Tinta Socialista No. 29. Las violaciones a los derechos humanos son una constante en México

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08 de febrero de 2018

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La sistemática violación a los derechos humanos en México es hecho constante en la cotidianidad del pueblo trabajador, quienes padecen en carne propia cada uno de los efectos nocivos esta política de gobierno, definida como terrorismo de Estado cuando se objetiva en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; esta realidad campea en toda la geografía mexicana y a su paso incrementa exorbitantemente las cifras de víctimas de esta política profascista.

La detención desaparición forzada temporal y tortura del menor de edad Marco Antonio Sánchez en la Ciudad de México; la ejecución extrajudicial en el estado de Guerrero de los cinco jóvenes originarios del estado de Veracruz; la detención arbitraria y tortura al profesor Oscar Martín Cortez Camarena perteneciente al magisterio democrático de la sección XVIII en Michoacán; el intento de ejecución extrajudicial contra dos militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); la ejecución extrajudicial de políticos y religiosos, son la expresión objetiva de cómo se materializa la política de terrorismo de Estado en nuestro país.

En la lista de víctimas de estos flagelos represivos existe la prueba irrefutable de la generalización de la violencia institucional, donde el cometido de estos crímenes de lesa humanidad está conducido por los intereses económicos y políticos enquistados en el poder gubernamental, de tal manera, a las víctimas las identifica su condición de clase, su pertenencia a un sector productivo.

Es ilustrativa la manera en que los representantes de los ejecutivos estatales de cada una de las entidades y el gobierno federal se desentienden de esta situación lacerante, con eufemismos que criminalizan la pobreza y protesta popular adjudican el cometido de crímenes al supuesto crimen organizado; no existe el empacho para regurgitar sendos discursos para justificar lo injustificable, la esencia contrainsurgente de la política del actual gobierno.

El caso del joven estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria No 8 “Miguel E. Shulz” de la UNAM, quien fue detenido desaparecido y posteriormente presentado con signos claros de tratos crueles, inhumanos y degradantes, es el botón de muestra de cientos de casos que se repiten en todo el territorio nacional sin que medie ningún pudor de los cuerpos policíacos y militares, más que fungir como el ariete con el cual se objetiva el terrorismo de Estado.

Este acontecimiento que tuvo lugar en el corazón político del país, colocó una vez más la atención en la red de complicidad entre las distintas corporaciones policíacas para objetivar los crímenes de lesa humanidad y de Estado, porque la impunidad con la que actúan no se puede explicar sin la cobertura que garantiza las mismas instituciones del gobierno mexicano.

Conforme avanza el tiempo la política de este régimen se vuelve más agresiva contra el pueblo, sin embargo, esta agudización de la violencia institucional es la evidencia de que el país vive momentos convulsos donde cada vez más el régimen se encuentra subsumido en la crisis política y económica, por esta razón, las víctimas están identificadas con distintos matices particulares, pero en su generalidad su pertenencia a los sectores populares, ya sea organizados o no.

La campaña electoral por la renovación del presidente de la república, gobernadores y presidentes municipales, sigue su curso sin que de ninguno de estos grandilocuentes representantes de la política oficial, emitan declaraciones serias ante la ola de crímenes que pululan en toda la geografía mexicana, únicamente el tema figura en sus discursos cuando se trata de descalificar al adversario político, pero fuera de esta lógica de “competencia” por el poder, es un tema secundario que no merece la atención de estos personajes de la farándula política.

De los candidatos a puestos gubernamentales, en su mayoría lucran con las necesidades de las masas trabajadoras, mediante verborrea oficial juran y perjuran poner fin a un sinfín de problemáticas sociales, empero, en la realidad, esta sarta de promesas pomposas son la expresión viva de la demagogia con la que personajes de todo tipo de nomenclatura partidista hacen acto de presencia ante el pueblo y en los hechos no vemos cambio alguno en las necesidades elementales para el trabajador, mucho menos en sus condiciones materiales de existencia.

En el siglo pasado, los gobiernos priistas descollaron en las violaciones de los derechos humanos a través de la tortura como “método de investigación”, la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales eran parte de su gobierno. En la actualidad no hay mucha diferencia con esta política de gobierno, al contrario la agudizan e intensifican contra el pueblo trabajador.

