En el marco de la conmemoración del Día internacional del detenido desaparecido, la exigencia de presentación con vida se levanta con mayor ahínco

30 de agosto de 2017

A los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A las organizaciones populares, democráticas e independientes
Al pueblo en general

La crisis política que vive el régimen neoliberal en nuestro país se expresa en la continuidad y sistematicidad de la política del terrorismo de Estado; los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos constituyen las constantes que laceran al pueblo trabajador y sus organizaciones; la magnitud de esta escalada de violencia es de tal envergadura que paulatinamente se empieza a reconocer entre los círculos académicos y de organismos defensores de los derechos humanos, no obstante, que desde el movimiento popular fuera una denuncia desde hace mucho tiempo antes.

En el marco de la conmemoración del Día internacional del detenido desaparecido, la exigencia de presentación con vida se levanta con mayor ahínco, las pretensiones del Estado por hacernos desistir no han fructificado porque existe en el pueblo la convicción de la justeza de nuestras demandas; el dolor es real, porque reales son las víctimas, pero es aún más real y más profunda, la necesidad de erradicar estos flagelos en pos de una sociedad más justa.

El fenómeno de las múltiples violaciones de los derechos humanos es real e inobjetable, sin embargo, aún persiste en la opinión pública la pretensión de endosar todos estos crímenes a la supuesta delincuencia organizada y no se repara en el hecho de que es precisamente en los lugares donde existe una presencia importante del pueblo organizado o riqueza natural, donde se exacerba el cometido de estos deleznables crímenes, por lo tanto, no hay misterio, el terrorismo de Estado es la política con la que se apuntala los intereses económicos de la oligarquía nacional y del extranjero.

El punto de inflexión se encuentra en la relación que existe entre grandes grupos empresariales nacionales y trasnacionales, con las distintas administraciones, tanto federal como estatales, por lo que entre ellos se teje todo un entramado económico-político por el cual se ordena la objetivación de cientos de crímenes de lesa humanidad, ante lo cual cada uno de ellos tiene una explicación desde la condición de amasar grandes fortunas a costa de la vida misma del pueblo mexicano.

Pese a la persistencia desde la institucionalidad de ocultar el hilo que conduce a las distintas corporaciones policíacas y militares en el cometido de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, éste se hace cada vez más perceptible y en la conciencia de miles de familias se crea la claridad que no se tiene por qué buscar una explicación fuera de la lógica contrainsurgente, donde se le deslinde la responsabilidad a las distintas administraciones federal y estatales.

La adecuada tipificación del fenómeno al que nos enfrentamos las organizaciones populares no es un problema de semántica, no se trata de parafrasear frases hueras o términos posmodernistas, porque según las formulaciones conceptuales es como se definirán las formas de hacerle frente, por esa razón, seguir en el empecinamiento de que es el narcotráfico o el crimen organizado el responsable de este clima de violencia, es abonar al fortalecimiento de las tesis del Estado mexicano.

Esta explicación aplica también para la ley que actualmente se discutirá en la cámara de diputados, porque mientras para algunos representa una lucha sin sentido intentar colocar en el terreno legislativo una ley que se acerque mínimamente a resarcir parte del dolor que causa a las víctimas y sus familiares una desaparición forzada, para nosotros representa el tamiz por el cual se puede desenmascarar el carácter del Estado mexicano; si se aprueba tal como fue enviada desde el Senado, será una prueba más que los crímenes de lesa humanidad no son ninguna casualidad, sino una política de Estado y que desde el legislativo se pretende dotar de impunidad a los perpetradores.

Una ley que no considere los mínimos necesarios para castigar y erradicar la desaparición forzada es un mecanismo más de opresión que ampliará el manto de impunidad que de por sí cubre a los autores materiales e intelectuales del terrorismo de Estado, por lo tanto, es una ley que deberá ser desconocida por todas las organizaciones populares y familiares de víctimas, porque en esencia es la ley del PRI en el poder, que cuenta con el aval del PAN y el PRD.

Existen deficiencias sustanciales en la propuesta del legislativo, sin contar ya la maniobra maniquea de revictimizar a las familias ante la promesa de retomar las propuestas hechas por las mismas, porque en hechos sólo se consideraron los conceptos mas no el contenido; esto sólo se puede entender de una manera, la existencia y fortalecimiento de un estado de derecho oligárquico, que no representa en lo absoluto al pueblo y sus organizaciones, sino a los intereses de una reducida minoría oligárquica.

