San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 01 de julio de 2012.

A los medios de comunicación y medios alternativos.

A la opinión pública.

Desde el día 30 de junio emprendimos una movilización, cerrando el paso en el tramo carretero Ocosingo- San Cristóbal de Las Casas, mediante una concentración de más de 300 compañeros en el crucero de Cuxulja, que comunica también con la cabecera municipal del Altamirano, cuyo objetivo es exigir al gobierno de estado:

1. Garantías para poder laborar como transportistas en la ruta Altamirano – Ocosingo.

1. Cese a la represión, hostigamiento e intimidación por parte de autoridades estatales y municipales de Altamirano y Ososingo.

1. Cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de compañeros de nuestro FNLS.

1. Devolución de las dos unidades retenidas por parte de la Secretaría de Transportes y el grupo de choque Lucha Campesina.

1. Permisos o concesiones para laborar en la legalidad.

1. Castigo a los autores materiales e i ntelecuales, y cómplices de la delegación de gobierno de Ocosingo y Las Margaritas por el delito de secuestro de tres compañeros.

Esta acción política constituye un mecanismo de defensa, protesta y exigencia hacia el gobierno del estado y las distintas autoridades municipales de Ocosingo y Altamirano, que con el fin de proteger sus intereses económicos a costa y en detrimento de los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades, manipulan las leyes para incriminar y criminalizar a todo aquel que se atreva a protestar o defender sus derechos, llegando a la represión sistemática de aquellas personas, sectores y organizaciones que se han atrevido a resistir y cuestionar sus actuar arbitrario y corrupto.

Este es el caso que se presenta en la cabecera municipal de Altamirano, donde un grupo de compañeros aglutinados en la Unión de Transportistas “El Quetzalito”- FNLS en su legítimo y constitucional derecho a tener un trabajo digno, se apostaron a trabajar como transportistas prestando el servicio de autotransporte en la ruta Atamirano-Ocosingo y viceversa, conforme a derecho solicitamos permisos o concesiones para laborar en la legalidad; sin embargo, desde ese momento han transcurrido más de tres años y de las autoridades competentes no hemos recibido una respuesta positiva a pesar de existir las condiciones para poder prestar el servicio.

En estos tres años que hemos tratado de laborar como transportistas hemos sido víctimas de una represión sistemática por parte del gobierno estatal; las autoridades municipales: ministerios públicos de Ocosingo y Altamirano, el titular de la Secretaría de Transportes de Ocosingo y presidentes municipales se han prestado al juego sucio de impedirnos a toda costa laborar, en donde ellos han judicializado este problema, actuando con evidente y descarada parcialidad en favor de los transportistas ahora concesionados “Laguna Miramar” y “San Carlos” a través de implementación de operativos policiacos que han resultado en agresiones y violaciones a nuestros derechos humanos.

En tanto que los choferes y dueños de las concesiones de las cooperativas de transportistas “San Carlos” y “Laguna Miramar” han actuado como grupo de choque y/o paramilitares, hostigando, agrediendo verbal y físicamente a compañeros; y a pesar de las denuncias penales hechas en contra de éstos no ha procedido investigación alguna que posibilite esclarecer los hechos y abonar en la solución de un conflicto que tiende agudizarse ante la actitud ominosa y parcial de todas las autoridades hasta ahora involucradas, tanto estatales como municipales.

La embestida más reciente se dio desde el 27 de junio, iniciándose ese día con un operativo policiaco para detener las unidades de nuestros compañeros en la ciudad de Ocosingo, llevándose un automivil tipo Tsuru.

Para el 28 de junio las organizaciones priistas Lucha Campesina I y II, CIOAC Democrática, Unión de Pueblo Mayas Tojolabales, y los concesionados de San Carlos y Laguna Miramar contrataron a campesinos e indígenas del municipio de Las Margaritas para golpear a compañeros que se encontraban en la terminal de las cooperativas de San Carlos y Laguna Miramar, quienes estaban allí para resolver los problemas y la devolución de la unidad tipo Tsuru retenida un día antes por elementos de la Secretaría de Transportes a petición de ellos.

En ese momento fueron víctimas de secuestro los compañeros Tony Ortega López, Antonio López Sántiz y Pablo López Sántiz, quienes ahora se sabe fueron trasladados a la comunidad de Nuevo México, Las Margaritas, amenazados de muerte por parte de los representantes de las organizaciones antes mencionadas, obligándoles a firmar bajo tortura psicológica una minuta de acuerdo donde los comprometen a pagar 21 mil pesos. En el proceso de éste delito el operador político de la delegación de gobierno de Altamirano Caralampio Caridad Alcázar López, Augusto Herrera Silvano (delegado de gobierno de Las Margaritas) y José Alfredo Jiménez Cruz (Subsecretario de Gobierno Región XII Selva Lacandona) fueron cómplices al actuar en favor de los secuestradores, presionando en todo momento a nuestros compañeros de que aceptaran las condiciones que les imponía, así como obligarlos a desistir de su derechos al trabajo.

El clima tenso y de incertidumbre latente en la cabecera municipal de Altamirano, se debe a la acción delincuencial que han establecido los caciques regionales, al contratar personas y usar l los trabajadores de sus empresas de camioneros para golpear a los compañeros y amedrentarlos en distintas ocasiones.

Los dueños de las concesiones de las cooperativas “San Carlos” y “Laguna Miramar” son quienes monopolizan las concesiones de camioneros y demás rutas que laboran en Altamirano, y son ellos mismos quienes en todo momento han buscado en control político al fungir como presidentes municipales, lugar desde donde se han enriquecido, a costa del erario público, y violentando los derechos constitucionales de los pobladores.

El grupo de caciques está conformado por:Elmar Pinto Kanter, Heidi Pino Escobar, Moises Torres Aguilar, David Toledo, Amilcar Pinto Kanter, Roberto Pinto Kanter, Efraín Torres Arguello, Enrique Castellanos, Francisco Torres; quienes mediante canonjías con el gobierno federal han monopolizado las concesiones y ordenado los operativos policiacos, agresiones, y toda la represión ejercida hacia nuestros compañeros.

El contexto electoral ha abierto las posibilidades de la represión, de la que hoy estamos padeciendo; mientras se trata por todos los medios de consumar un posible fraude electoral, aunque la esencia de la coyuntura se centra en la decisión que han tomado los detentadores del poder económico, la oligarquía empresarial y extranjera, al elegir a su candidato fiel a sus intereses económicos.

Ante esta situación denunciamos los planes del gobierno federal, y de los gobiernos estatales de arremeter en contra de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en la que mediante la represión se pretende desarticular a las organizaciones populares que la conformamos.

En este contexto nos seguimos pronunciando y exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos, la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz.

Nos dirigimos a los organismos defensores de los derechos humanos independientes a estar atentos a los futuros acontecimientos.

Responsabilizamos de estos hechos y de lo que pudiera ocurrir a la integridad física y psicológica de los que integramos en Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), al gobierno Federal de Felipe Calderón y Juan Sabines Guerrero y demás gobiernos estatales donde tiene presencia el FNLS.

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS POR EL RÉGIMEN!