Es significativo observar la manera en que las distintas siglas partidistas comienzan a homogenizarse en la forma de conducir la administración a su cargo, en consecuencia, hay muy poca distinción entre los gobiernos que pretenden identificarse como de “izquierda” con el resto de los partidos claramente identificados de “derecha”, tomemos como ejemplo el caso del estado de Morelos, Michoacán, y en el pasado reciente Guerrero; estas entidades, a pesar de estar gobernadas por la “oposición”, la cifra de víctimas de la represión va en aumento.

Más que una distinción desde la simetría en los partidos políticos de la democracia en nuestro país, lo peculiar y distintivo son los intereses económicos y políticos a los que responden, por lo tanto, colocados en esta situación, es fácil entender que cada uno de ellos responde a intereses de grupos oligárquicos y empresariales para garantizar su tajada ante la permanente recesión de la crisis económica capitalista.

Esta es la explicación de la ausencia de una postura de cada uno de los aspirantes a un cargo en la función pública ante un escenario desgarrador para el pueblo, ninguno de ellos está en condiciones de asumir una postura distinta ante la incesante violación sistemática de los derechos humanos, ante las cientos de fosas clandestinas que diariamente emergen en todas las entidades.

Administraciones y políticos oficio que han hecho de la corrupción una forma de vida, en su historial político tienen una larga lista de múltiples violaciones a los derechos humanos, crímenes de Estado y de lesa humanidad que aún permanecen en la total impunidad, es tanto el descaro que los responsables materiales e intelectuales permanecen en las estructuras de gobierno.

¿Qué nos puede decir Meade de combatir la pobreza, mejorar la educación y la economía en el país?, si son los responsables de modificar la Carta Magna para imponer a través de la represión las reformas neoliberales, hoy hechas ley, como la educativa, fiscal, energética, laboral, salud, entre otras que agravian y ofenden la vida de los ciudadanos. Cómo piensa combatir la pobreza, si ésta es un fenómeno inherente al capitalismo, la cual se agudizó en esta administración que representa al partido político del cual es candidato.

Los gobiernos panistas exacerbaron la violación a los derechos humanos, en sólo dos administraciones se reflejaron de manera exorbitante; bajo el “combate” a la delincuencia organizada y el narcotráfico hicieron el llamado público para sacar las fuerzas federales a la calle y cometer todo tipo de atropello bajo el discurso de combatir al tan temido enemigo interno, que en los hechos reflejo el terrorismo de Estado como política de gobierno.

Con los panistas, el fenómeno de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales alcanzó dimensiones nunca antes vistos, fueron los sexenios donde se contabilizaron más de 300 mil las víctimas de esta política criminal; qué nos puede decir Ricardo Anaya acerca de combatir la corrupción y garantizar la seguridad de los ciudadanos, si el partido que representa, en coalición con otros, son los responsables del baño de sangre que se cometió contra todo luchador social, activista político, defensor de los derechos humanos, revolucionarios, periodistas y pueblo trabajador.

En estas circunstancias, la solución no es organizarse dentro de las estructuras corporativas del gobierno para mediatizar la lucha, porque está demostrado que los derroteros que se conducen por esta lógica están condenados a entramparse en una maraña burocrática, a perderse en la ciénaga de la institucionalidad burguesa y a empantanar el descontento popular en un atolladero leguleyo.

En la lucha popular no hay absolutismos, cada momento concreto imprime particularidades propias que no pueden ser obviadas, no obstante, por muy cambiantes que sean los vaivenes, cada vez queda más nítida que la metodología correcta se encentra en la lucha independiente, que en estos momentos se refleja en el abstencionismo político ya sea espontaneo u organizado.

Abstenerse de votar por los criminales de Estado no significa apatía sino comprender que no se puede votar por los verdugos del pueblo. Adquirir conciencia de ellos es avanzar en el camino de la lucha independiente, identificar con nombre y apellido a los responsables del baño de sangre y de la cifra inconmensurable de violaciones a los derechos humanos.

Nuevamente el dilema no está en participar o no en una coyuntura electoral, sino en mantener en la memoria colectiva los miles de nombres y rostros de las víctimas del terrorismo de Estado, encontrar en cada una de las familias cercenadas por los crímenes de lesa humanidad el aliciente para condenar con más energía a quienes se perfilan como los enemigos del pueblo; el dolor se debe trasformar en coraje, la tristeza en decisión y la apatía en voluntad para luchar contra los opresores y explotadores.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)


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