¿Qué sentido tuvo ser parte de esas discusiones? Sin duda fue de una valía importante, hoy sólo un ingenuo puede dudar que los crímenes de esta naturaleza sean obra de la casualidad, que el Estado fue rebasado; con esta actitud lo que expresa no es falta de voluntad política, sino que es la esencia de una política de gobierno, con lo que se desnuda su carácter pro empresarial, pro oligarca, represivo y profascista, hoy representado por Enrique Peña Nieto.

Desde el derecho internacional en materia de derechos humanos se encuentra debidamente establecido lo que implica una desaparición forzada, en la cual, en ninguna parte se hace alusión al término de “funcionarios”, el concepto es puntual, una desaparición forzada es cometida por agentes del Estado; ¿es lo mismo un agente del Estado que un funcionario? por supuesto que no, existen diferencias diametrales no sólo conceptuales, sino de esencia.

Un funcionario cumple un determinado tiempo de desempeño, por lo tanto, su envestidura política está acotada a ese margen, sin embargo, un agente de Estado, puede ser un funcionario, pero va más allá de simples funciones, cumple ante todo un mandato de gobierno, por lo que su responsabilidad ante tales hechos se mantiene a pesar del tiempo, porque un crimen de lesa humanidad es de carácter múltiple, continuo y pluriofensivo.

El carácter retroactivo de la ley no se reconoce en esta propuesta, prácticamente el Estado pretende hacer “borrón y cuenta nueva”; ¿Qué pasará con las más de 300 mil víctimas? Nuevamente condenadas al anonimato, se les intentó borrar físicamente con la desaparición forzada, ahora se les quiere borrar de la memoria colectiva y de su historia de vida.

“Preferible tener algo a nada” no es una política que aliente a las familias en la loable labor de encontrar a sus seres queridos con vida, independientemente del tiempo, es una exigencia que por ningún motivo se debe abandonar, y si una ley no cumple con las expectativas de millones de familias, la actitud de éstas debe ser desconocer por la vía de los hechos esa medida legislativa.

En el contenido de la propuesta del ejecutivo no considera la cadena de mando que se cubre en el cometido de una desaparición forzada, en los hechos constituye la misma intentona de endosar a “sujetos” aislados el cometido de estos crímenes, al autor “solitario”, al elemento “insubordinado”, a las “mentes perversas”… nada más absurdo y ruin, porque ningún elemento de las fuerzas armadas se mueve al margen de las órdenes superiores, máxime cuando se descubre que algunos supuestos “carteles” de la droga, fueron creados por efectivos de los cuerpos policíaco-militares de élite.

No se trata de un simple “juego” de palabras, de una terquedad del movimiento popular que sólo “discute” términos y no contenido; cada concepto por muy trivial que parezca lleva implícito un contenido político y esencia de clase, por lo tanto, es necesario que entre el pueblo tengamos claridad, porque el gobierno federal tiene buenos embaucadores y algunas voces desde el oportunismo les hacen eco.

Existen muchas más deficiencias en la ley de Enrique Peña Nieto, que complacidamente abalan las bancadas de otros partidos electorales, sólo se enumeraron algunas para efectos de generar la discusión y colocar en su justa dimensión la importancia que estriba la aprobación de una medida legislativa a modo de los perpetradores de los crímenes de Estado que elevará los costos nefastos de esta política represiva y contrainsurgente.

El fenómeno de detención-desaparición forzada es tan grande que es imposible ocultarlo con simples argucias leguleyas, la verdad rompe paulatinamente el muro del silencio y coloca en el pulso exacto, la inconmensurable lista del terror en México, donde no queda dudas que la desaparición forzada se comete tanto por motivos político o sociales, y que las miles de víctimas las identifica su condición de pobreza y miseria, en tanto que forman parte de las masas trabajadoras, el proletariado.

Las víctimas tienen un nombre, un rostro, una familia y una vida; hoy la lucha es por cada una de ellas, porque a ningún hermano de clase se le abandona bajo ninguna circunstancia; la lucha es por Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, revolucionarios reivindicados por el PDPR-EPR; por Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del MULT; por nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz del FNLS; por Teodulfo Torres Soriano; por los más de 300 mil…

La exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos debe ondear en lo más alto del mástil de la organización popular; no son tiempos de actitudes, medrosas, derrotistas e indolentes, ni de arriar las banderas de la lucha independiente; ante el terrorismo de Estado, la creatividad, iniciativa y combatividad popular, son las garantes de sortear este proceso represivo; porque los crímenes de Estado no detendrán la lucha por el socialismo.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS