen oprobioso.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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