La imposición del Estado policíaco militar es un hecho real y palpable que se vislumbra en el incremento de cientos de cuerpos represivos en las calles

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Huasteca y Sierra Oriental a 1 de diciembre de 2017

A las víctimas del terrorismo de Estado
A los medios de comunicación
A las organizaciones populares democráticas e independientes
Al pueblo en general

El terrorismo de Estado como política de gobierno cada vez cobra más víctimas a lo largo y ancho del país; a escasos días de culminar el año, el pueblo trabajador padece los flagelos represivos que emanan del gobierno antipopular de Enrique Peña Nieto, quien junto con los gobiernos estatales avalan y profundizan esta política criminal.

Los ejemplos están a la vista, son muchas las denuncias de familiares, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos que testifican los crímenes de lesa humanidad y de Estado, expresadas en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, también las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, como la detención arbitraria de nuestro compañero Rodolfo García Gómez en el estado de Chiapas.

El régimen se caracteriza por su condición antipopular, profascista, represor y prooligarca, particularidades que explican la actitud del gobierno ante todo brote de descontento popular, así lo demuestran los actos represivos en Michoacán contra los trabajadores de la educación y a los estudiantes normalistas en Chiapas; ambos casos son pruebas de que el Estado mexicano no se detiene en aplicar de manera sistemática y generalizada la represión como política de gobierno contra el conjunto del movimiento popular y al pueblo no organizado.

Un hecho concreto que destaca este carácter del Estado mexicano es la reciente promulgación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas, misma que no corresponde a la exigencia de justicia, memoria y verdad para las víctimas de este crimen aborrecible. Exigencia popular permanente por la presentación con vida de todas las víctimas así como el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los execrables crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Esta medida legislativa satisface únicamente los intereses mezquinos del gobierno federal para presentar ante la opinión pública y a nivel internacional un gobierno “democrático” “respetuoso” de los derechos humanos, sin embargo, refleja el rasero de su doble moral, porque por un lado, con discursos demagógicos se muestra el “respeto” a la vida y los derechos humanos; y por otro, detiene y desaparece, ejecuta extrajudicialmente a los luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y pueblo trabajador, intenta ocultar lo inocultable, su responsabilidad en las más de 350 mil desapariciones forzadas y más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales.

Mientras el ejecutivo federal promulga una medida legal a modo, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias se cometen contra la humanidad del pueblo, “viejas” y “nuevas” demandas de familiares de víctimas pesan sobre las manos del Estado.

Esta misma condición reviste la pretensión de imponer la Ley de Seguridad Interior cuya discusión se encuentra en los recintos legislativos, medida leguleya que representa la institucionalización del terrorismo de Estado y el mecanismo gubernamental para mayor discrecionalidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad por parte de los cuerpos represivos y dotarles de inmunidad.

La imposición del Estado policíaco militar es un hecho real y palpable, fenómeno que se vislumbra en el incremento de cientos de cuerpos represivos en las calles sobre quienes pesa la denuncia de ser los responsables de objetivar los crímenes de Estado, política contrainsurgente que hoy se discute en el senado.

En este contexto, el Estado mexicano no frena su campaña represiva contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), el acto más reciente fue la detención arbitraria de nuestro compañero Rodolfo García Gómez, el pasado 24 de septiembre de 2017, en el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas; quien tras permanecer 13 días preso, demostramos que las acusaciones no tenían fundamento, por tanto, lo tenían en calidad de rehén político del Estado, este hecho en sí demuestra la comisión y omisión de las autoridades para llevar el debido proceso, lo que devela la consigna y sistematicidad con la que el Estado mexicano reprime nuestro proyecto político.

Otro caso reciente por el cual manifestamos nuestra denuncia y repudio, son los actos de hostigamiento del ejército mexicano realizados contra nuestros compañeros del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, Chiapas, el pasado 17 de noviembre de 2017, quienes realizaron actividades de denuncia para exigir la libertad inmediata del compañero Rodolfo, ahora son hostigados por exigir justicia, por exigir alto a la represión y por el cese al hostigamiento contra todo integrante de nuestra organización.

Los actos de hostigamiento y represión contra el FNLS, en particular en el estado de Chiapas, son un botón de muestra que la represión como política de gobierno, se ceba contra toda organización independiente que resiste de manera combativa. Es el indicativo de que el Estado mexicano intenta frenar, a través de todos sus instrumentos coercitivos, el desarrollo de las formas de organización independientes y la disposición de luchar de las amplias masas trabajadoras.

Estos acontecimientos demuestran, además, la pretensión del gobierno mexicano por acallar la exigencia de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, específicamente busca detener la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz.

La ejecución de la política del terrorismo de Estado en nuestro país es cada vez más evidente, los responsables adquieren formas nítidas que permiten identificarlos como elementos activos de las fuerzas represivas, de tal manera que no es la resignación el sentimiento que hoy embarga a los familiares de víctimas y el conjunto del movimiento popular, es el coraje y la indignación para hacer de cada víctima una bandera de lucha.

Le restan pocos días al año en curso, se acerca el inicio oficial de la carrera por la sucesión presidencial, las promesas de campaña de todos quienes se perfilan como contrincantes sólo atinan proponer la creación de más cuerpos represivos, en consecuencia se divisa para las masas oprimidas, escenarios cada vez más convulsos que demandan iniciativa y creatividad, no son tiempos de frustraciones ni para fincar falsas esperanzas, es momento de la generalización de las acciones políticas de masas.

Fraternalmente

¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos del país!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del país!
¡Alto al terrorismo de Estado!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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