Tinta Socialista. Las leyes están hechas para garantizar la impunidad e inmunidad a los responsables de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

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La impunidad e inmunidad es política de gobierno que está presente en todos los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; la actitud de los fiscales, peritos, policías de investigación e instituciones en materia de procuración de justicia con los familiares de las víctimas es para garantizar esta política, no castigar ni enjuiciar a los responsables, cuya patente es desde el Estado mexicano.

La impunidad es la falta de castigo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, es una política generalizada en la República mexicana, la cual se encuentra en los primeros lugares de impunidad en el mundo. Desde el 2013 a la fecha, de los casos denunciados ante las procuradurías el 92.8 por ciento permanecen en la total impunidad, sólo en el 4. 4 por ciento de los delitos consumados se emite una sentencia.

El pueblo no denuncia ante las autoridades por la desconfianza y falta de credibilidad en ellas, porque a través de sus testimonios señalan como responsables a los elementos policíaco-militares en el cometido de los miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad, razón por la que prefieren no denunciar o permanecer en el anonimato, aunado a ello las amenazas constantes en su integridad física y psicológica si se atreven a hacerlo.

Las cifras de desaparición forzadas y ejecuciones extrajudiciales son cada vez inocultables, lejos de disminuir aumentan, lo que refleja que la violencia institucional y el terrorismo de Estado se intensifica, principalmente contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas políticos para contener la lucha organizada y acallar las voces de protesta.

En cada víctima del terrorismo de Estado está la mano siniestra el gobierno mexicano, desde la participación de los cuerpos policíaco-militares, independientemente de la corporación a la que pertenezcan, en el cometido del crimen hasta la omisión y dilación de las autoridades, fiscales y funcionarios en la integración del expediente, la investigación, la posible sentencia del inculpado, la reparación del daño a la víctima y la no repetición del crimen.

Al gobierno mexicano y a sus funcionarios no les importa el dolor de los familiares de las víctimas, mucho menos el sentir de sus compañeros de lucha y trabajo, por eso actúan de manera indolente, con prepotencia y sorna ante el reclamo de justicia; les entregan restos que no corresponden a los de su familiar, alteran los documentos en las carpetas de investigación, puede pasar días, meses y años y ante los familiares les dicen que no tienen líneas de investigación o no hay datos suficientes para tener alguna fehaciente que les permita la identificación y ubicación de los responsables.

De manera negligente, las fiscalías les dicen que ya casi aplican todo el protocolo de búsqueda y no dan con el paradero de la víctima, a manera de exigencia les piden más “pistas” para poder dar con los responsables, como si los familiares fueran la policía de investigación, incluso se atreven a pagar cuantiosas cantidades de dinero en publicidad para dar recompensas a quién proporcione datos sobre la víctima por la “falta de información”.

Estos hechos son una constante en los casos denunciados, son generalizados en todo el país, lo que evidencia su sistematicidad e intención de no castigar a los responsables. Más allá de decir que falta presupuesto para que puedan hacer bien su trabajo, en los hechos actúan por consigna para no realizar un debido proceso ni hacer las investigaciones correspondientes.

Evidencia también, que la justicia no existe para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, las leyes están hechas para proteger los intereses de una minoría en detrimento de la mayoría, cada institución, funcionario, reglamento o ley protegen y garantizan la impunidad a los autores materiales e intelectuales.

Por mencionar un ejemplo, en Veracruz detienen y procesan a Javier Duarte de Ochoa, por corrupción y mal manejo del recurso durante su administración, pero, ¿por qué no lo juzgan por las miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su administración?, ¿por qué no responde por los cientos de fosas clandestinas encontradas en esa entidad federativa, donde se materializan dos crímenes de Estado y de lesa humanidad? Esta particularidad expresa la generalidad en el país, no hay funcionario, o elemento policíaco-militar que sea juzgado por violaciones graves a los derechos humanos.

Es muy frecuente la criminalización que hacen las autoridades respecto a las víctimas, como si merecieran lo que les pasó, al señalar “que en algo estaban”, “por pleitos entre comunidades o particulares les sucedió eso”, “por estar de chismoso o de metiche”, comentarios que buscan eludir la responsabilidad del gobierno mexicano en el cometido de aberrantes crímenes, porque ocultan ante el pueblo que por su actividad política o de trabajo fueron víctimas de esta política de terrorismo de Estado.

Para el Estado mexicano, los “delincuentes”, según su lógica, son los que protestan, los que defienden por la vía de los hechos sus derechos y libertades policías, los que critican su política represiva, los que viven en la pobreza y miseria; éstos son catalogados como “críticos al régimen”, “enemigos peligrosos”, “duros” o “radicales”. Por eso el hostigamiento, la intimidación y espionaje para incriminar las luchas y preparar el terreno para la siguiente víctima.

En nuestro caso somos víctimas de esta política, de los crímenes cometidos contra nuestra organización, no hay avances en las carpetas de investigación, se ha señalado a los responsables de cometer los crímenes y no hay un solo detenido para citarlo a comparecer, los documentos de las carpetas reflejan la alteración de los mismos y los ponen a modo para justificar los hechos.

Como lo muestra el caso de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, el día 28 de febrero fue torturado y ejecutado extrajudicialmente, crimen que se denunció ante la Fiscalía Especializada en Atención a Asuntos Indígenas y, los fiscales no se presentaron al lugar de los hechos, la necropsia que corresponde hacerla de ley no la hicieron y argumentaron que los familiares se negaron a realizarla.

Resulta irónico buscar justicia donde la impunidad es política de Estado, donde la vida viene con la muerte encima, no debemos permitir que esta política de gobierno nos desanime o frustre, porque nuestros detenidos desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente son hijos del pueblo, que no merecen por ninguna circunstanciada estar en esta condición inhumana.

Por nuestros hijos, padres, hermanos no debemos olvidar ni perdonar, no permitamos que esta política lacere más a nuestro pueblo, no permitamos que las autoridades, fiscales e instituciones su burlen de nuestro dolor y actúen con negligencia, dilación y burocratismo; denunciemos cada acto de omisión en cada mitin, marcha, volanteo y foros de denuncia; que cada acción política de masas nos fortalezca, nos haga sentir que nuestro ser querido está presente en cada rostro, nombre, apellido que mencionamos para exigir su presentación con vida, así como juicio y castigo a los responsables.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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